La Audiencia Nacional ha ordenado la disolución del Partido Comunista de España (reconstituido) y ha condenado a 14 años de cárcel al militante de los Grapo Jesús Merino del Viejo, a 11 años a las militantes del PCE(r) Aurora Cayetano Navarro y Yolanda Fernández Caparrós, a 10 años y nueve meses a la también militante […]
La Audiencia Nacional ha ordenado la disolución del Partido Comunista de España (reconstituido) y ha condenado a 14 años de cárcel al militante de los Grapo Jesús Merino del Viejo, a 11 años a las militantes del PCE(r) Aurora Cayetano Navarro y Yolanda Fernández Caparrós, a 10 años y nueve meses a la también militante del PCE(r) Carmen Muñoz Martínez y al militante del SRI Leoncio Calcerrada Fornieles, a 8 años y nueve meses a Carmen López Anguita, militante del PCE(r), a 7 años y diez meses a Israel Monleón, ex militante de los GRAPO y a 6 años de prisión a Francisco Javier García Victoria y Juan Carlos Matas Arroyo, militantes del PCE(r).
Además, el tribunal ha absuelto a María Josefa Alarcón, Victorio Calcerrada y Anibal Saugar, detenidos como los anteriores en dos operaciones policiales desarrolladas en julio y noviembre del 2002, que habían sido acusados del delito de «integración en organización terrorista» y sobre los que la sala no ha alcanzado la «convicción fundada» de su culpabilidad.
En su resolución, el tribunal declara probado que la organización PCE(r)-GRAPO es una «asociación integral» con dos ramas, una política y otra militar, que profesa «el más extremista marxismo-leninismo» y defiende la lucha armada para la consecución de sus objetivos.
Añade que el PCE(r) nutre ideológicamente al «aparato militar» -es decir, a los GRAPO- «fijando la táctica y estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos de la cuotas de los miembros, ingresos por propaganda y, sobre todo, de las acciones armadas con resultado económico», como los atracos y los secuestros.
La rama política de los GRAPO, según el tribunal, también escoge a los responsables de los comandos armados, decide la composición de los mismos y controla la selección, formación y adoctrinamiento de los miembros de la organización.
Según la sentencia, esta última era la misión, por ejemplo, de Leoncio Calcerrada, de quien dice que «se encargaba de poner en contacto a los nuevos miembros de la organización con los comandos del PCE(r)-GRAPO y del adoctrinamiento político previo»; de Carmen Muñoz, compañera sentimental del anterior; de Aurora Cayetano y de Francisco Javier García Victoria.
Siempre según la sentencia, Yolanda Fernández, por su parte, elaboró informes sobre directivos de Zara en Galicia como objetivos; Israel Moleón recabó información económica sobre empresas de trabajo temporal; Carmen López era la responsable del aparato de Propaganda; Juan Carlos Matas tenía un folleto con instrucciones para elaborar «cócteles molotov»; y Jesús Merino «formó parte activa de los comandos armados».
Sobre la declaración de ilicitud y la disolución del PCE(r) solicitada por el fiscal, el tribunal las acuerda después de comprobar que no figura inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y que es «una asociación ilícita en la modalidad de organización terrorista».
Comunicado del PCE(r)
Por su parte la organización comunista ha emitido un comunicado, ante la orden de disolución del partido dictada por la Audiencia Nacional, en el que consideran que «los socialfascistas no estan de tregua».
En el documento, el PCE(r) afirma que «no ha habido ninguna sorpresa: siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional nos califica de organización terrorista, ordena nuestra disolución e impone las máximas condenas que permite la ley a nuestros camaradas: once años de cárcel».
Igualmente consideran el carácter político de la decisión y en su carta, esta organización dice que «igual que después de 1939, ser comunista sigue siendo un crimen muy grave en España y no se pueden difundir por medios pacíficos ni las ideas comunistas, ni la propaganda comunista, ni tampoco se pueden organizar reuniones ni manifestaciones. La cosa ha quedado así de clara. No se han podido agarrar a nada más: entre los miles de papeles judiciales no hay armas ni acciones guerrilleras. El crimen por el que se les ha condenado a nuestros camaradas es justamente ese: ser militantes del PCE(r)».
«Así se resume el buen talante» asegura el PCE(r) en el comunicado, «la democracia es sólo para los que tragan con toda la parafernalia del fascismo reformado: elecciones, parlamento, autonomías, etc. […] Pero los que no estamos dispuestos a aceptar su constitución y sus normas, los que combatimos su constitución y sus normas, no podemos esperar más que las detenciones, las torturas, los juicios y la cárcel».
Por último, el documento del PCE(r) considera la sentencia «una auténtica declaración de guerra» y por ello no van «a mendigar indultos ni a aceptar ninguna de sus normas legales» puesto que no reconocen ninguna clase de legitimidad «porque son los herederos del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, porque aún viven de los réditos de aquella sangría y se mantienen en el poder con los mismos métodos de gobierno».