Un país convertido en el «camarero de Europa», gracias a la política de los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, no parece el más indicado para liderar la salida de la crisis. En el inicio de 2010, los principales datos sociales en el Estado español son realmente abrumadores: más de cuatro millones de personas […]
Un país convertido en el «camarero de Europa», gracias a la política de los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, no parece el más indicado para liderar la salida de la crisis.
En el inicio de 2010, los principales datos sociales en el Estado español son realmente abrumadores: más de cuatro millones de personas desempleadas (20% de la población activa) y en aumento, duplicando la tasa de la UE; precariedad generalizada, con más de un tercio de los ocupados con contratos temporales, y una protección social que no deja de disminuir (21,1% del PIB, cuando en 1993 representaba el 23,4%), que retrotrae la diferencia con la eurozona (de media, un 27 % del PIB comunitario) a los tiempos del final de la dictadura franquista. Y todo ello a pesar de los estímulos como la aplicación de la Ley de Dependencia o las importantes partidas adicionales, destinadas al subsidio de desempleo, ante el espectacular incremento del número de parados. Mientras tanto, y a pesar de la montaña de dinero puesta a su disposición, los bancos mantienen el crédito congelado, destruyendo el tejido productivo y generando paro, y continuando con la obtención de grandes beneficios especulativos, en línea con otras grandes empresas del país, sin que gobierno alguno haya osado ponerles la más mínima traba. Ésta es la factura de la crisis, a cargo de los trabajadores del Estado español, y también es la credencial con la que accede el Gobierno de Zapatero a la presidencia semestral de la UE. La construcción europea siempre la hemos pagado los de abajo, y en el caso español con especial rigor: en los años ’80 y con el Gobierno de González, la entrada en la UE supuso la desertización industrial, y España se convirtió en un país de servicios, el camarero de Europa, parado o temporal. En los ’90 se dio una vuelta de tuerca más, y el cumplimiento con Maastricht fue a cargo de más paro, más contratos basura, graves recortes del gasto social y privatización masiva de servicios públicos. Finalmente, la introducción de la moneda única, aparte de un severo encarecimiento de la vida para la población, se saldó con pérdida de más derechos, especialmente por la vía de recortes del gasto público. Los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han obedecido siempre a los mismos dictados, y la actual presidencia española de la UE no será una excepción: el programa ha sido consensuado entre esos dos partidos, a los que se les han añadido la derecha nacionalista de CiU y PNV.
Tratado de Lisboa
La reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, impuesto sin consulta a los ciudadanos, con la excepción del «error corregido» irlandés, sitúa al Gobierno de Zapatero ante su principal tarea presidencial: consolidar un entramado dirigente carente de legitimidad democrática. La Comisión Europea, presidida por Durão Barroso y con graves sospechas de corrupción en varios de sus miembros, elige a Joaquín Almunia como ‘hombre fuerte’, un burócrata colocado en Europa después de que, encabezando las listas del PSOE en 2000, hiciera posible la mayoría absoluta de Aznar. El reciente nombramiento de la presidencia permanente, encabezada por Van Rompuy (¿quién lo ha elegido, cómo y para qué?), es la última pieza del montaje institucional de la UE, cada vez más alejado de la ciudadanía. Mientras tanto, instituciones como el Banco Central Europeo, fuera del más mínimo control democrático, seguirán dictando la política monetaria al gusto de las grandes fortunas e inyectando dinero público para salvar banqueros y grandes empresas. Ésa es la fórmula para salir de la crisis compartida por Zapatero, y ése es el proyecto de Europa que defiende. Un proyecto que va derivando peligrosamente hacia un engendro antisocial. Es en este espacio europeo donde circulan libremente las transacciones especulativas del capital, pero donde se impide el derecho humano a la libre circulación de las personas. Las medidas racistas, como la «directiva de la vergüenza», y los gobiernos que las aplican, provocan miles de muertes en las pateras y en las fronteras, y graves agresiones a los derechos humanos en conflictos preñados de xenofobia. Es en esa Europa del capital donde las conquistas laborales son sacrificadas, mediante el aumento de la productividad y la destrucción de empleo, en el altar de la «flexiseguridad», y desde donde se gobiernan nuestras vidas mediante otras directivas (Bolkestein, 65 horas, Bolonia, etc.), orientadas exclusivamente a la obtención del beneficio, a la privatización de servicios, a la mercantilización de la vida, al recorte de los derechos de los trabajadores y de los pueblos de Europa, y a la destrucción del medio ambiente. La estructura de la UE ha sido diseñada como instrumento para fortalecer las reglas de juego del gran capital, sin descartar su faceta más agresiva, la del dominio militar. Va cayendo la careta de un supuesto «pacifismo», alternativo al modelo norteamericano. De hecho, la ampliación de la UE ha supuesto, para muchos de los países del este europeo, transitar por la antesala del ingreso previo en la OTAN. Los proyectos de la industria armamentística (casi todos, por cierto, con participación española) cada vez tienen más espacio en la agenda europea: Eurofighter, Airbus A-400, Tifón, etc., y las intervenciones neocoloniales, bajo eufemismos como «acceso a los recursos energéticos globales», jalonan los discursos agresivos de dirigentes como Angela Merkel. No parece, por tanto, que los trabajadores y los ciudadanos, tanto europeos como del resto del mundo, podamos esperar nada positivo de la presidencia española, ni tampoco de la propia UE. Las organizaciones sociales que se han venido mostrando más activas contra esta Europa del capital y la guerra, ya han empezado a obrar en consecuencia, y se están coordinando esfuerzos para oponer, a ese modelo de Europa que nos imponen, «la solidaridad entre los pueblos, entre las distintas luchas y entre las personas», con un amplio calendario de movilizaciones a favor de los derechos sociales, a lo largo del semestre. El número de entidades convocantes no para de crecer, así como las acciones a desarrollar. De hecho, si alguna ventaja tiene la presidencia española de la UE, es la oportunidad de poner en escena todo un calendario de «cumbres alternativas» opuestas a las convocadas «oficialmente», en España, a lo largo de estos seis meses: energía y medio ambiente (Sevilla); trabajo (Barcelona); defensa (Palma); América Latina, Afganistán, etc., en la cumbre UE-EE UU (Madrid); agricultura (Mérida), etc., son sólo parte de las citas previstas. De la fuerza social que generemos en ellas depende, en gran medida, el futuro de todos.
Pep Juárez. Secretario de Acción Sindical de CGT-Balears.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Si-un-ciego-guia-a-otro-ciego,9998.html