Informe anual sobre el racismo en el estado español

Durante el 2007, tanto la Unión Europea como el Estado español han demostrado otra vez más su falta de capacidad para elaborar políticas reales y realistas en materia de inmigración. Otro año más, las decisiones y actuaciones de la Unión en materia de inmigración han confirmado la realidad de una «Europa fortaleza», de una Unión Europea «isla inalcanzable» para las personas que no reúnan determinadas condiciones de entrada. La obsesión de los políticos de la UE por el control de las fronteras ha contribuido a provocar, en 2007, la muerte documentada de 1.861 personas – aunque fueron muchos más los fallecidos de los que nada se supo – mientras intentaban cruzar irregularmente, por mar o por tierra, los confines comunitarios. Y eso por no tener otra opción, al ser los mecanismos regulares de entrada de la UE totalmente y criminalmente desfasados respecto a la realidad de los procesos migratorios actuales.

En el último año, la política migratoria de la Unión se ha caracterizado, una vez más, por sus esfuerzos en impedir salir a las personas de origen subsahariano del continente africano, delegando este control fronterizo a Estados donde el reconocimiento de los Derechos Humanos resulta por lo menos dudoso (como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez o Senegal), en el marco conceptual de externalización de las fronteras comunitarias que desde SOS Racismo hemos venido denunciado en los últimos años. Además, hemos asistido a una constante vulneración e incumplimiento de la legislación marítima de auxilio y rescate de personas en riesgo de naufragio por parte de los Estados europeos. El drama humano vivido por los pasajeros de los buques rescatados este año mientras iban a la deriva en el océano y de cuyos destinos ningún Estado se quiso hacer cargo ponen en evidencia que para Europa existen náufragos de primera y de segunda categoría y que la política de control de fronteras pasa por delante del respeto a la vida y dignidad de las personas.

Además, a finales de 2007 fue presentada en el Parlamente Europeo la propuesta de de proyecto de la Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras. La directiva declara apuntar a «una regulación común de las legislaciones»: en realidad, sólo aborda cuestiones sobre el encierro, la retención y la expulsión de las personas indocumentadas, el fondo económico para los retornos, los vuelos compartidos, etc. La Directiva fija un período de encierro de hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), centros de reclusión inconstitucionales – porque se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho – para personas cuya única culpa es querer vivir en Europa. Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de las personas extranjeras y, consiguientemente, su normalización como gran pilar de la política europea de extranjería.

Por otro lado, en el último año la Comisión Europea ha intentado facilitar la contratación de trabajadores extranjeros altamente cualificados para cubrir las demandas del mercado laboral de los Estados Miembro, mediante la propuesta de creación de una blue card (tarjeta azul). La adopción de la blue card supondría una división del trabajo añadida a las que ya existen: entre trabajadores nacionales y extranjeros, entre trabajadores comunitarios y no comunitarios, entre personas en situación regular e irregular. La Europa actual acepta la necesidad de la inmigración para mantener su economía, pero a su vez contempla a las personas inmigrantes unilateralmente, como simple mano de obra barata (y mejor si altamente cualificada) y sin derechos.

En febrero de 2007, el Parlamento español aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Entre sus principios políticos inspiradores, el plan indica el de ciudadanía. En efecto, su primer objetivo sería: «[…] garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos de los inmigrantes». En realidad, actualmente en el Estado español los derechos de las personas inmigradas, como ya hemos dicho en infinitas ocasiones, no se pueden considerar de ninguna manera garantizados. Prueba de que esta situación no sólo no se soluciona, sino que la discriminación se amplia, es el hecho de que una parte importante de la población inmigrada ha quedado excluida de las nuevas leyes sociales promulgadas por el Gobierno, como la Ley de Dependencia, las ayudas al alquiler y la recompensación económica por nacimiento o adopción, solamente por el hecho de estar en situación irregular o no tener una autorización de residencia permanente.

