Los Presupuestos Generales del Estado, en trámite parlamentario, fueron presentados por Pedro Solbes, ministro de Economía, como destinados a «ayudar a las familias con dificultades para llegar a fin de mes o pagar la hipoteca» mediante una nueva rebaja de impuestos. Nada más lejos de la realidad, mientras en el horizonte se empieza […]
Los Presupuestos Generales del Estado, en trámite parlamentario, fueron presentados por Pedro Solbes, ministro de Economía, como destinados a «ayudar a las familias con dificultades para llegar a fin de mes o pagar la hipoteca» mediante una nueva rebaja de impuestos. Nada más lejos de la realidad, mientras en el horizonte se empieza a vislumbrar un nuevo ciclo de agresiones contra los trabajadores.
Rebaja de impuestos sí, pero para el capital
Efectivamente los presupuestos, pensando en las elecciones de marzo próximo, contienen algunos guiños económicos hacia las clases populares presentados con gran fanfarria. Los más destacados son los 900 millones destinados a financiar la Ley de Dependencia, los 1.500 para las ayudas de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, los 785 millones de las ayudas de 210 euros para el alquiler de viviendas por jóvenes, los 45 millones para pagar el dentista a los menores de 15 años… Medidas todas ellas que directa o indirectamente favorecerán a sectores empresariales con nuevas oportunidades de negocio, como la ley de dependencia o los estímulos al alquiler, o que pretenden presentar como un importante logro lo que sigue siendo la negación de un derecho universal, como la atención sanitaria, por la aplicación de políticas neoliberales (dentista para niños…).
Sin embargo, de los 5.000 millones que en conjunto se dejarán de recaudar por la rebaja de impuestos, casi 3.500 irán directamente a los bolsillos de los empresarios mediante una nueva rebaja del impuesto de sociedades (en dos años habrá pasado del 35 al 30%), quienes también recibirán buena parte de la rebaja del Impuesto de la Renta por la actualización de las tarifas según el IPC (la llamada deflactación). A ello hay que añadir otras partidas como la rebaja de 3.200 millones en cotizaciones sociales a las empresas por realizar contratos indefinidos, un 5,3% más que en 2007, bonificaciones financiadas con fondos que deberían ir destinados a las pensiones de los trabajadores, mientras el resto del superávit de la Seguridad Social (más de 5.000 nuevos millones previstos para 2008 que se sumarán a los 40.000 actuales) se dedicará a seguir nutriendo un Fondo de Reserva que especula en bolsa, gestionado con la participación de las burocracias de CCOO y UGT.
Preparan nuevos recortes de derechos
La mayoría de organismos y expertos económicos burgueses consideran que los presupuestos no se ajustan a la realidad ya que, con el cambio de ciclo económico en marcha, el crecimiento real de la economía será un 0’5% inferior a la previsión del gobierno. Con ello todas las previsiones de crecimiento, empleo y recaudación se incumplirán y en lugar de superávit volverá el déficit. Es decir, pronto volveremos a escuchar el manido discurso neoliberal sobre la necesidad de recortar «gastos» para equilibrar las cuentas públicas, «sanear la economía» y «estimular el crecimiento»: recortes en los salarios de los empleados públicos, en pensiones, en subsidio de desempleo, en gasto sanitario y educativo…, combinados con contrarreformas de derechos laborales básicos. Con esos argumentos el gobierno «socialista» portugués puso en marcha en el país vecino un durísimo plan de recortes contra los trabajadores, una vez concluido el ciclo electoral.
La patronal CEOE ya anuncia que «se va a vivir una etapa de desaceleración económica y que para combatirla es necesario reducir las cargas sociales y fiscales de las empresas e introducir mayor flexibilidad en el mercado de trabajo», es decir, menos impuestos y cotizacione s para los empresarios, más precariedad para los trabajadores. El año próximo, pasadas las elecciones, se revisará el Pacto de Toledo. Pretenden una profundización de las medidas que se han venido implantando en las recientes reformas: un nuevo retraso en la edad de jubilación y un recorte general de las pensiones mediante la ampliación a toda la vida laboral del número de años para calcularlas.
Todo ello tras un ciclo expansivo de 14 años donde, mientras las empresas batían récords históricos de beneficios, el empleo creado ha sido fundamentalmente precario (combinado con la destrucción de miles de empleos con mayor nivel de derechos en sectores industriales). Se ha mantenido la tasa de temporalidad por encima del 32%. El salario real medio ha perdido 4 puntos en los últimos 10 años. El 58% de los trabajadores no alcanzan siquiera la categoría de mileuristas. La pensión media de jubilación es de 760 euros y más de la mitad de las pensiones no llegan a un Salario Mínimo que sigue siendo inferior a los 600 euros (y que, en el mejor de los casos, no alcanzará los 800 hasta el 2012, si se cumple la propuesta electoral del PSOE apoyada por CCOO y UGT y cuestionada por Solbes). El acceso a la vivienda es una verdadera proeza y el endeudamiento, agravado por el encarecimiento de las hipotecas y la carestía de los productos de consumo básicos, ha alcanzado niveles sin precedentes.
(*) A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria, sección oficial en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores – IV Internacional (LIT-CI)