Crisis del Marine I Nueve solicitantes de asilo procedentes de Trincomalee y Mannar, zonas en conflicto de Sri Lanka, han sido expulsados de España a pesar del informe favorable para la admisión de sus solicitudes emitido por el ACNUR. En el proceso de expulsión, se ha obstaculizado la acción de la justicia y se ha […]
Nueve solicitantes de asilo procedentes de Trincomalee y Mannar, zonas en conflicto de Sri Lanka, han sido expulsados de España a pesar del informe favorable para la admisión de sus solicitudes emitido por el ACNUR. En el proceso de expulsión, se ha obstaculizado la acción de la justicia y se ha ocultado información.
Estas nueve personas se encontraban en el Centro de Internamiento de Barranco Seco, Gran Canaria, a pesar de haber sido desembarcadas del Marine I y trasladadas a España por considerarse que sus vidas podrían estar en riesgo en caso de ser devueltas a su país de origen. Ya como solicitantes de asilo, las nueve personas habían recibido informe favorable por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que sus solicitudes fueran admitidas a trámite. El ACNUR ha publicado en las últimas semanas dos llamamientos sobre la «grave situación de seguridad» precisamente en las zonas de origen de estas nueve personas expulsadas. Así, en Mannar, zona controlada por la guerra tamil, «la situación de seguridad se ha deteriorado significativamente durante las últimas semanas».
Sin embargo, en el caso de estas nueve personas no se ha respetado el preceptivo informe del ACNUR, cuyos criterios había seguido hasta ahora la actual Administración. El jueves 22 de marzo el Ministerio del Interior dicta resolución por la que se inadmite la solicitud de asilo de estas nueve personas, resolución que no se notifica hasta dos días después, el sábado 24 de marzo, en lo que CEAR considera un retraso premeditado puesto que en fín de semana no funciona el órgano de justicia competente para evitar una más que probable paralización judicial de la expulsión.
El servicio jurídico de CEAR presentó un recurso contra la expulsión ante el juzgado de guardia de Madrid a las 11 de la mañana del domingo 25 de marzo, al tener conocimiento del traslado a Madrid de los ciudadanos de Sri Lanka. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo ninguna actuación porque, según manifestó el funcionario responsable de la comisaría del aeropuerto ante las llamadas de la Fiscalía, de la oficina del Defensor del Pueblo y de CEAR, no constaba ni la existencia de estas personas ni su posible expulsión.
Así, a las once y media de la mañana del domingo estas personas fueron nuevamente trasladadas, esta vez a Málaga, sin que la justicia pudiera actuar y sin dar tiempo a los abogados de CEAR a presentar un nuevo recurso en esa ciudad, puesto que dos horas después, a la una y media de la tarde, salía un vuelo chárter con destino a Sri Lanka en el que viajaban los nueve ciudadanos expulsados.
CEAR considera gravísimos estos hechos, en los que se ha actuado de manera consciente para evitar que estas personas tuvieran acceso a la justicia para una revisión de su caso, y en los que las autoridades han ocultado información para evitar que los solicitantes de asilo pudieran tener acceso a una tutela judicial efectiva.
CEAR continuará adelante con los recursos judiciales, y pedirá que estas nueve personas sean localizadas y devueltas.