El kurdo Hokman Joma, en prisión preventiva, se enfrenta a doce años de cárcel por lanzar un zapato al coche del primer ministro turco en protesta por la negación de derechos al pueblo kurdo. El 22 de febrero, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió en el Ayuntamiento de Sevilla el premio de […]
El kurdo Hokman Joma, en prisión preventiva, se enfrenta a doce años de cárcel por lanzar un zapato al coche del primer ministro turco en protesta por la negación de derechos al pueblo kurdo.
El 22 de febrero, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió en el Ayuntamiento de Sevilla el premio de la Fundación Sevilla NODO Entre Culturas, «por su labor en pos del entendimiento entre civilizaciones y culturas». A la salida del acto protocolario, el activista kurdo Hokman Joma le llamó «criminal», al tiempo que le arrojaba un zapato que impactó en el coche oficial. Joma fue inmediatamente reducido y puesto bajo prisión preventiva, una medida excepcional de dudosa aplicación en este caso, pues se reserva a casos en los que hay indicios de estar ante un delito muy grave. La titular del juzgado 11 de instrucción de Sevilla consideró justificada la medida por la «repercusión internacional», aunque decretar la prisión preventiva por alarma social es inconstitucional.
La asociación de juristas Grupo 17 de Marzo se ha hecho cargo de la defensa del detenido y ha denunciado los excesos e irregularidades que se están cometiendo. Se imputa a Hokman Joma un delito de injurias agravado por tratarse Erdogan de un mandatario extranjero, algo que es técnicamente discutible y no tiene precedentes, dado que las exclamaciones que profirió no han sido hasta el momento merecedoras de la consideración de delito.
Aunque fue reducido de manera fulminante por las fuerzas de seguridad, sin oponer resistencia alguna y sin que consten lesiones causadas a los agentes, también se le imputa un delito de resistencia a la autoridad. El zapato arrojado infructuosamente por el periodista iraquí Muntadhar al-Zeidi al presidente Bush fue tasado en dos años de cárcel. En el caso de Joma, la condena por los tres delitos puede sumar hasta 12 años de cárcel.
En 2004, Erdogan arropó la iniciativa del presidente Zapatero para la Alianza de las Civilizaciones; en este sentido, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, el reconocimiento de la Fundación Sevilla cobraba sentido. Las buenas relaciones entre la UE y Turquía se han solapado a la búsqueda de respuestas al conflicto kurdo. Esta etnia habita territorios de varios países, como Turquía, Siria, Irán, Iraq y Armenia, lo que la convierte en el mayor pueblo sin estado del planeta. Pese a que recientemente hay una mayor tolerancia hacia manifestaciones culturales kurdas, alentada por la Unión Europea, desde la misma creación de Turquía el conflicto ha estado presente: rebeliones sofocadas a sangre y fuego, miles de aldeas y poblados destruidos, cientos de miles de refugiados, leyes marciales, guerra sucia, decenas de miles de muertos. Capítulos de una historia que tuvo un nuevo episodio en el acto que llevó a cabo Hokman Joma.
Análisis// Un ejemplo de prisión por motivos políticos
Por Luis Ocaña
En los últimos tiempos venimos asistiendo al uso y abuso de la prisión provisional en el Estado español como una medida netamente represiva, pese a la evidente lesión que supone sobre el derecho a la libertad consagrado por el artículo 17 de la Constitución. Esto le sitúa a la cabeza europea en número de personas en prisión preventiva y pone en tela de juicio la idoneidad de esta medida para asegurar la paz.
Pese a que su uso desmesurado entra en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los Juzgados de Guardia la usan de forma indiscriminada y generalizada y, ante la duda, optan por enviar al imputado a la cárcel forzando hasta el límite los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Conforme al Constitucional, la prisión provisional es una medida excepcional, porque supone encarcelar a una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Por ello se reserva para casos en que haya indicios claros de haberse cometido un delito muy grave y exista riesgo de fuga expreso, sin que pueda utilizarse por motivos políticos o como sanción. El caso de Hokman Joma es una muestra palmaria de prisión por motivos políticos, pues se envía a la cárcel a un activista pro-derechos humanos que no hace más que plantear una reivindicación humanitaria y social.
Frente a su comportamiento -que en otro caso no iría más allá de una falta en grado de tentativa- , la jueza de instrucción encargada del asunto justifica la adopción de esta medida por la «repercusión internacional» del asunto, contradiciendo directamente la jurisprudencia del Constitucional, que expresamente ha declarado inconstitucional el utilizar la alarma social de un caso como justificación de una medida de prisión provisional.
Destaca asimismo la desproporción y la poca consistencia de los numerosos delitos que se imputan a Joma. Da la impresión de que se le acusa de tantos , algunos de ellos contradictorios entre sí y que podrían implicar su encarcelamiento por muchos años, para aumentar la apariencia de gravedad y justificar un ingreso en prisión jurídicamente infundado. Y todo, a pesar de la difusión de las imágenes de la acción y detención del activista, en las que se aprecia cómo los policías y los guardaespaldas turcos le bloquearon, le taparon la boca y lo inmovilizaron contra el suelo. No se atiende a que era una persona desarmada, rodeada de policías y guardaespaldas, reducida de manera fulminante y sin posibilidad de resistencia y se obvia la ausencia de lesiones o denuncias por parte de los policías implicados.
El resto de imputaciones no son menos estrafalarias y da la impresión de que obedecen antes a la intención política de proyectar una imagen de dureza frente a los hechos que al respeto escrupuloso de las normas penales vigentes.
En definitiva, se trata de imputarle una serie prácticamente imposible de delitos para agravar la pena y justificar de ese modo la prisión provisional, sorteando la prohibición constitucional de utilizarla como sanción y quizás obedeciendo a presiones políticas y diplomáticas antes que a criterios jurídicos. Aparentemente, la absoluta desproporción de la respuesta judicial en este asunto está relacionada con el deseo político de contentar al Gobierno turco en un asunto relacionado no tanto con la dignidad de su primer ministro, como con el estatus del pueblo kurdo en Turquía.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/A-la-carcel-por-el-zapatazo-a.html