Este sistema discriminatorio culmina en la invisibilidad política de las personas inmigradas. Desde SOS Racismo consideramos el reconocimiento de los derechos políticos de las personas inmigradas una cuestión fundamental de salud democrática: una democracia debe reconocer la igualdad de derechos a todas las personas que viven y trabajan en una sociedad. El 2007 fue año de elecciones locales y dos millones de las personas que viven en el Estado español no han podido votar por cuestión de origen. En el transcurso del último año, la mayoría de los partidos políticos han tratado el tema del derecho al voto relacionándolo con el contenido de la Ley de Extranjería y vinculándolo a los tópicos negativos relacionados con la inmigración, en lugar de asumirlo como un requisito propio de los conceptos de democracia y ciudadanía. No sólo no se ha avanzado en conseguir el objetivo, sino que muchos representantes políticos han contaminado este debate con demagogia y xenofobia. En el Estado español, donde la Constitución proclama la democracia como uno de sus principios fundamentales, es necesario superar la vinculación entre ciudadanía y nacionalidad y plantear un nuevo concepto de ciudadanía vinculado a la residencia.

El último año se ha caracterizado por la necesidad de revisión de la Ley de Extranjería a partir de las sentencias sobre los recursos presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la misma ley, que el Tribunal Constitucional falló a finales de 2007. Las sentencias establecieron el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas extranjeras a la enseñanza no obligatoria, reunión y asociación, además del derecho a huelga; derechos que han sido excluidos de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Partido Popular y a la que el gobierno socialista no aportó ningún cambio. Por otro lado, la sentencia del TC fijó la constitucionalidad de importantes cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar como un derecho fundamental o la aceptación de la falta de motivación a la hora de denegar un visado.

Desde SOS Racismo criticamos como el fallo no ha supuesto una mejora real respecto a la igualdad de derechos de las personas extranjeras y la población nacional, pues vuelve a dejar en manos del Gobierno la redacción de los artículos de la Ley declarados «contrarios a la Constitución». Si las condiciones que puede poner el legislador en el ejercicio de estos derechos por parte de las personas extranjeras en situación irregular no se ajustan a la Constitución, nos encontraremos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre que sólo se podrán despejar pasados unos cuantos años, con una nueva sentencia.
 Sentencias como éstas ponen sobre la mesa el debate jurídico de la irregularidad en materia de extranjería. Por un lado, el legislador evita enfrentarse a un problema que afecta a centenares de millares de personas extranjeras; por otro lado -y aunque sean invisibles para el mundo de los derechos- se trata precisamente de personas que viven, trabajan, etc. en el Estado. El Tribunal Constitucional nos ha recordado que situaciones como la irregularidad de las personas extranjeras pueden y deben ser objeto de derechos. Es necesario avanzar en esta dirección hasta lograr la efectiva y real equiparación de derechos entre todas las personas, al margen de su nacionalidad y situación administrativa.

El 2007 ha visto también agravarse la situación de los menores extranjeros no acompañados en el Estado español. Como en años anteriores, la protección y tutela de estos menores presentó numerosas y graves irregularidades que conllevaron la vulneración de los derechos contemplados en la legislación española y la legislación europea e internacional. Al respecto, el Defensor del Pueblo hizo llegar una queja al Consejo General del Poder Judicial, mediante la cual ponía al descubierto algunos incumplimientos de la ley por parte de policías y jueces a quienes acusaba de tratar como adultos a menores extranjeros llegados a Canarias.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha reconocido en 2007 la importancia de la figura del Defensor Judicial del Menor -figura impulsada desde varias entidades, entre ellas SOS Racismo Madrid-, que ha permitido restablecer, en diferentes casos, los derechos del menor violados por la Administración Pública. Según afirmó el Defensor del Pueblo, la labor del Defensor Judicial no debe obedecer a la mera voluntad de la administración, sino al ejercicio y cumplimiento de los derechos del menor.

