Ya está cerca el final de 2010. Y con él se irá otro servicio público que funciona de manera perfecta en aras de la liberalización económica que la UE (que somos todos, como Hacienda) nos impone. El Congreso ya ha aprobado el proyecto de ley propuesto por el Gobierno por el que cualquier empresa europea […]
Ya está cerca el final de 2010. Y con él se irá otro servicio público que funciona de manera perfecta en aras de la liberalización económica que la UE (que somos todos, como Hacienda) nos impone. El Congreso ya ha aprobado el proyecto de ley propuesto por el Gobierno por el que cualquier empresa europea podrá optar a dar servicios postales en España.
Cuestiones ideológicas al margen, la apertura de este servicio a nuevos actores tendrá dos consecuencias inevitables: si el mercado se divide, muchos empleados de Correos habrán de ir a la calle y el aumento del coste de Correos para las arcas públicas, ya que esta empresa se queda con la obligación de dar el Servicio Universal, lo cual en realidad significa seguir dando servicio a las zonas deficitarias.
Tal y como afirma Izquierda Unida, «las empresas privadas se quedan con la parte lucrativa del pastel» […] «lo que pasará es que se ampliará el nivel de desigualdad de los ciudadanos al haber una doble escala de prestación de servicio: una para los que residen en las ‘zonas rentables de mercado’ y otra para los que viven en ‘zonas no rentables’, que verán el progresivo deterioro de la calidad de los servicios».
Resultan graciosos, cuando no indignantes, los términos en que Moncloa nos ‘vende’ el cambio. Leo en su web que
«El Proyecto persigue el cumplimiento de tres objetivos básicos:
1. Garantizar un servicio postal universal de calidad, prestado en todo el territorio del Estado con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.
[Esto ya sucedía, no hacía falta este proyecto para eso]
2. Asegurar que los usuarios de los servicios postales gozan de unos derechos adecuados, independientemente de quien sea el prestador de los mismos y del ámbito de esa prestación.
[Esto ya sucedía, no hacía falta este proyecto para eso]
3. Conseguir un mercado postal con reglas de funcionamiento seguras y transparentes que hagan posible la libre concurrencia en la prestación de los servicios postales, garantizando en todo caso el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores del sector y la integridad de la red pública de Correos.»
[Ahí, ahí, ‘la libre concurrencia’ es el único objeto de la ley. Y después… ¿qué significa ‘respetar los derechos sociales y laborales’, ¿incluye el derecho a cobrar el paro tras su despido? ¿impide que las nuevas empresas contraten con condiciones miserables?].
Y continúan las explicaciones del Gobierno, recuerden, socialista:
«La nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, eliminando las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable». Acabáramos, resulta que eso era la economía sostenible de Zapatero, ¡la liberalización! ¿Estamos seguros que al leonés no le han cambiado por un clon creado con células madre de Milton Friedman?
Y el comunicado de La-Moncloa.es termina con un guiño humorístico, que siempre viene bien en tiempos de crisis:
«Empleo de calidad
Entre los principios rectores que conforman el Proyecto de Ley se contempla el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores postales en el convencimiento de que en un sector tan intensivo en mano de obra, como es el postal, únicamente puede hacer frente a los retos que se le presentan con un empleo de calidad».
¡Tachaaaaaaaán! ¿Empleo de calidad en este sector? ¿Quién puede creer que la profesión de cartero vaya a ser respetada por las empresas compitiendo a pecho descubierto? Sólo hay que mirar al resto de sectores y ver en cuáles que no sean de alta cualificación se oferta empleo de calidad. Uno no quiere pensar que se ríen en nuestra cara pero cuesta trabajo, no se crean.
Fuente: http://laaldeaglobal.com/2010/10/15/correos-la-ultima-victima-de-la-fiebre-liberalizadora-de-la-ue/