El Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige el economista José Manuel Soria encargó a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el pasado 27 de enero, un informe sobre posibles medidas «dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico». La CNE envió ese informe al Ministerio el día ocho de […]
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige el economista José Manuel Soria encargó a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el pasado 27 de enero, un informe sobre posibles medidas «dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico». La CNE envió ese informe al Ministerio el día ocho de marzo. El Ministerio prohibió la publicación del mismo «hasta que fuera debidamente evaluado» y la CNE se saltó el viernes la prohibición publicando el informe en cuestión en su sitio en la red, cne.es (véase Resumen Ejecutivo).
Esta vez no pudo ser. El oscurantismo característico de la administración energética española ha saltado por los aires. El viernes, el ente regulador de los sistemas energéticos de España, la Comisión Nacional de Energía, desoyendo la prohibición expresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), colgó en su sitio (cne.es) el informe que el propio ministerio había encargado y cuya publicación el propio Minetur había prohibido explícitamente. Los motivos que hay detrás de esa censura parecen muy evidentes -el informe que ha elaborado la CNE no es del gusto del gobierno-, al menos a tenor de la nota de prensa difundida por el propio ministerio.
Lo dejó muy claro la secretaría de estado de Energía, que envió a los medios de comunicación una nota de prensa de urgencia (20.40 horas del día 9, viernes) en la que «lamenta» las consecuencias que la publicación del informe, «por decisión unilateral y exclusiva de la Comisión Nacional de Energía», haya podido causar a las empresas mencionadas, «directa o indirectamente», en el susodicho informe. Más allá de esa preocupación ministerial por los intereses de ciertas empresas, en todo caso, destacan en esa nota de prensa -de redacción no particularmente afortunada- tres frases que adelantan la valoración «express» -en apenas 24 horas- que hace el ministerio de ese informe, documento que casi ocupa trescientos folios.
A saber, según la secretaría de estado de Energía, que recibió el documento de la CNE el día 8, «el informe contiene propuestas que no se van a adoptar, el informe carece de efecto vinculante y el informe únicamente constituye un elemento más de análisis para las medidas que en el futuro pudieran adoptarse». En fin, que, a tenor de lo apuntado en esa nota de prensa, el ministerio que prohibiera la publicación de ese informe -«hasta que fuera debidamente evaluado»- ha debido evaluar «debidamente» el informe en cuestión (casi 300 páginas) en apenas 24 horas, pues ya ha decidido que el documento de la CNE «contiene propuestas que no se van a adoptar».
Algo de contexto
En el proceso de redacción del documento, la CNE abrió una consulta pública, a principios de febrero de 2012, que dio lugar a la formulación por parte de diferentes grupos de interés de más de quinientas observaciones y propuestas de reforma. El nivel de participación en la consulta pública -«elevado», según la CNE- ha sido el siguiente: 477 respuestas al cuestionario sobre el sector eléctrico, de las cuales más de 200 procedían de particulares; 68 respuestas al cuestionario sobre el sector gasista, de las cuales unas 13 procedían de particulares; 42 respuestas al cuestionario sobre el sector de hidrocarburos líquidos, de las cuales unas 20 procedían de particulares. Todas ellas han sido remitidas al ministerio y también se pueden consultar en cne.es.
El informe ha sido aprobado por todos los consejeros con la abstención del presidente, Alberto Lafuente, cuyo voto particular también ha sido enviado a Industria. La postura del ministerio con respecto a los informes de la CNE -«el informe carece de efecto vinculante y el informe únicamente constituye un elemento más de análisis para las medidas que en el futuro pudieran adoptarse»- contrasta con su postura con respecto a los dictámenes de otro entre también consultivo, el Consejo de Seguridad Nuclear, que solo tiene capacidad para determinar si una instalación nuclear es segura o no pero que, sin embargo, está siendo presentado por el ejecutivo como aval para la prórroga comercial de la operación de Garoña, que previsiblemente podría continuar en funcionamiento hasta 2019.
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