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Prostitución

Feminismo y abolicionismo

Fuentes: Red Feminista

La prostitución o, más pertinentemente, el acceso masculino por precio al cuerpo de las mujeres constituye una práctica social inmemorial, arcaica y antigua como la supremacía masculina sobre las mujeres. En efecto, la prostitución es una versión más, de las modalidades en que se manifiesta y asegura el principio de la autoridad patriarcal y no […]

La prostitución o, más pertinentemente, el acceso masculino por precio al cuerpo de las mujeres constituye una práctica social inmemorial, arcaica y antigua como la supremacía masculina sobre las mujeres. En efecto, la prostitución es una versión más, de las modalidades en que se manifiesta y asegura el principio de la autoridad patriarcal y no difiere, en su fundamento, de otras formas en que se hace ostensible el ejercicio de la supremacía o del poder. La mutilación genital femenina, la violencia relacionada con la dote, la autorización legal atribuida a los maridos para castigar física o psicológicamente a las mujeres, las violaciones masivas en tiempos de guerra, por igual la prostitución, constituyen una muestra del catálogo que permiten evidenciar el lugar que corresponde ocupar a las mujeres.

El poder político, en su versión civil o religiosa, ha organizado y participado activamente, también desde tiempos inmemoriales, en la selección de las mujeres que han de estar disponibles para ser usadas pública y colectivamente por los varones y en las condiciones en que se realizan tales usos.

En la época de Solón (640-558 a.C.) encontraremos disposiciones que organizan el mercado de la carne y las circunstancias de acceso a la corporalidad de las mujeres; durante la Edad Media la teología católica aportará la excusa moral que proporciona racionalidad y legitimidad a dichas prácticas, y al dispositivo prostibulario, estimándose que en la escala penitencial lleva menor pena la fornicación con mujer soltera y sin vínculo estamental que la fornicación con mujer casada, con religiosa, con varón o con bestia. Durante el siglo XIX será la razón sanitaria la inspiración de la normativa que justifica la organización del sistema prostitucional.

Los reglamentaristas contemporáneos, continuadores de la tradición pro-prostitución, son los nuevos ideólogos que han tomado el relevo para la pervivencia de tales prácticas. Ellos, modernos y liberales, convergen con unanimidad, aunque con pluralidad de razonamientos, aparentemente diferentes, en convalidar y legitimar el uso sexual de las mujeres.

La industria del sexo forma parte de los fervorosos partidarios de la reglamentación de la prostitución. El proxenetismo organizado[1] reivindica su aportación social, afirmando el carácter de entretenimiento o de ocio de su actividad, una actividad cuyo objeto y materia prima consisten precisamente en poner a disposición de la demanda y en el mercado una variedad suficiente de mujeres para consumo sexual. Los grupos mediáticos tan sesudos, en ocasiones, en el análisis de los conflictos sociales convergen con las demandas de aquellos, su cuenta de resultados[2] permite una recta deducción de sus motivaciones.

Y entre el elenco de sectores pro-prostitución, también contamos con los liberales que, ajenos a las motivaciones económicas, se muestran partidarios de la reglamentación, por ser fervientes defensores, según dicen, de la libertad. Ellos convienen en estimar y señalar enfáticamente que la prostitución forma parte de las elecciones personales y censuran con insistencia la intromisión que representa la crítica feminista a la institución de la prostitución.

Claro que tal punto de vista liberal, no rinde cuenta del hecho nada baladí de que sean precisamente las mujeres, abrumadora y mayoritariamente, y no los hombres, las que toman o acceden a tales elecciones.

Las cifras sobre prostitución son tozudas y contundentes, en el Informe del año 2000 del Fondo de Población de Naciones Unidas se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niños, especialmente niñas, ingresan en los prostíbulos del mundo para ser consumidas sexualmente; por su parte Pino Arlacchi[3], en el año 2002, remarcaba que en el sureste asiático, en sólo una década, 33 millones precisamente de mujeres y niñas habían sido víctimas de la trata con fines de prostitución.

La procedencia de las mujeres en situación de prostitución no deja margen a las elucubraciones. Los datos son de nuevo obstinados en los informes nacionales, por igual en los internacionales, elaborados en el último siglo acreditan que en la década de los 60 las mujeres prostituidas que abastecían los prostíbulos nacionales eran mujeres desafiliadas socialmente (madres solteras, mujeres institucionalizadas …), en los 90 las toxicómanas constituirán el grueso de la población prostituida, actualmente, gracias a la mundialización del mercado, en general, y de la carne, en particular, las inmigrantes de los países con economías dislocadas (rumanas, nigerianas, brasileñas, ucranianas…) son las encargadas de satisfacer las demandas en los países desarrollados.

Curiosa, cuando menos, deviene esta libertad cuyo ejercicio practican esencialmente mujeres, en situación de vulneración y de exclusión social.

Estos liberales denuncian, con vehemencia, la impertinencia de toda apelación ética en el análisis de la prostitución, al fin y al cabo, para ellos, estar en prostitución no es más que la puesta en práctica de una elección, de una libertad que inscriben o sitúan en el ámbito de la autodeterminación sexual.

Ahora bien lo que no aclaran, ni mencionan es quiénes son los titulares de la libertad sexual que se ejercita. ¿Se refieren a las mujeres en prostitución? No, obviamente no.

