El 13 de septiembre la Audiencia Nacional reanudó la vista oral contra 21 miembros de Udalbiltza, detenidos en 2003 por orden el juez Baltasar Garzón. En la enésima causa contra la izquierda abertzale civil, al amparo del «todo es ETA» formulado por el juez Garzón, 21 representantes municipales y trabajadores de Udalbiltza están siendo juzgados […]
El 13 de septiembre la Audiencia Nacional reanudó la vista oral contra 21 miembros de Udalbiltza, detenidos en 2003 por orden el juez Baltasar Garzón.
En la enésima causa contra la izquierda abertzale civil, al amparo del «todo es ETA» formulado por el juez Garzón, 21 representantes municipales y trabajadores de Udalbiltza están siendo juzgados por «un posible delito de integración en organización terrorista». Afrontan penas que oscilan entre los diez y los 23 años de cárcel. Udalbiltza, la Asamblea de Ayuntamientos y electos municipales de Euskal Herria nacida en 1999 por el impulso de 1.778 concejales (tanto del PNV, de EA, de la izquierda abertzale como de electos independientes de los siete herrialdes, aunque se escindió tras la ruptura de la penúltima tregua), se configuró entonces como la primera institución nacional moderna del soberanismo vasco.
Derecho penal del enemigo
El juicio, que arrancó en julio y prosigue desde el 13 de septiembre en la Audiciencia Nacional, finalizará previsiblemente durante la primera quincena de octubre. En lo que ha transcurrido de vista oral, las acusaciones formales se han centrado sólo en las tareas como cargos electos municipales y como dinamizadores de Udalbiltza de los acusados. Y de nuevo ha quedado acreditada, una vez más, la ausencia de pruebas, la nula relación con ETA y la transparencia y claridad en las cuentas y actividades del organismo municipalista, así como la imposibilidad de individualizar ilícitos penales contra los 21 procesados. Una realidad procesal excepcional, que el 11 de septiembre denunció el abogado catalán Jaume Asens,en el transcurso de un acto de solidaridad celebrado en Barcelona junto al procesado Lander Etxebarria: «Todo remite al derecho penal del enemigo, se juzga no por lo que has hecho sino por lo que eres y representas y para ello se prescinde de toda prueba».
El sumario contra Udalbiltza se reviste de una analogía casi idéntica con el proceso contra Egunkaria. Se gestó en abril de 2003 bajo las órdenes del juez Baltasar Garzón sólo dos meses despúes del cierre de ese periódico, tras una macroperación policial y 13 detenciones. El magistrado, que bloqueó las cuentas pero no ilegalizó a Udalbiltza, finalmente imputó a 22 personas. Comenzado el juicio, el tribunal exoneró a la procesada Miriam Campos, al haber sido juzgada y condenada por la misma causa con anterioridad. De los 21 procesados, sólo Txarlo Etxezarreta está siendo juzgado en rebeldía. Residente en el Estado francés, donde desarrolló su actividad municipalista y donde Udalbiltza no está proscrita, su abogado comunicó que no asistiría al juicio.
Con el caso Egunkaria, el juicio a Udalbiltza comparte otras coincidencias: la sala de la Audiencia Nacional que la juzga es la misma que enjuició y absolvió a los cinco procesados de Egunkaria con una sentencia demoledora en términos jurídicos. Los letrados de la defensa coinciden en valorar que los mismos criterios absolutorios son de plena aplicación en este nuevo proceso. Aunque respecto al proceso contra Egunkaria hay una única diferencia: que la Fiscalía mantiene todavía todas las acusaciones. Tanto la acusación pública como la popular, ejercida por el grupúsculo ultraderechista Dignidad y Justicia de Daniel Portero, piden la «ilegalización de Udalbiltza, del Consorcio Udalbiltza» y del Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo, uno de los proyectos desarrollados por este organismo.
Aunque lo que se mantiene intacta es la solidaridad. Antes y durante el juicio las muestras de apoyo se han sucedido ampliamente. El primer día representantes de la izquierda abertzale, Aralar, EB, EA y PNV, así como alcaldes y ediles de numerosas localidades vascas viajaron hasta Madrid para arropar a los encausados. Desde el País Vasco, todas las formaciones políticas -excepto PSOE, PP y UPD-, más de 50 municipios vascos así como la mayoría de agentes sociales y sindicales han exigido la libre absolución. Además, un grupo de 33 personalidades vascas han exigido la absolución, con firmas que han incorporado a miembros del PSE y el PSN.
Cabe recordar que en 2008 el Parlamento Vasco ya solicitó la exoneración de los encausados, solicitando que fiscalía retirara los cargos presentados. Desde Catalunya, una vez arrancara el juicio, ya son cuatro los municipos que han aprobado mociones pidiendo a Fiscalía que retire los cargos. Hasta 60 concejales catalanes de diferentes sensibilidades promueven un manifiesto que se hará público antes de que finalice el juicio.
Acto de apoyo a Udalbiltza en Madrid
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-juicio-a-Udalbiltza-suma-y.html