El 14 de Junio se ha celebrado el juicio contra el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, por las resoluciones tomadas por su Departamento de Bienestar Social, esto es, los casos de denegación, desde el 2005, de la renta básica (ayuda social) y del A.E.S. (ayudas de emergencia social) del que han sido objeto dos conocidos militantes […]
El 14 de Junio se ha celebrado el juicio contra el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, por las resoluciones tomadas por su Departamento de Bienestar Social, esto es, los casos de denegación, desde el 2005, de la renta básica (ayuda social) y del A.E.S. (ayudas de emergencia social) del que han sido objeto dos conocidos militantes de iniciativas contra la pobreza y la exclusión: Luis Carmona y Manolo Saez, ambos en huelga de hambre desde el 7 de junio y viviendo de la solidaridad y recursos ajenos desde el año pasado, fecha de la denegación.
El objetivo del juicio es demostrar que hay razones políticas y persecución ideológica en la denegación de dichas ayudas. Ambas personas cumplen todos los requisitos técnicos y cuentan con resoluciones a su favor del Síndico, institución que arbitra los contenciosos de la ciudadanía con las administraciones.
¿Cuál es el problema entonces? Blanca Guinea -técnica de más alto grado en el departamento de Bienestar Social de este ayuntamiento gobernado por el PP y artífice de la denegación de las ayudas- está convencida que la causante de la pobreza no es el sistema económico y social en que sobrevivimos sino que tiene causas personales/individuales. En el caso de Luis y Manolo, algo así como pensar que los perfiles personales y las capacidades intelectuales de los demandantes no son propios de los pobres. Sus capacidades serían una evidencia de su intención de vivir a costa de las demás. Los pobres son en blanco y negro, no saben hablar, no tienen capacidad de análisis de su propia realidad (para eso están los trabajadores sociales), no tienen ideas propias y lo más importante, deben estar dispuestos a vender su fuerza de trabajo (física y mental) al primer mercader que desee explotarlo.
Un juicio desigual
De un lado, Blanca Guinea -trabajadora del ayuntamiento- que recibe un trato exquisito a su llegada a los juzgados -también es la mujer del Consejero de Justicia del Gobierno Vasco-, acompañada de su séquito de trabajadoras de su unidad. Por otro lado los nombrados Luis y Manolo, que acaban de romper su huelga de hambre, arropados por un buen número de personas solidarias de distintos colectivos de Vitoria y del resto del estado. Ante el gran número de personas, la jueza declara el juicio no público facilitando la tarea a los representantes del ayuntamiento que carecen de las pruebas anunciadas contra los demandantes de las ayudas.
Una de las razones fundamentadas y principales para la denegación de la ayuda es que uno de los demandantes no vive en Vitoria. Ante la imposibilidad de demostrar dicha circunstancia -no presentan ninguna prueba recabada por la policía municipal-, y la declaración aclaratoria del dueño de la vivienda de uno de los demandantes, se solicita la anulación del juicio y que la jueza requiera al ayuntamiento el cumplimiento de la ley, esto es, la tramitación de las ayudas solicitadas hace un año. La jueza desestima la suspensión y sigue adelante con el proceso.
Obligadas a mercadear
El ayuntamiento proclama no creer que los demandantes no dispongan de medios para subsistir ya que es conocida las distintas actividades divulgativas y formativas en las que han participado durante este tiempo. Algo así como, vale que un pobre tenga alguna aptitud, algo que decir y/o contar, lo que no es creible es que no cobre por ello; y si no lo hace, que lo haga. Esto es, a cualquier actividad que usted realice debe ponerle precio. Si usted da una charla a estudiantes de trabajo social sobre las causas de la pobreza tiene la obligación de cobrar por ello. Altruista y pobre? imposible, la solidaridad es un valor propio de los pudientes.
En el juicio se le niega el deber de declarar -si no se hubieran presentado al juicio les cae una multa de hasta 800€- a los testigos Jose Iglesias (economista y autor de libros sobre la renta básica de los iguales) y al «Bola» (secretario de la distribuidora Zambra), quienes pueden testificar y demostrar que Manolo Saez nunca ha recibido un euro por las actividades en las que ha participado.
Aparte de la declaración de Merche Letona aclarando la falta de medios económicos de los demandantes, y la del mismo Luis Carmona, no se permite la presentación de más pruebas y testigos por parte de Luis y Manolo.
El trasfondo: la criminalización de la militancia
Ambos cumplen los requisitos, pero ¿cómo vamos a dar una ayuda económica a quienes nos critican? Ambos fueron, en su día, miembros de la Asamblea de Paradas y Parados de Gazteiz y de Txiroekin Bat Eginik y participaron en diversas iniciativas en las que hubo momentos de desencuentro con la institución que ahora incumple la ley, denegándoles lo que les corresponde. Actualmente participan en diversas asociaciones y coordinaciones de lucha contra la exclusión : Casa de Iniciativas de Abetxuko, Baladre (Coordinación Estatal de iniciativas de Lucha contra la Precariedad, la Pobreza y la Exclusión) Zambra (Red estatal de activistas sociales) y Renta Básica y Mucho Más (Red integrada en Baladre que reivindica la Renta Básica).
Y si no hay ensañamiento y persecución, ¿por qué el acoso policial de los últimos siete días impediéndoles desarrollar su protesta -huelga de hambre- con unos mínimos de comodidad?
Ahora, a esperar la sentencia y sin duda, a continuar en la lucha.
Lo positivo
El apoyo de las ciudadanas de Vitoria Gasteiz, de los colectivos, la difusión de las reivindicaciones, el seguimiento de los medios, y las ganas de continuar luchando por un mundo más justo e igualitario…
Mas información en
www.redasociativa.org/baladre
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