La sexualidad nada tiene que ver con las mujeres en prostitución. Estar en prostitución es soportar un día tras día, jornada tras jornada, sucesiva y diariamente, la intromisión sobre tu corporalidad, una invasión practicada por un hombre y luego otro, otro, otro y un sinfín de hombres. No, las mujeres en prostitución no ejercitan su libertad sexual, soportan los actos de vulneración porque superviven en la prostitución. Para ellas los servicios prestados en esas condiciones no constituyen prácticas sexuales, y mucho menos deseadas.

Entonces ¿a qué libertad aluden estos liberales?, ¿a quiénes se refieren, sin mencionarlos, estos paladines de la prostitución? He aquí la cuestión, ellos hablan de sus iguales, de ellos mismos, de los usuarios de la prostitución, ellos presuponen y estiman como legítimo el derecho al uso del cuerpo de las mujeres.

Reivindican como normal y aceptable la existencia de centros de diversión y entretenimiento que se publicitan, por ejemplo como «establecimientos de mamadas»[4], y estiman como inocentes y atractivas prácticas sexuales, la oferta de servicios que insertan los diarios nacionales (francés natural, griego profundo). Ellos reivindican sus privilegios y representaciones, se sienten autorizados para reducir a las mujeres a una mera corporalidad, a una mera anatomía. Sus razones y prácticas avalan su consideración patriarcal de que la función de las mujeres no es otra que estar al servicio sexual de los hombres.

La normalización y organización de las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres que reclaman los reglamentaristas, constituye una propuesta equivalente a aceptar como legítima la violencia sexual que comporta la prostitución bajo la excusa de que el dinero transmuta la agresión en un mero intercambio comercial.

La prostitución ha existido y sigue existiendo a estas alturas porque existe un explícito consentimiento social, que autoriza la cosificación de las mujeres y que autoriza, igualmente, a los hombres a hacer uso comercial de las mujeres. Y porque existe un mercado prostitucional institucionalizado que incluye un variado abanico de sectores que obtienen beneficios, legal o ilegalmente, de la explotación sexual de mujeres y niñas.

La opción entre reglamentación y abolición no es un debate sobre opciones individuales, ni sobre supuestas elecciones, es un debate político sobre modelos sociales, sobre el sistema de organización y sobre sus valores.

La prostitución no es una práctica ajena a las relaciones de género, por ello el debate sobre la prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo sobre si es admisible o no, compatible o no, con un proyecto de sociedad igualitaria, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres.

Cuando una sociedad reglamenta la prostitución y organiza el mercado de la carne, no se limita a establecer un modelo normativo, si no un sistema de valores, y cuando se reglamenta la prostitución se opta por un mensaje inequívoco: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres.

Las políticas pro regulación o legalización lejos de favorecer a las mujeres prostituidas, representan la confirmación institucional de un modelo social que garantiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente.

Encarar el problema de la prostitución porque existe no requiere precisamente que aseguremos su pervivencia, si no que pongamos en marcha mecanismos encaminados a erosionar que subsista y se mantenga.

El compromiso con la igualdad entre sexos es una apuesta sin excepciones a la consecución de tal objetivo y una cosa es que convivan y pervivan conductas contrarias a ese derecho (como la discriminación salarial o la violencia machista en las relaciones de pareja) y otra muy distinta es que el modelo social por el que se opté institucionalice, normativice y autorice tales conductas, tal y como proponen los reglamentaristas.

Actuar contra la industria del sexo y contra el proxenetismo debe constituir una prioridad de la política criminal de nuestro país, la sanción punitiva de todos los que organizan, promueven, favorecen la captación de mujeres para su explotación sexual, merece un severo reproche penal.

Expresar la deslegitimación y desaprobación social hacia los hombres que compran cuerpos de mujeres constituye una estrategia imprescindible y resulta un modelo equivalente a las políticas puestas en marcha contra la violencia en las relaciones de pareja. Actuar sólo protegiendo a las mujeres maltratadas contra la violencia machista se ha rebelado como un modelo de intervención insuficiente, ya que tal intervención por sí misma no impide que tales conductas sigan reproduciéndose, de ahí que fuera necesario actuar contra los autores de la violencia. Idénticas estrategias son necesarias ante el fenómeno de la prostitución.

Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y crear condiciones laborales que eviten que las mujeres sin recursos se vean abocadas a formar parte de la población prostituida constituye una acción política prioritaria.

De esto hablamos las abolicionistas, de implementar medidas que conduzcan a acabar, de una vez, con las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres.

Abogada. Portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución

[1] Aplicamos este término a los lobbys económicos que debidamente organizados y con ánimo de lucro promueven, facilitan y favorecen la captación de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

[2] En la edición del pasado 22 de octubre de 2004, el semanario Alba recontaba las ganancias de la prensa escrita por la publicación de anuncios de contactos señalando que El País recaudaba anualmente unos 5 millones de euros, seguido de cerca por el Mundo, ABC y La Razón.

[3] Responsable de la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga y prevención del crimen.

[4] Una animada calle de Bangkok, donde se concentran los clubes para turistas, anuncia sus diversiones como establecimientos de mamadas.

[5] La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres fue constituida inicialmente por las Asociaciones siguientes: Alecrín y Figa de Vigo; la Asociación Villa Teresita, la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especializados de Madrid; la Asociación Clara Campoamor de Bilbao; la Asociación de Mujeres de la Noche Buscando el Día de Alicante; la Asociación Aimur de Almería, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Cataluña; la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla. Posteriormente a esta Plataforma han ido incorporándose otras organizaciones de mujeres.