El desarrollo sostenible en Nicaragua parece destinado a permanecer como una meta a alcanzar, sobre todo cuando nos enfocamos en el tema del manejo responsable y protección de los recursos hídricos y el acceso al agua para la población.
Frente a una cierta ausencia por parte de las autoridades, ha sido la población organizada la que ha comenzado a desarrollar prácticas dirigidas a estos objetivos, las cuales se han convertido en elementos fundamentales para que se traduzcan en políticas de nación. En el marco de la actividad desarrollada en la ciudad norteña de Jinotega, para celebrar el Día Mundial del Agua, Sirel conversó con Antonio Ruiz, de la Fundación del Río, para conocer cuáles son los desafíos que Nicaragua tiene por delante y las propuestas que vienen desde la sociedad civil.
-En su intervención hubo una fuerte crítica dirigida a la falta de implementación de un modelo de desarrollo sostenible en Nicaragua. ¿Cuáles son los elementos que están a la base de esta conclusión?
–Nicaragua no ha tratado de implementar un modelo de desarrollo sostenible como nación y no ha habido esfuerzos para definir derroteros y visiones estratégicas para alcanzar gradualmente ese tipo de desarrollo. El país no ha tenido un modelo institucional estable en los últimos 70 años y su incorporación a la economía globalizada ha significado que sea la intervención externa la que defina las dinámicas de uso del territorio, manteniendo una visión segmentada de ello. Es emblemática, por ejemplo, la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con un enfoque totalmente ajeno a la realidad local y a sus impactos en los territorios. Con el nuevo gobierno parece que se está tratando de cambiar ese tipo de visión segmentada, incorporando todos los factores que intervienen en el medio natural y con un cierto énfasis hacia el enfoque de cuencas. Es un primer paso, pero que todavía padece de una visión muy burocratizada, que no se ha desarrollado a partir de un proceso de recoger y compartir las experiencias de las bases organizadas, para incorporarlas en una visión de articulación del territorio.
-¿Cuáles deberían ser los elementos primarios para que el país se encauce hacia un modelo de desarrollo sostenible?
-Lo que Nicaragua debe volver a revisar internamente tiene que ver con los asuntos estratégicos en el orden económico, social y ambiental que este país requiere para su sostenibilidad a largo plazo. Hay que retomar la experiencia organizativa y los diferentes esfuerzos implementados desde la sociedad civil, como es el caso de pequeñas prácticas para no incorporar aguas crudas a los cursos de aguas, el tema de la agricultura ecológica, la reducción de la aplicación de agrotóxicos en los cultivos, la conservación de suelos, la práctica de los Pagos por Servicios Ambientales en conservación de recursos hídricos. La excesiva centralización y burocratización institucional no está permitiendo escuchar a las bases. Otro punto tiene que ver con la estrategia económica del país y las contradicciones que se generan. La matriz energética del país está conformada por el 80 por ciento a base de combustibles fósiles y sabemos perfectamente qué es lo que origina en términos de impactos ambientales y gastos. Tenemos el Lago de Apanás, que es parte de la Cuenca 69, que produce la energía más barata del país, pero las poblaciones indígenas, que son propietarias de estas tierras, no tienen acceso a esta energía. Esto es precisamente lo que criticamos, es decir que no hay un enfoque hacia las realidades locales. El concepto que domina no es tener energía para la gente, sino para satisfacer a una industria que en Nicaragua es obsoleta y subsidiada, como es el caso de la Zona Franca. En lugar de darle paso a intereses externos, que nada tienen que ver con el desarrollo nacional, hay que comenzar a articular el mercado interno. Estamos viviendo una crisis alimentaria espantosa, con unos precios que afectan a la inmensa mayoría de la población y no es sólo el caso del frijol en Nicaragua, sino también de la papa en Perú o del maíz en México. Es una crisis mundial. Nicaragua puede contar con muchas experiencias a partir de las comunidades en la defensa del agua, en el tema de las economías locales, pero no estamos cambiando el modelo como nación y lo que se debe hacer es definir cuál va a ser la propuesta económica y de desarrollo a largo plazo.
-Una de las problemáticas que se presentaron en la actividad para el Día Mundial del Agua es la situación de la Cuenca 69. ¿Cómo se va a tratar ese punto?
-Hay crisis de agua en toda la región y las grandes empresas quieren el control de los mantos acuíferos más importantes y tienen el ojo puesto en la Cuenca 69. Para los especialistas, esa cuenca representa la reserva de agua potable de Mesoamérica para el 2025 y es importante que, por primera vez, la Asamblea Nacional haya decretado la defensa de este recurso como una prioridad nacional.
El art. 97 de la Ley de Aguas Nacionales lo ha definido, pero ahora es tarea de toda la nación concretarlo y establecer las etapas para que se consoliden todos los puntos incluidos en este artículo.
Los gobiernos locales agrupados en la Asociación de Municipios de la Cuenca del Gran Lago (AMUGRAN) y en la Asociación de Municipios de la Cuenca del Río San Juan (AMUCRISANJ) definieron nueve líneas que hay que desarrollar en el futuro y ahora hay que trasladarlas a políticas de nación. No más agua miel, proveniente de los beneficios húmedos del café, en los afluyentes de los ríos, ni agrotóxicos en los cultivos, aguas residuales municipales, agroindustriales y aguas negras crudas directamente en los lagos, desechos sólidos que cubren la geografía de la cuenca y el caso de la crianza de peces en jaulas flotantes. Hay que parar todo esto y necesitamos que haya una participación directa de la población, para que desarrolle una verdadera auditoria social y aporte con su experiencia, como es el caso de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
-¿Cuál es la importancia de los CAPS en este proceso?
-El mismo abandono de la nación con respecto al acceso al agua originó un gran movimiento apoyado por agencias de cooperación y ONG, para que en las comunidades rurales se establecieran mini acueductos administrados por la población organizada. Es así que surgieron los CAPS y actualmente se introdujo en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para asegurar el derecho comunitario al agua, garantizar la no privatización de estos mini acueductos y para regular toda la materia. Esta gente ha creado una tradición y esta ley está enfocada también en mejorar los servicios que los CAPS prestan, como por ejemplo el funcionamiento de los mini acueductos o cumplir con los parámetros de calidad del agua. Es un instrumento también para seguir fomentando prácticas sociales y una cultura que perdure en el tiempo. Si se trata de una necesidad asociada directamente a la conciencia de la gente, esa fuente de agua va a durar, si al contrario fuera sólo por lucro, esto se va a caer.
-¿Cuáles son los temas que se van a desarrollar en el III Foro del Gran Lago?
-Tenemos tres objetivos. El primero es conformar e instalar la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan, como lo mandata la Ley 626. El segundo punto es definir la Secretaría Técnica de la comisión, mientras que el tercer objetivo es identificar los lineamientos de la que será la política de recursos hídricos para esta cuenca.
Paralelamente vamos a trabajar para darle seguimiento al trabajo desarrollado en los dos primeros foros. Necesitamos terminar el estudio de todos los lagos que conforman la cuenca y es por eso que vamos a buscar grupos beligerantes que hagan ese trabajo en el Lago de Apanás. Se van a tratar también los temas transfronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, porque hay muchos problemas originados por la contaminación, desecación y sedimentación de los ríos que nacen en Costa Rica, la actividad minera, la extracción de especies forestales, la ampliación del modelo de producción de la zona norte de Costa Rica en territorio nicaragüense.