El 2007 se ha caracterizado también por los casos de intercambios de menores entre distintas Comunidades Autónomas – en los que ninguna comunidad ha asumido su responsabilidad respecto a la situación de desamparo de estos menores -, así como por los casos de fugas de grupos de menores de los centros donde estaban tutelados, para viajar a otras comunidades, movidos por miedo a ser repatriados. Estos casos demuestran una vez más, cómo las administraciones autonómicas a menudo viven la presencia de menores no acompañados en su territorio como un problema a solucionar -y mejor rápidamente-, permitiendo, o incluso facilitando, el alejamiento de éstos en lugar de formalizar inmediatamente la Asunción de Tutela del Niño, como prescribe la ley. A esta situación se ha de sumar el colapso de los centros de varias comunidades autónomas como Andalucía y Canarias, además de las irregularidades y vulneraciones de derechos que en algunos centros se producen, tal y como denunció en su informe sobre centros de Canarias la ONG Human Rights Watch.

Por último, es necesario señalar la gravedad de la demanda reiterada desde algunos sectores de la política española, de reintroducir la posibilidad de repatriar a sus países de origen a los menores extranjeros no acompañados que hayan superado los 16 años de edad, como si se tratara de personas adultas. Esta demanda demuestra una vez más, cómo el mecanismo de las repatriaciones de menores no acompañados en el Estado español se plantea según criterios de oportunidad y volumen de menores, y no como respuesta a situaciones reales e individualizadas, tal y como exigen los convenios de protección de la infancia.

Además del racismo institucional, el 2007 se ha caracterizado por el alto nivel de racismo social registrado en el Estado español. Las denuncias que SOS Racismo recibió en el último año por agresiones o discriminaciones cometidas por particulares representaron el 28% del total. Hechos como los ocurridos en Alcorcón (Madrid) en enero de 2007, deben alertarnos sobre las alarmantes manifestaciones de racismo presentes en nuestra sociedad. Similares episodios de racismo social representan una muestra de algo mucho más grave y profundo: el calado de prejuicios y generalizaciones que se están produciendo en la sociedad y que criminalizan a personas y colectivos en base a características comunes, como el origen, en definitiva, la normalización de la xenofobia en diferentes sectores sociales. Similares explosiones racistas no pueden ignorarse, ni se puede minimizar su importancia. En efecto, durante el último año, el tratamiento que los medios de comunicación y algunos discursos políticos dieron a la inmigración ha sido uno de los factores que más han contribuido a agravar el problema del racismo social y sus consecuencias.

Mediáticamente se siguen fomentando los tópicos y prejuicios hacia la inmigración, al mismo tiempo que se esconden, minimizan o banalizan las actitudes o agresiones racistas y xenófobas. Por otro lado, denunciamos que la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas, así como de las «amenazas de la inmigración» por parte de los partidos políticos, contribuye a la legitimación de la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas. La lucha contra el racismo social implica erradicar el caldo de cultivo del que éste se nutre a partir de la pedagogía social, la responsabilidad y ética política y la apuesta por incrementar los presupuestos sociales a fin de evitar conflictos entre la población para el acceso a los escasos recursos del estado de bienestar.

