Y es que, al menos en lo que se refiere al tema de la inmigración, no podía ser de otra forma por mucho que se siga pensando -y yo el primero- que «Spain is different». Debe de serlo para otras cosas. Si el gobierno de este país decidió en su momento votar a favor de […]
Y es que, al menos en lo que se refiere al tema de la inmigración, no podía ser de otra forma por mucho que se siga pensando -y yo el primero- que «Spain is different». Debe de serlo para otras cosas.
Si el gobierno de este país decidió en su momento votar a favor de la Directiva de la vergüenza considerándola, en palabras de nuestro presidente del Gobierno, como un gran avance progresista, no es ni más ni menos porque gran parte de la población de este país apoya el tipo de medidas que bajo esa Directiva toman cuerpo.
Basta para sostener esa afirmación con echarle un vistazo a los datos de la última oleada del Barómetro del Instituto Elcano referidos a inmigración.
Así, los resultados de esa encuesta muestran que el 53% de la población cree que la inmigración es buena y mala a la vez y un 10% considera que es directamente mala frente al 36% que la considera beneficiosa.
Y la consideran mala porque, por ejemplo, el 61% de los encuestados estima que los inmigrantes saturan los servicios sanitarios cuando un reciente estudio de la Fundación de Ciencias de la Salud demuestra que éstos utilizan menos dichos servicios que la población autóctona.
Además, la deben considerar también mala porque tan sólo el 51% de los encuestados estima que los inmigrantes colaboran al mantenimiento del sistema de pensiones con sus contribuciones a la Seguridad Social. Al restante 49% le debe parecer poco el hecho de que en los últimos años los inmigrantes hayan aportado a la Seguridad Social casi 8.000 millones de euros anuales, el equivalente al superávit de dicha institución para el año 2007. O de que, por ejemplo, la relación entre cotizantes/pensionistas de los extranjeros sea de 30 a 1 cuando entre los nacionales la proporción es de 2,6 cotizantes por cada pensionista, es decir, que cotizan pero no están cobrándolas aún.
Es más, el 36% de los encuestados estima que los inmigrantes están quitándole sus puestos de trabajo a los españoles.
Ante ese panorama no es de extrañar que el 63% de la población apoye el retorno de los inmigrantes legales en tiempos de crisis.
En ese sentido, el gobierno no ha tardado en responder a la inquietud popular y el pasado viernes, 18 de julio, aprobaba el Plan de Ayuda al Retorno Voluntario para fomentar que los inmigrantes legales regresen a sus países de origen. De acogerse a ese plan, los inmigrantes cobrarían en dos plazos el monto correspondiente a su subsidio de desempleo: un 40% antes de marcharse y el 60% restante al mes de haber regresado a su país. Eso sí, los trabajadores que se acogieran al mismo no podrán volver a solicitar una autorización para vivir y trabajar en España hasta transcurridos tres años de su salida.
¡No me negarán que no es diligente este gobierno atendiendo al sentir popular! Y lo peor es el cinismo de la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando presenta el plan como una medida que contribuirá al desarrollo de los países de origen de los inmigrantes porque retornarán personas cualificadas, con experiencia y con ciertos recursos para seguir trabajando en su país de origen.
Se ve que, al menos en lo que se refiere a cualificación, la vicepresidenta ignora que un estudio de la OCDE pone de manifiesto que España ocupa uno de los primeros puestos en ese grupo de países en lo que a subocupación de la población inmigrante se refiere. Esto es, el 43% de la población trabajadora extranjera ocupa puestos de trabajo que están por debajo de su cualificación, cuando en Europa esa tasa se sitúa entre el 20 y el 25%.
Esa es la mano de trabajo «cualificada» que pretendemos expulsar hacia sus países de origen; la mano de obra que hemos infrautilizado aquí y que, por lo tanto, más que adquirir y perfeccionar su cualificación habrá visto como ésta se deterioraba.
Pero lo que a mi modo de ver es más grave es que, además, el 40% de los encuestados consideren que la inmigración ilegal debería ser tipificada como delito al más puro estilo Berlusconi.
Debe ser ese sentir casi mayoritario el que ha debido estimular a la firma de la «Directiva de la vergüenza» al gobierno español en donde, si bien no se tipifica la inmigración ilegal como delito, no se duda en permitir el «encarcelamiento administrativo» de quienes carezcan de papeles por un periodo máximo de 18 meses.
En fin, lo dicho: Spain no es tan different y tenemos los gobernantes que nos merecemos. Ni más ni menos.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes ver otros textos suyos en su blog La Otra Economía.