Seis asociaciones de niños robados se han reunido hoy con los ministros de Justicia, Interior y Sanidad. A la misma hora acudía a los juzgados la monja sor María Gómez Valbuena, que se negó a declarar. El ministro no habla de juzgar a los culpables que aún viven.
Seis asociaciones de bebés robados del Estado español se han reunido esta mañana con los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y el ministro del Interior, Jorge Fernández, además del Fiscal General del Estado, Enrique Torres-Dulce y la fiscal designada, hasta ahora, para el caso de los niños robados, Ana Murillo, para coordinar las actuaciones en torno al caso de los bebés robados.
En el encuentro, que ha durado dos horas, se han puesto sobre la mesa las peticiones de las asociaciones al Gobierno, recogidas en un documento consensuado por todas las organizaciones de bebés robados y que ya fue presentado el 20 de febrero.
En el informe se resumen los puntos sobre los que debe trabajar el Gobierno para la búsqueda de los bebés robados y en lo que se refiere a las denuncias ya presentadas, que según las asociaciones de afectados son más de 1.800 y que no han sido archivadas, de entre «los miles de casos niños robados», que estiman se han producido entre los años ’60 y ’90.
Seis asociaciones de afectados
A la cita con el ministerio han sido convocados Mar Soriano, de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España Causa niños robados; Antonio Barroso de Anadir; Enrique Vila por SOS Bébes Robados estatal; Guillermo Peña, abogado de SOS bebés robados de Madrid; Marina Palomo de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), Francisco González Tena y Miguel Ángel Rodríguez del Colectivo sin Identidad y representantes del Colectivo Canario de bebés robados.
Otros dos representantes que han reclamado asistir y cuya petición no ha sido atendida, han sido Soledad Luque, de las asociación Todos Los Niños Robados son También Mis Niños y Eduardo Raya, abogado de Granada, padre de una niña robada que sí fue convocado en anteriores reuniones, y que explica que el Instituto de Toxicología «falsificó las pruebas de ADN de su hija» porque asegura que «hay alguien importante implicado», según ha declarado esta mañana a DIAGONAL.
Antes de iniciarse la reunión en el Ministerio de Justicia, varios representantes de los afectados por el robo de niños han manifestado a este periódico su escepticismo con frases como: «de aquí no va a salir nada». A la salida de la reunión, algunos portavoces, se han mostrado más esperanzados, aunque aseguraron a este medio que: «un ministro y un Gobierno que es capaz de cambiar el código penal en la línea de lo que se propone hoy, no va a perseguir a los culpables del robo de bebés…».
En rueda de prensa, Gallardón, acompañado de la ministra Ana Mato, Jorge Fernández y el Fiscal General Torres-Dulce, anunció los acuerdos adoptados con los representantes de las familias de bebés robados. El ministro dijo que «el Gobierno no va desfallecer y va a hacer este camino [la búsqueda de bebés] junto con las asociaciones».
Las asociaciones de memoria histórica
Aseguró que esta colaboración de Justicia en la búsqueda de niños robados «no es excluyente de otras asociaciones que tengan interés en colaborar con el Gobierno a través de las oficinas de víctimas que se van a poner en marcha». En este sentido, las asociaciones de memoria histórica manifestaron hace una semana su interés para que se investiguen también los casos de bebés robados tras el golpe de Estado, causa abierta ya en Argentina por la jueza Romilda Servini que en junio vendrá a tomar declaraciones a los afectados por los crímenes del Franquismo, entre ellos los casos de niños robados.
Gallardón relató esta mañana que las asociaciones les han planteado los problemas que han tenido «en las búsquedas y el derecho a la identidad al que tiene cualquier ser humano y por tanto a conocer su filiación». Explicó que durante el encuentro escucharon a todas las asociaciones y que han «compartido el dolor con ellas».
«Un recorrido complejo»
Según el ministro hoy se ponen en marcha unos mecanismos «para un recorrido que será tan complejo, como extenso, un drama terrible». Anunció que se va a crear un banco nacional de ADN que estará instalado en el Instituido Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses punto que estaba entre las peticiones de los afectados. Hasta ahora eran laboratorios privados los que llevaban a cabo la recogida de ADN de los afectados, uno de ellos es Genómica que cuenta con un bando de datos de ADN privado de 1.200 pruebas .