En el ámbito laboral, los datos socio laborales dan una idea de la vulnerabilidad del colectivo inmigrante en el mercado del trabajo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a inicios de 2007, la mitad de las personas inmigrantes en situación regular en el Estado español trabajaba con contratos temporales. Además, el Estado español lideraba la clasificación de países desarrollados que más desaprovechaba la formación profesional de las personas inmigrantes: según el estudio de la OCDE, el 43% de las personas inmigrantes empleadas en el Estado español trabajaba en empleos por debajo de su calificación profesional. Por otro lado, según los datos del sindicato de Comisiones Obreras, en 2007 los trabajadores extranjeros cobraban entre un 7,2% y un 16,3% menos que los españoles por el mismo empleo, una diferencia salarial que podía alcanzar el 30% en el caso de los empleos de economía sumergida. El caso de la vendimia de Castilla-La Mancha del pasado mes de septiembre es emblemático de la situación de explotación laboral que deben aceptar las personas extranjeras en situación irregular. Las asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron de forma ilegal a centenares de trabajadores irregulares, con el beneplácito del Gobierno, que desde el primer momento declaró estar dispuesto a mostrar «la máxima flexibilidad posible» en los procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente de origen búlgaro y rumano. Y eso a ulterior demostración de la hipocresía del Gobierno, «inflexible» en el control fronterizo y a la hora de expulsar personas en situación irregular, «máximamente flexible» cuando son los empresarios quienes piden flexibilidad. La economía española crece gracias a prácticas como ésta, en las que la inmigración pasa a ser vista exclusivamente como mano de obra barata representando la nueva esclavitud del siglo XXI. Las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las personas que trabajan como temporeras. A la realidad de la vendimia de Castilla se tienen que sumar situaciones como las del Levante español, donde trabajadores de origen norteafricano continúan malviviendo en cortijos abandonados, o como la precariedad laboral de muchas/os cuidadoras y cuidadores que por estar en situación irregular quedarán fuera de los derechos establecidos por la Ley de Dependencia. La hipocresía y el afán de enriquecimiento siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos: horas mal pagadas, aprovechamiento de la situación administrativa de las personas inmigrantes, no cotización a la seguridad social etc.

En ámbito educativo, la integración del alumnado extranjero representa sin duda uno de los grandes retos a los que se viene enfrentando el sistema educativo español. A inicios del curso 2007/08, las escuelas públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero frente al 31% que se escolarizaba en centros privados y privados-concertados. El Consejo Económico y Social (CES) advirtió que la mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere el diseño de medidas específicas para evitar procesos de marginalización y recomendó la implementación de políticas y prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes de origen inmigrante en los centros escolares. La existencia de dichos procesos de marginalización en el sistema escolar incrementa el riesgo de exclusión social de los hijos e hijas de familias inmigradas, así como de los/as jóvenes que han llegado al Estado a través de reagrupaciones familiares, alimentando el racismo a partir de la desigualdad de oportunidades. Este proceso puede llevar a estos futuros ciudadanos y ciudadanas a tener conflictos de identidad y sentirse excluidos de la sociedad. En definitiva, los actuales límites del sistema educativo alimentan el riesgo de construir una sociedad fragmentada. Es necesario que el sistema educativo del Estado garantice una igualdad real de oportunidades y de trato a todo el alumnado, puesto que esto representa una condición indispensable en la apuesta hacia un modelo de sociedad realmente cohesionada e igualitaria.

En el Estado español, uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación del colectivo inmigrante es el acceso a la vivienda. De un estudio realizado por SOS Racismo Bizkaiko emergió que el 80% de las inmobiliarias de Bilbao se negaban sistemáticamente a alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos familias extranjeras. En general, la tendencia de la población inmigrada a concentrarse en determinados barrios – por ser los que ofrecen mayores posibilidades de viviendas accesibles, baratas o en alquiler – está alimentando el peligro que la «etnización» de la exclusión social que se vive en algunos barrios se haga cada vez más patente. Desde SOS Racismo denunciamos cómo la falta de una política de vivienda social, que afecta a muchos colectivos sociales, en el caso de las personas inmigradas se une a la permisividad de la discriminación al acceso a una vivienda digna por motivos de origen étnico.

Durante el último año, el caso del pueblo gitano ha representado otra vez el ejemplo más claro de un tipo de discriminación profundamente asimilado, tanto en el ámbito europeo como el español, agravado además por la situación de la población gitana de los países del este europeo, la mayoría con derecho a residir en la Unión, pero no a trabajar, debido a las moratorias aprobadas por algunos Estados Miembros, entre ellos el Estado español. La población gitana de origen rumano es uno de los colectivos contra los que se ha focalizado el racismo social más explícito y se ha vuelto a utilizar por parte de los responsables políticos -en su día dirigida explícitamente contra el colectivo gitano nacional- la argumentación xenófoba de la imposibilidad de integración por su falta de voluntad.

