Es elemental pero, como nos recordaba y señalaba en frecuentes ocasiones Manuel Vázquez Montalbán que nunca era pueril ni obvio, es necesario a veces insistir en lo que es evidente… e indignarse por ello. Público [1] ha consultado a ocho juristas expertos en Derecho Mercantil sobre el caso. ¿Qué caso? Pues el caso. ¡A ocho! […]
Es elemental pero, como nos recordaba y señalaba en frecuentes ocasiones Manuel Vázquez Montalbán que nunca era pueril ni obvio, es necesario a veces insistir en lo que es evidente… e indignarse por ello.
Público [1] ha consultado a ocho juristas expertos en Derecho Mercantil sobre el caso. ¿Qué caso? Pues el caso. ¡A ocho! Todos ellos han preferido no dar sus nombres. Como en tiempos, que parecen no superados, de silencio y clandestinidad. ¡Ocho hombres poderosos que prefieren ubicarse en al anonimato! No se fían; no quieren que les fichen. Pero… ¿quién?, ¿quiénes?
Los ocho juristas clandestinos consideran que el caso Urdangarin-Borbón-Torres [UBT], uno de los casos de finanzas irregulares, redes de privilegiados, corrupción, subordinación, dominio borbónico, con mayor y más profunda carga política de estos últimos 35 años, se está acercando peligrosamente a la mismísima infanta Cristina de Borbón. ¿Podría ser de otro modo? No, parece que no.
La hija del Rey, tan bien tratada hasta el momento por la burguesía catalana y sus poderosos medios de inculcación cultural, la misma que fue visitada recientemente en su retiro usamericano por su madre, la Reina Sofía, está vinculada personalmente con dos de las estructuras claves de la trama Urdangarin-Borbón-Torres [2]: fue vocal de Instituto Nóos y es socia copropietaria al 50% de Aizoon [3] y secretaria de la Junta. La mitad de los expertos que prefieren no dar su nombre sostienen que el juez del caso -de ahí la importancia de qué Juzgado lleve «el caso UBT»- puede acabar llamando a Cristina de Borbón a declarar. De hecho, uno de los expertos anónimos cree que «el juez no tiene escapatoria». Veremos en qué quedan esas posibilidades y escapatorias. El tiempo, el interés ciudadano, el poder (oscuro) de los de siempre, la intervención de los partidos políticos republicanos de izquierda, la dignidad y coraje de jueces y magistrados, nos irán dando pistas sobre la evolución no de las especies, ni de nuestra especie en concreto, pero sí de un caso, el caso, que afecta directamente, como en otros momentos de nuestra reciente historia, al comportamiento de los miembros de la Monarquía española, de la familia de la primera autoridad del Estado.
Pero puestos en materia hay otro punto no menos esencial. La familia real, según se ha sabido, conocía los desaguisados del señor Urdangarin y de su real consorte desde hacía cuatro o cinco años. Tal vez sea así… o acaso puede ser peor. ¡La vida nos da sorpresas! Ahora más que nunca. En todo caso, el dorado destino de la pareja en tierras americanas tuvo que ver con la distancia, el tiempo y el olvido que casi todo lo cura y los pies para qué os quiere, aconsejados desde instancias reales. Por lo demás, si bien la infanta era vocal sin responsabilidad concreta del Instituto Nóos, Carlos García Revenga, el secretario privado de las infantas, un consejero real, ejerció de tesorero -¡nada menos que de tesorero!- en el Instituto, una asociación que se rige por la Ley de Asociaciones catalana.
Más allá de todo lo anterior, y no es poco, supongamos por un momento que el asunto afectara directamente, sin mediaciones familiares, al máximo representante de la Casa (de la Real, me refiero). No es una conjetura descabellada fruto de un irresponsable y sectario republicanismo. ¿Recuerdan aquellos casos, tan poco aireados por la prensa de la época y ahora tan poco recordados, que contaron con la decisiva presencia, consejo y actuación de los financieros reales Javier de la Rosa y Manuel de Prado y Carvajal? ¿Recuerdan aquellas amenazas que hablaban de estirar de la manta? ¿Qué pasaría en este caso, qué pasaría si la flecha apuntara hacia otras cumbres abismales, las máximas posibles?
Pues nada. ¿Por qué? Porque, según nuestra Constitución que dice ser democrática, la figura del Rey es inviolable y haga lo que haga nada puede hacerse. Nada es nada.
¿Una cláusula así puede tener vigencia en una Constitución realmente democrática? ¿Alguien puede estar por encima de la ley y los demás seguir silbando como si el viento pasará por Almería y el cierzo siguiera haciendo de las suyas en el Moncayo? ¿Cabe usar el adjetivo «democrática» para caracterizar consistentemente una Constitución así?
PS: Por cierto, ¿sigue siendo Urdangarin un empleado de la primera multinacional española? ¿Todavía? ¡No me lo puedo creer! ¿No tiene nada qué decir Telefónica y el señor Alierta en este turbio asunto? ¿Esta es la ejemplaridad poliética que quiere dar en el consejo económico-social de la UNED? ¿Participó la dirección de Telefónica en los planes de evacuación de la pareja Urdangarin-Borbón (o Borbón-Urdangarin, tanto monta Cristina como Iñaki).
Notas:
[1] Pere Rusiñol, «Infanta y esposa pero también socia». Público, 19 de diciembre de 2011, p. 4
[2] ¿Qué deben enseñar estos profesores de ESADE? ¿Será por ese curioso ambiente de honestidad y buen hacer que el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de esta escuela empresarial, Salvador del Rey, ha reclamado que se acometan «de forma urgente» nuevos cambios del marco regulador del mercado laboral que «mucho más ambiciosos» en materia de contratación, flexibilidad interna y despido? ¿De qué negocios se habla en esa escuela de negocios?
[3] Aizoon consiguió ingresos por 2.550.833 euros y pagó al fisco 126.062 euros (¡menos del 5%!)
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