Por encima de toda eventual diferencia, la gente decente de este país y los ciudadanos demócratas del mundo entero tenemos una deuda eterna de gratitud para con el juez español Baltasar Garzón, doctor honoris causa de la Universidad ARCIS, por su descollante actividad en materia de jurisdicción universal y a propósito de las violaciones a […]
Por encima de toda eventual diferencia, la gente decente de este país y los ciudadanos demócratas del mundo entero tenemos una deuda eterna de gratitud para con el juez español Baltasar Garzón, doctor honoris causa de la Universidad ARCIS, por su descollante actividad en materia de jurisdicción universal y a propósito de las violaciones a los derechos humanos perpetrados en Chile por la dictadura militar de Pinochet.
Es el juez que abrió proceso en Madrid contra el dictador y demás responsables de los crímenes de las FFAA y la derecha chilena. Es quien, a solicitud de los abogados españoles alertó a la justicia británica de la presencia en Londres del militar delincuente contra el que Garzón había dictado orden de captura internacional a fin de que fuera trasladado a Madrid en donde debió ser condenado a presidio perpetuo, de no mediar las indignas gestiones de los gobernantes de la Concertación que salvaron al tirano. El oficio del juez a sus pares británicos significó más de un año de encierro a Pinochet.
Como se sabe, en cambio en España nunca fue posible abrir juicio a los asesinos franquistas ni investigar ni buscar a los desaparecidos. Son los problemas de las transiciones pactadas, que bien conocemos en casa. Impunidad que mantiene abiertas las heridas en el corazón de España. Y bien, el juez Garzón, en contra de la opinión de jueces reaccionarios decidió abrir un proceso por los crímenes de la barbarie fascista encabezada por Franco. Y por ese hecho, que no es más que el acatamiento a resoluciones de Naciones Unidas y a las normas básicas del Derecho Penal Internacional, el juez ha debido declarar dos veces en calidad de «imputado» ante el Supremo de su país, con el riesgo de ser procesado y condenado.
En el procedimiento abierto por el Tribunal Supremo, que es el órgano competente para juzgar a jueces de la Audiencia Nacional, se le acusa de prevaricación, es decir por dictar una resolución judicial injusta, a sabiendas. El argumento es que, al admitir la querella por los desaparecidos del franquismo, en contra del criterio del Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional que se oponía, ha prevaricado. Sucede sin embargo que a su vez el mismo Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo se ha opuesto a la querella contra Garzón por lo que, si se emplea el mismo razonamiento, los propios magistrados del Tribunal Supremo prevaricarían al admitir esa acción en contra del criterio del Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo.
Hay que agregar que el juez instructor contra Garzón es connotado miembro del «Patronato del Valle de los Caídos», emblemático instituto del franquismo, y que los querellantes son los dirigentes del autodenominado «Sindicato Manos Limpias», dirigido por ultraderechistas militantes de la organización política fascista «Fuerza Nueva».
Toca pues la hora de la urgente solidaridad con Garzón, de la movilización de las organizaciones de Derechos Humanos, de las universidades, de la propia judicatura chilena, de las asociaciones de magistrados, de los sindicatos, en fin de todas las fuerzas democráticas chilenas.
En casa mientras tanto todavía no se apagan los ecos de la aplaudida intervención en TVN de Jorge Arrate, el candidato presidencial de la izquierda chilena que ha mostrado una vez más que es, por lejos, el candidato más capaz, culto y consecuente de los cuatro que siguen en carrera. En otro orden de cosas, hay que tomar nota de la polémica por la gigantesca estatua de más de 14 mts. de altura, en homenaje a un controvertido Papa que se levanta en el barrio Bellavista de la capital frente a la Escuela de Derecho. De verdad parece a ratos que vivimos en Pelotillehue. Por último, cabe consignar nuestro acuerdo con Juan Pablo Cárdenas cuando en El Periodista, a propósito del aniversario del ejército, se pregunta «¿De que glorias me hablan?» y es que comparar la justa exigencia de ingreso a la institución de no tener antecedentes penales, con la realidad de muchas decenas de generales, coroneles y otros mandos presos por crímenes horribles o por latrocinios y corrupción, no resulta ser precisamente una gloria.
Eduardo Contreras, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, interpuso en enero de 1998 la primera querella criminal contra Pinochet en Chile en representación de Gladys Marín, secretaria general del PCCh.