La manipulación del PP marca el inicio del juicio del 11-M

Osman al Sayed, que declaró en árabe, condenó de manera categórica tanto los atentados de Madrid como los registrados en Nueva York y Londres, tras destacar que «el islam es una religión de paz».

Además, señaló que nunca ha viajado a Afganistán y que no conoce a nadie oriundo de ese país y que abandonó su Egipto natal por cuestiones meramente económicas.

El ciudadano egipcio negó que practique «ninguna forma extrema» del islam y que tenga vinculación alguna con Al Qaeda y destacó que pese a que se ha sometido a pruebas de ADN en el Estado español e Italia, no se ha podido acreditar su presencia en los escenarios del 11-M. Además, añadió que ha vivido en el Estado español con su verdadera identidad, llegando a solicitar permiso de residencia y de trabajo y que nunca ha sido detenido ni procesado por ninguna causa, ni siquiera en Egipto, donde sus problemas con la Justicia se limitaron a cuestiones relacionadas con la circulación vial.

Junto a ello, negó categóricamente que tras su paso por el Ejército egipcio para cumplir el servicio militar, obligatorio en ese país árabe, se hubiese convertido en «un experto en explosivos», tal y como consta en el sumario.

Además, señaló que abandonó el Estado español días antes del 11-M en dirección al Estado francés y, posteriormente, a Italia, ya que en este último país se iba a producir una regulación extraordinaria de inmigrantes y no porque tuviera problemas con la Justicia española.

La declaración de Osman al Sayed se produjo ya por la tarde, ya que el acusado de ser el autor intelectual de los atentados se negó a responder a las preguntas del fiscal y de los abogados de las acusaciones particulares.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, no permitió en varias ocasiones que Zulueta preguntase a Osman al Sayed, al considerar que las cuestiones eran irrelevantes.

La declaración de Osman al Sayed tuvo que ser interrumpida por problemas con los intérpretes que traducían las palabras del ciudadano egipcio del árabe al castellano.

«Parece ser que los traductores no están muy finos esta tarde. Los quiero a todos en mi despacho inmediatamente», señaló Gómez Bermúdez antes de ordenar un receso.

En esos momentos, estaban preguntando a Osman el Sayed sobre un documento que acreditaba su boda, celebrada en el Estado español, con una ciudadana turca.

Antes de la declaración de Osman al Sayed, el juez Javier Gómez Bermúdez rechazó categóricamente abordar las cuestiones previas formuladas por la defensa. En la sesión de la mañana únicamente se procedió a la lectura de las preguntas que iban a ser dirigidas a Osman al Sayed.

El testimonio de Osman al Sayed contrasta con lo que aparece en el sumario, elaborado por la fiscal Olga Sánchez, que señala que las autoridades italianas grabaron al ciudadano egipcio cuando hablaba por teléfono móvil.

Según el sumario, el egipcio admitió en una conversación que él había planeado los atentados de Madrid y la Policía italiana intervino un papel con la anotación «11-03¯04, shahid, miel». La fecha coincide con los atentados y las palabras árabes shahid y miel significan mártir y explosivo, respectivamente. El egipcio estaba siendo investigado por la sospecha de que facilitaba documentación falsa a sus compatriotas.

Osman al Sayed y su abogado escucharon el jueves estas grabaciones en la sala de vistas después de que Gómez Bermúdez suspendiera la sesión hasta la mañana de ayer.

El juicio que comenzó el jueves en la Casa de Campo de Madrid -la misma sala que ha acogido hasta ahora la vista por el macrosumario 18/98- es el de mayores proporciones que se ha producido en la historia judicial española, al menos en lo que se refiere a la petición fiscal.

En total, se pide un total de 270.878 años de prisión para 29 procesados. Los seis acusados a quienes se imputa la organización intelectual y material de los atentados -el propio Rabei Osman el Sayed, Hasan Haski, Yusuf Belhadj, Jamal Zougan, Abdelmajid Boucher y Basel Ghalyoun- se enfrentan a las mayores peticiones, ya que ascienden a 38.656 años de prisión para cada uno por los presuntos delitos de «191 asesinatos, 1.824 tentativas de asesinato, cuatro estragos terroristas» e «integración en organización terrorista».

En un nivel similar se encuentra José Emilio Suárez Trashorras, con 38.667 años de prisión de petición fiscal. Se le acusa de «191 asesinatos, 1.824 tentativas de asesinato» y los cuatro «estragos terroristas», pero en grado de «cooperador necesario». Además, se le acusa de «colaboración con organización terrorista», tenencia y tráfico de explosivos, «asociación ilícita en grado de dirigente», falsificación de documento oficial y falsificación de placa de matrícula.

Otras trece personas están acusadas de pertenecer o colaborar con «la célula terrorista» que llevó a cabo los atentados. Se trata de Fouad el Morabit, Mohamed Almallah, Hamid Ahmidam, Otman el Gnaoui, Abdelilah el Fadouai, Rachid Aglif, Mohamed Bouharrat, Nasredine Bousbaa, Mohmoud Slimane, Mohamed Larbi, Saed Harrak, Mohamed Moussaten y Brahim Moussaten y se enfrentan a penas que van desde los 24 años de Larbi a los seis de Brahim Moussaten.

