La inmigración se ha convertido en un tema central de la actual campaña electoral, aunque no se le reconozca el voto a los extra comunitarios. Buena parte de las propuestas estrella de los partidos mayoritarios son denunciadas por las organizaciones de inmigrantes y antirracistas como criminalizadoras -por asociar inmigración con delincuencia y problemas de convivencia- […]
La inmigración se ha convertido en un tema central de la actual campaña electoral, aunque no se le reconozca el voto a los extra comunitarios.
Buena parte de las propuestas estrella de los partidos mayoritarios son denunciadas por las organizaciones de inmigrantes y antirracistas como criminalizadoras -por asociar inmigración con delincuencia y problemas de convivencia- y discriminatorias. El 23 de enero, los obispos andaluces abren fuego planteando que el incremento del paro causado por la crisis afectará a los inmigrantes, lo que podría «dar lugar a un aumento notable de la delincuencia e inseguridad social». A finales de enero, CIU planteaba que «en Cataluña no cabe todo el mundo».
Pero ha sido la propuesta del PP de obligar a los inmigrantes no comunitarios que quieran residir más de un año a firmar un contrato de integración la que ha acaparado el debate público. Dicho contrato, que obligaría a conocer las leyes, la lengua y a respetar las «costumbres españolas», se inspira en una ley planteada por el anterior ministro de Interior francés, Sarkozy, en el año 2004, y en una propuesta de «carné por puntos» realizada por CIU en las autonómicas de 2006. La batería electoral del PP incluye aumentar las expulsiones de personas ‘sin papeles’, la expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan algún delito, la prohibición de cualquier regularización masiva, la restricción del uso del velo y la persecución de la ablación genital -centrando así la polémica en la inmigración africana y musulmana-. Las declaraciones de destacados dirigentes del PP -el ex ministro Arias Cañete o Esperanza Aguirre- achacando el colapso en la sanidad, buena parte de los problemas de los institutos y un supuesto incremento de la inseguridad a la inmigración, culminan el cuadro. Salvo la extrema derecha, que ha aplaudido esta propuesta, el resto de fuerzas políticas las han criticado, sobre todo la del contrato, por inaplicable, alegal y xenófoba.
Pero los expertos sobre inmigración consultados por DIAGONAL resaltan que tanto PP como PSOE, CIU y PNV comparten las mismas concepciones de fondo. Sus programas electorales coinciden en el desconocimiento profundo de los fenómenos migratorios, y en su abordaje represivo de la inmigración, vista como un problema. Por ello, los partidos afirman su lucha contra la entrada y la residencia irregular en España y defienden una inmigración «ordenada» y «legal» en función de las necesidades de las empresas. Eso sí, el PSOE saca a relucir su Plan de Integración, en vigor hasta el año 2010. Aunque también señala a la inmigración clandestina como «la lacra que combatiremos con toda la determinación», centrando su programa en facilitar las expulsiones y ampliar el tiempo en el que la persona sin papeles puede estar encerrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Su propuesta estrella es la expulsión inmediata de los extranjeros condenados por maltrato -asociando así la violencia de género con la inmigración-.
Las últimas redadas masivas en locales de ocio frecuentados por inmigrantes -en Madrid y Alicante- a mediados de febrero, son muy similares a las ordenadas por el PP semanas antes de las elecciones en el año 2004. En este panorama, la nota discordante la introduce IU, que plantea la necesidad de distanciarse de las políticas desde la UE, e incidir más en la faceta de integración y respeto de los derechos humanos. Para las organizaciones antirracistas y de inmigrantes, la mayoría de los programas electorales obvian, de nuevo, el dar los plenos derechos a los y las inmigrantes extracomunitarios. Salvo IU, ningún partido recoge la demanda de dar el voto a los inmigrantes extracomunitarios, aunque sea en la municipales, como ocurre en Bélgica, Holanda, Irlanda y Suecia. Con lo que el 7,23% de la población queda fuera del escenario de la representación política, relegada a objeto de discusión, en vez de sujeto de discusión.