Ya no importa cuál sea la sentencia, si es que el juicio llega a celebrarse, porque la condena, el daño y el descrédito hacia esta persona ya ha sido administrado con creces, en abundancia. Y no sólo a la persona detenida y acusada, sino también al movimiento sindical, especialmente al que no está en la […]
Ya no importa cuál sea la sentencia, si es que el juicio llega a celebrarse, porque la condena, el daño y el descrédito hacia esta persona ya ha sido administrado con creces, en abundancia. Y no sólo a la persona detenida y acusada, sino también al movimiento sindical, especialmente al que no está en la línea del sindicalismo condescendiente.
La situación es complicada y mucho más lo es el presunto delito cometido hace tantos años, sin pruebas ni testigos, tan sólo con la apreciación y el testimonio de la joven presuntamente agredida. Es una acusación contra una persona de seria trayectoria, comprometida en diversos movimientos sociales y sin antecedentes por delito alguno.
El juzgado o la Policía Nacional, o ambos, filtraron con todo detalle a la prensa la condena anticipada y dirigida directamente a un «conocido sindicalista» del que dan sus iniciales y el nombre del astillero en el que trabajó. El diario La Nueva España, en la edición de Gijón, se suma al linchamiento y lleva a la primera página la noticia con el siguiente titular: «Una gijonesa identifica, cuatro años después en un autobús, al sindicalista que abusó de ella». Según la extensa noticia, la joven de 19 años «denunció haber sido objeto de tocamientos y gestos obscenos en la calle», cuatro años antes, cuando tenía 15 años. La identificación se produce cuando el agresor viajaba en el mismo autobús y, sin mediar más circunstancias ni averiguaciones, la policía lo detiene en plena vía pública y lo traslada directamente al calabozo.
En el interior del periódico continua la ofensiva a media página: el acusado es un conocido sindicalista «con antecedentes por delitos de desórdenes públicos». Sin concesiones, sin lugar a la presunción de inocencia, el juzgado o la policía no tienen duda sobre los hechos y para mayor descrédito añaden las descalificaciones necesarias para que se sumen a la acusación de lo que ya dan por agresión sexual. El nivel de seriedad profesional de las instituciones y de la prensa queda de manifiesto. Esta acusación tan firme contribuyó a que una buena parte de los numerosos comentarios de los lectores de la noticia, vía internet, vaya en la misma dirección de condena, con una redacción de folletín barato y con el mismo nivel con el que se pasó la filtración y ha sido publicada.
Este «conocido sindicalista» lleva décadas viviendo en el mismo barrio de Gijón y utilizando diariamente el autobús en la misma parada. La joven también tiene su residencia en el mismo barrio y en cuatro años parece que nunca tuvo ocasión de cruzarse con él. Desde luego que no se trata de cuestionar los hechos, pero tampoco se puede sentenciar con esta filtración de tan poca consistencia y de tanta irresponsabilidad a un trabajador, que si es sindicalista lo es sólo por afiliación y no como sindicalista profesional liberado y con sueldo.
Es deseable que se dé satisfacción y justicia a la joven por las agresiones de las que dice haber sido objeto, pero también es deseable que la misma justicia caiga sobre los que han filtrado acusaciones tan graves, sobre los que dan por sentenciados los hechos sin ninguna presunción de inocencia y, también, sobre la prensa que entra en este juego y admite y da cabida a decenas de comentarios insultantes escudados además en el anonimato.
Cuando ni siquiera se había instruido la acusación ni finalizado los demás detalles del procedimiento. Cuando ni siquiera parece que haya datos o pruebas consistentes para que la acusación sea admita a trámite, sin embargo, ya tenemos la condena, pero no sólo del «acusado», sino también de determinado modelo sindical poco o nada conciliador y de determinadas movilizaciones laborales a las que la filtración califica como de desórdenes públicos y de delictivas.
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