El caso de este colectivo, expulsado literalmente de muchos municipios y precipitado hacia la exclusión social, evidencia como la falta de políticas sociales y de integración repercute tanto en estas personas, víctimas de discriminación institucional, como en el resto de la población. Esta situación provoca problemas de convivencia que a su vez alimentan tópicos, estigmatizan y culpabilizan todavía más a las víctimas: un círculo vicioso vergonzoso cuyos únicos responsables son las diferentes administraciones y responsables políticos. El informe Discriminación y Comunidad Gitana 2007 de la Fundación Secretariado Gitano estableció un mapa general de los ámbitos en los que se producen las principales prácticas discriminatorias hacia la comunidad gitana en el Estado. Otra vez más, trabajo, educación y vivienda fueron los ámbitos en los cuales se han presentado más denuncias por comportamientos racistas durante el 2007. En ámbito educativo, vale la pena destacar la falta de garantías para un acceso igualitario del alumnado gitano a los centros educativos privados y concertados, así como la existencia de una importante segregación y concentración de estos alumnos y alumnas en determinados centros públicos o clases especiales. Esto supone una educación de menor calidad y con menos recursos, incrementando el riesgo de marginalización y la creación de «guetos» en relación con las minorías étnicas.

Además, durante el último año, los medios de comunicación han seguido estigmatizando el conjunto de la población gitana, dando excesivo protagonismo y relevancia a casos aislados o extraordinarios y poco representativos de la situación de la mayoría de las familias gitanas (focos chabolistas, tráfico de drogas, robos, violencia, etc.) y dedicándose a menudo a su criminalización, como en el caso del colectivo gitano de origen rumano. Por otro lado, es necesario constatar la existencia en la sociedad española de un gran desconocimiento sobre la realidad gitana y la proliferación de los estereotipos que distorsionan la imagen real de toda la comunidad.

Durante el 2007, el 17% de las denuncias recibidas por nuestras Oficinas de Información y Denuncia fue por abusos de los cuerpos de seguridad públicos y privados. Las denuncias recibidas durante el 2007 hicieron referencia principalmente a casos de abuso de poder y agresiones verbales y físicas con motivación xenófoba. Se trata de una forma de racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por el funcionamiento del sistema judicial y por la normativa de extranjería. La impunidad efectiva de la que disfrutan muchos agentes se debe a varios factores que abarcan desde obstáculos a la presentación de denuncias, hasta la ausencia de medidas de las autoridades para imponer sanciones apropiadas. Otras causas de dicha impunidad son la falta de investigaciones independientes y exhaustivas, la redacción de informes médicos a menudo incompletos o inexactos y los retrasos excesivos de los procedimientos. Vale la pena recordar como desde hace dos años el Consejo de Europa recomienda que los cuerpos policiales se doten de un código ético de conducta dirigido a los agentes, así como de un órgano que regule su aplicación. De momento ningún país de la Unión se ha activado para aplicar esta recomendación.

Durante el 2007 la extrema derecha ha seguido muy activa y presente en gran parte del Estado. El último año ha sido marcado por las actuaciones públicas de los grupos de ultraderecha en diversas comunidades del Estado. Las concentraciones y reuniones de la ultraderecha que han tenido lugar en 2007, así como las numerosas actuaciones violentas de estos grupos han puesto de manifiesto una vez más su impunidad a la hora de actuar.