Otro bloque de acusados es el que corresponde a los que se denomina «trama asturiana», dirigida por Suárez Trashorras, y a quienes se les acusa de haber facilitado los explosivos a los acusados de haber llevado a cabo materialmente los atentados. Son nueve, al margen de Suárez Trashorras, y el más conocido de ellos es Rafa Zouhier, confidente policial que ha sido utilizado en varias de las intoxicaciones mediáticas llevadas a cabo en los últimos años por el diario «El Mundo» y la cadena de radio COPE en su intento de vincular a ETA con los atentados de Madrid. Le piden 20 años por «colaboración con organización terrorista» y tenencia y transporte de explosivos.

El resto de acusados de este bloque son Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Iván Granados, Javier González, Raúl González, Sergio Alvarez y Antonio Iván Reis. Las penas oscilan entre los 23 años de cárcel de Emilio Toro y los cuatro de Carmen Toro.

Otra cifra que da idea del tamaño de este macrojuicio son los 650 testigos y los 98 peritos que comparecerán en los próximos meses en la Casa de Campo. Entre quienes han sido citados para declarar, se encuentran los presos políticos vascos Unai Parot, Irkus Badillo y Gorka Vidal. Han sido citados por la defensa de Jamal Zougam en un intento de vincular a ETA con la organización del atentado. Badillo y Vidal fueron detenidos en la provincia de Cuenca cuando trasladaban explosivos a Madrid. Esta circunstancia ha sido utilizada en numerosas ocasiones por el PP y medios afines en su estrategia de sembrar la duda sobre la autoría islamista de los atentados.

Desde que se produjeron los atentados, medios de comunicación como «El Mundo» y la COPE han difundido a bombo y platillo la teoría de que se estaba ocultando la realidad en una maniobra que el PSOE inició para ganar las elecciones de marzo de 2004 -que se celebraron tres días después del 11-M- y que mantuvo posteriormente para permanecer en el Gobierno español.

Peregrinas teorías

Para ello, han empleado, una tras otra, diversas teorías para tratar de desacreditar la investigación llevada a cabo por Olga Sánchez -bautizada por la derecha como «la fiscal del `¡Basta ya!’ por su reacción ante las continuas trabas a su labor- en la Audiencia Nacional española.

La primera de ellas fue la de la mochila número 13. La bomba que contenía ésta fue desactivada el 13 de marzo, jornada de reflexión, y llevó a la primera detención de un ciudadano marroquí, desdibujando la tesis de la autoría de ETA tenazmente defendida en esos momentos por el entonces ministro del Interior, Angel Acebes. Desde la derecha política y mediática se trató de desacreditar este hallazgo señalando que la mochila que transportaba la bomba no estuvo siempre bajo custodia policial, lo que anularía la validez de la prueba. El sumario niega con documentos esta tesis.

Otra de las dudas que se trató de sembrar estuvo relacionada con la dinamita empleada en los atentados, tratando de señalar que ETA estuvo relacionada en su suministro. Precisamente, la citación como testigos de Irkus Badillo y Gorka Vidal está relacionada con esta tesis. Sin embargo, el sumario concluye que la dinamita fue sustraida de las minas asturianas a través de la organización de Suárez Trashorras y ha sentado en el banquillo a diez personas en base a las pruebas halladas.

El suicidio de siete de los autores de los atentados cuando estaban cercados por la Policía en un piso de Leganés que hicieron estallar matando a un agente también fue puesto en duda. El objetivo era demostrar que no se trataba de islamistas que optaban por el martirio en vez de entregarse a la Policía. Sin embargo, el sumario explica cómo quedaron los cuerpos al inmolarse y quién llevaba adosado el cinturón de dinamita.

La furgoneta Renault Kangoo que fue hallada cerca de la estación de tren de Alcalá de Henares, de donde partieron los autores de los atentados, también fue objeto de las teorías conspirativas. En esta furgoneta fueron halladas cintas coránicas, restos de ADN y dinamita, lo que permitió dirigir la investigación hacia la vía islamista. El argumento era que estos elementos fueron colocados a posteriori porque no fueron detectados en el primer registro, ya que estaban colocados bajo los asientos.

El mismo jueves, «El Mundo» abría el periódico con una nueva teoría titulando «El nivel de DNT indica que el explosivo de los trenes es diferente del resto». El objetivo del diario que dirige Pedro José Ramírez era tratar de demostrar que el explosivo hallado en los trenes es de características diferentes al aportado como prueba. Según informaban, el TDN es un componente esencial de la dinamita Tytadine sustraida por ETA en Plévin (Bretaña) en 1999.

El diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo se ha destacado en la defensa de las sucesivas tesis del PP, ya que fue el representante de este partido en la comisión de investigación que se abrió en el Congreso español.

En su labor de intentar vincular a ETA con los atentados, Del Burgo realizó una entrevista al confidente Rafa Zouhier cuando éste se encontraba en prisión.

Paradójicamente, en declaraciones realizadas la víspera del inicio del juicio, Del Burgo se mostraba categórico al desmmentir que hubiera defendido alguna vez la teoría de la conspiración.

«Eso son inventos de la prensa progubernamental», destacó el diputado de UPN.