Promesas vacías y nubes de humo son los mejores términos con los que podría describirse la actual versión de la llamada Ley Sinde, según la redacción que ha recibido el visto bueno en un pacto de última hora entre PSOE, PP y CiU. Sobre esta redacción mostramos nuestro más profundo y absoluto rechazo, y nos […]
Promesas vacías y nubes de humo son los mejores términos con los que podría describirse la actual versión de la llamada Ley Sinde, según la redacción que ha recibido el visto bueno en un pacto de última hora entre PSOE, PP y CiU. Sobre esta redacción mostramos nuestro más profundo y absoluto rechazo, y nos comprometemos a efectuar cuantas acciones nos sean posibles para eliminarla.
Cuesta leer un texto que comienza con una burla: la promesa vacía de que, en el plazo de tres meses tras la aprobación de la ley, se vaya a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada sin ni siquiera explicar en qué va a consistir dicha modificación. Nada impediría, por ejemplo, que al tiempo que se declare a empresas y administraciones públicas exentos del pago del canon se eleve la cuantía del mismo para la ciudadanía de a pie, asegurando así a las entidades gestoras de derechos de autor la percepción de una cantidad mínima (mínima, que no pequeña) pactada hace ya tiempo con el Ministerio de Cultura.
Y de la burla pasamos al engaño, porque públicamente se ha defendido esta normativa como la regulación que acabará, presuntamente, con lo que algunos llaman la «barra libre» o el «todo gratis» en Internet, argumento que se repite una y otra vez como si la legislación actual impidiese a los jueces la clausura de las webs que vulnerasen los derechos de autor, de igual forma que ya se hace para delitos graves como pederastia o enaltecimiento del terrorismo. En realidad la llamada Ley Sinde no busca otra cosa que reducir todo lo posible la competencia y la tutela judicial en lo relativo al cierre de páginas web para ser sustituidos por un «órgano competente» de carácter administrativo, rompiendo con la separación de poderes de cualquier estado moderno.
¿Qué se pretende con la nueva legislación? ¿Ganar velocidad en los trámites a cambio de perder las garantías judiciales que protegen la libertad de expresión o, simplemente, eliminar dichas garantías judiciales? Parece como si quisieran convencernos de que debemos elegir entre una justicia garantista y una justicia rápida, si tanta prisa hay ¿porque no dotar de mas medios a los jueces?, ¿de mejores instalaciones, de tecnología?, ¿de medios humanos?, ¿comisiones para otros delitos? no estan interesados en la justicia, sino en mantener privilegios medievales.
¿O, como aseguran algunos, se trata de salvar la industria cultural? Por mucho que se afirme lo contrario el actual modelo de negocio no dejará de estar obsoleto, y apuntalarlo con leyes represivas tendrá como principal efecto despertar la animadversión de sus potenciales clientes. Recientemente se había iniciado un proceso, al abrigo de Alex de la Iglesia, en el que industrias culturales e internautas intentaban buscar modelos de negocio que fueran satisfactorios para todos, pero ante la amenaza de la aprobación de la Disposición Final Segunda de la LES queda claro que ni el gobierno ni los principales partidos políticos están interesados en esta búsqueda. Lamentable actitud esta, que apuntala los modelos de negocio ruinosos y bombardea la búsqueda de alternativas.
Pero el diálogo y la búsqueda continuarán contra viento y marea. Lamentablemente algunos no quieren unirse a la búsqueda y prefieren atrincherarse en sus viejas ideas, haciendo lo posible por retrasar lo inevitable. El tiempo pondrá en su lugar a cada uno, y esperemos que cuando lo haga no sea demasiado tarde. Es triste tener un gobierno que en vez de gobernar a favor de los ciudadanos, gobierna a favor de las grandes corporaciones y lobbies, de espaldas a sus votantes, y en total contraposición a los intereses de su país y sus ciudadanos.
Por un mundo digital libre.
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