Por otro lado, los partidos de extrema derecha -aunque actualmente minoritarios dentro del espectro de la derecha española-, han obtenido en el último año un importante incremento en los resultados electorales. Prueba de ello fue el triunfo electoral del partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC) en las elecciones municipales de 2007 y el buen resultado conseguido por otros partidos de derecha radical, como España 2000, Democracia Nacional, Iniciativa Habitable, etc. A nivel local, estos partidos supieron aprovecharse del descontento social de la población y focalizarlo contra la población inmigrada, ante una falta de discurso alternativo por parte de los partidos de tradición democrática, algunos de cuales están asumiendo como propio el discurso abiertamente xenófobo de la extrema derecha de manera preocupante.

Particularmente graves han sido las consecuencias de la sentencia con la cual el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el castigo penal de la negación del genocidio, dejando como delito únicamente la justificación de éste último. Desde SOS Racismo consideramos un error y un paso atrás que el Tribunal Constitucional no haya seguido la línea dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado en repetidas ocasiones que el derecho a la libertad de expresión no ampara la negación de genocidios; así como la línea marcada por la Propuesta de Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia del Consejo de la Unión que destaca la necesidad de que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para garantizar la sanción de la apología pública de los crímenes de genocidio y la negación o banalización flagrante de los mismos. La resolución del Tribunal Constitucional abre la vía al rebrote de teorías revisionistas y amplía la impunidad de la extrema derecha, que juega a ampararse en los valores democráticos que ella misma niega, con la única finalidad de debilitarlos. No obstante, la sentencia deja abierta la posibilidad de un nuevo redactado para este artículo, objetivo que todas las fuerzas políticas democráticas deberían consensuar.

Tal como hemos visto a lo largo de las páginas de este informe, se constata con preocupación cómo en el 2007 no sólo en el Estado español no se ha avanzado en la lucha contra el racismo, sino que la problemática se ha agravado. El inicio del 2008 ha puesto punto y final a una legislatura caracterizada por el inmovilismo político y consolidación del racismo institucional producido por la Ley de Extranjería, que continúa provocando irregularidad, exclusión social y explotación laboral, realidades que han sido regularmente invisibilizadas y silenciadas por el Gobierno. La última legislatura se ha caracterizado además, por un retroceso en materia de Derechos Humanos – debido al proceso de externalización de fronteras – y a un endurecimiento de la política de expulsiones y repatriaciones, sobre todo con las personas procedentes del continente africano; y por último, por un aumento del racismo social que diversifica y amplia sus manifestaciones.

La lucha contra el racismo no ha sido una prioridad de este gobierno que ha preferido seguir girando la cabeza y mirar a otro lado. Luchar contra el racismo implica un cambio en las políticas para garantizar una igualdad de derechos y oportunidades, es decir, empezar por no discriminar desde las instituciones y paralelamente erradicar los factores que provocan el aumento del racismo social; implica a la vez contundencia para castigar la existencia de las acciones racistas y xenófobas. La falta de jurisprudencia, así como la falta de sensibilidad del estado de derecho en el momento de castigar las acciones racistas y/o xenófobas han provocado la negación de la existencia del racismo y la impunidad de estas conductas. Esta realidad se acompaña en muchos casos, de la banalización o negación de su existencia por parte de los discursos políticos y de los medios de comunicación. Desde SOS Racismo consideramos necesario que durante la próxima legislatura el gobierno electo aborde estos puntos, porque de ello depende el tipo de sociedad hacia la que iremos.

Una vez más, desde SOS Racismo destacamos que la inmigración es diversa y por lo tanto, su tratamiento también debe serlo. En el Estado español, además de existir diferentes inmigraciones coinciden diferentes fases del proceso migratorio: hijos e hijas de familias inmigradas nacidos o crecidos aquí y por lo tanto, ya españoles de hecho y derecho y personas que llegan a través del reagrupamiento familiar, que se suman a las nuevas llegadas. Estas realidades se mantendrán en los próximos años y por lo tanto, será necesario elaborar respuestas diversificadas para esta realidad heterogénea.

Otro año más, desde SOS Racismo alertamos a todos los actores de la sociedad de la necesidad de que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. En juego está la cohesión social de nuestra sociedad en los próximos años.