El conseller d’Economia del gobierno tripartito, Antoni Castells, en sus declaraciones del lunes 19 de julio ante la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre la posible financiación ilegal de CiU a través de las ayudas recibidas desde el Palau de la Música e instituciones próximas, ha proclamado y asegurado la inocencia de las […]
El conseller d’Economia del gobierno tripartito, Antoni Castells, en sus declaraciones del lunes 19 de julio ante la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre la posible financiación ilegal de CiU a través de las ayudas recibidas desde el Palau de la Música e instituciones próximas, ha proclamado y asegurado la inocencia de las administraciones catalanas, de la Generalidad y del Ayuntamiento barcelonés [1].
El conseller Castells declaró que, sin ninguna duda además, él cree en la inocencia de todos los funcionarios de la Generalitat implicados en el caso, así como la de «otros servidores públicos», en clara referencia a Ramon García-Bragado, teniente de Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona; Ramon Massaguer, ex gerente de Urbanismo, y Enrique Lambies, el director jurídico de Urbanismo, así como la del arquitecto y asesor de Félix Millet, Carles Díaz.
El tiempo y el deseable coraje jurídico y ciudadano emitirán su valoración en torno a la veracidad de las creencias y afirmaciones del señor Conseller sobre la, digamos, peculiar, oscura y aún no totalmente aclarada gestión de la operación.
Pero hay una arista previa, como es obvio, al proceso de gestión: la recalificación de los terrenos, la conversión por parte del gobierno municipal barcelonés -con incomprensible apoyo, aún no suficientemente explicado, de ICV-EUiA y única oposición de ERC- de unos terrenos con finalidades públicas en un barrio del Casco Antiguo de la ciudad con tantas necesidades por cubrir, la recalificación decía de esos lugares en terreno urbanizable para construir un hotel de lujo para visitantes de la ciudad, con habitaciones, pongamos, a 500 o más euros, la mitad del sueldo medio mensual de un trabajador barcelonés.
Esta arista, la operación en sí, no me refiero a la gestión, le parece al conseller Castells, siempre satisfecho de haberse conocido y aparentemente seguro de todos sus alrededores, irreprochable, impecable y razonable. Ha sido, en su opinión, «una actuación irreprochable hecha al servicio del interés público y de una institución respetada y respetable como es el Palau de la Música».
¿Al servicio del interés público un potencial pelotazo de manual denunciado desde hacía tiempo, con documentación y razones, por la Asociación de Vecinos del barrio? Por si fuera necesario recordarlo: la acusación afirma que Félix Millet, el que fuera president de esa institución respetable y respetada que es el Palau, se había embolsado una comisión de 3,6 millones de euros (¡más de tres millones y medio de euros!) por sus gestiones ante el conseller Castells con el objetivo de conseguir la permuta urbanística y la recalificación de las fincas. Por gestiones ante el conseller. ¿Qué gestiones fueron esas?
Nada de ello se traslució en la comparecencia. ¡Con qué aplomo y seguridad hablan los miembros y representantes de las clases dirigentes catalanas!
Nota:
[1] Albert Martín Vidal, «Castells defensa l’operació de l’hotel del Palau». Público, 20 de julio de 2010 (edició Catalunya), pp. 1-2.
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