Desde el Ministerio de Justicia se va a crear también un censo de afectados por el robo de bebés, en el que las asociaciones tendrán que «pasar la documentación en su poder al Ministerio de Justicia». Esto no convence a todos los representantes que temen que su trabajo se vea frustrado, según han manifestado a este medio.
También se ha anunciado que la fiscalía del Estado va a tratar de aunar criterios en la actuación de todos los fiscales territoriales y para ello y para el seguimiento de las denuncias presentadas por el robo de bebés se creará una secretaría técnica que será la coordinadora de los procesos abiertos al frente de la cual estará la fiscal María de la O Silva.
El ministerio de Interior se comprometió a colaborar a través del comisario general de la Policía judicial que formará parte del equipo que investigue los robos de bebés. «Sanidad también se va a coordinar con las administraciones para llevar a cabo las actuaciones que sean pertinentes, explicó el ministro de Justicia. En esta tarea, el ministro asegura que los ministerios se van a coordinar con las administraciones territoriales para facilitar la entrega de documentación, «peticiones de datos que se harán a través del ministerio», en los cementerios, archivos médicos y las Administraciones.
Durante la rueda de prensa, Gallardón se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas sobre la reforma del código penal (de lo que se hablaba en los pasillos a la espera de la rueda de prensa).
La prescripción de los delitos
El fiscal general del Estado, Enrique Torres-Dulce, manifestó que «se va a dar una atención prioritaria a las víctimas» por los delitos penales que se han cometido y «porque se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la identidad y a la dignidad».
Además, el fiscal general de Estado, aseguró que: «Estamos acumulando toda la información de las diligencias» en el caso de los niños robados y se van examinar los «criterios de calificación de estos delitos».
El fiscal contempla la prescripción de estos delitos y se refirió a ello en la rueda de prensa como el «complejo tema de la prescripción». Este tema es el caballo de batalla de los abogados de las asociaciones que defienden que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir.
Por eso, tanto Gallardón como el Fiscal General del Estado Torres-Dulce, calificaron estos hechos como «delitos» o «hechos terribles» pero evitaron calificar los robos de bebés como crímenes de lesa humanidad como sí lo han hecho organizaciones internacionales de derechos humanos.
Ante una pregunta de un periodista francés sobre si le preocupa al Gobierno la imagen que se está dando sobre el robo de bebés, Gallardón respondió: «La imagen de España es la que usted ve aquí (…) ante estos hechos no le quepa duda de que nos avergonzamos».
Juzgar a los culpables
En este punto, en el de la prescripción de los delitos, Fernando Magán, abogado de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España Caso Bebés Robados, manifestó a este periódico que «los hechos no han prescrito porque los bebés robados, hoy adultos, no han aparecido», y porque fue «un delito continuado y con un concierto previo, y eso -asegura- ya está suficientemente demostrado con la investigación y los documentos en poder de las familias y las asociaciones».
Según portavoces y abogados, el ministro se ha pronunciado en la búsqueda, pero no aclara si se va a juzgar a los culpables que todavía están vivos. Enrique Vila, abogado de SOS Bebés, que defiende numerosos casos de Valencia, se mostró pesimista porque asegura que después de estas buenas «palabras se van a seguir archivando denuncias». Según Mar Soriano: «En términos de la búsqueda de bebés estamos satisfechos y confíanos en las palabras del ministro».
Precisamente, a la misma hora en la que se iniciaba el encuentro entre los ministros y las asociaciones de afectados por el robo de bebés, la monja sor María Gómez Valbuena acudía a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid para declarar.
El juez Adolfo Carretero del juzgado 47 de Madrid había convocado inicialmente la vista para el día 17 de abril, pero hace unos días adelantó la cita a la que debía acudir Gómez Valbuena.
María Luisa Torres, una madre a la que la monja arrebató a su hija nada más en 1982, ha denunciado a la religiosa y la querella ha sido admitida. Torres ha encontrado a la niña robada hace un año, pasados 29 años del nacimiento de su hija. La monja es la primera imputada por el caso de bebés robados.
Sor María Gómez Valbuena acudió hoy, una hora antes, al juzgado y entró por la puerta trasera de los juzgados custodiada por varios policías. Por segunda vez se ha negado a declarar. A su salida, de nuevo custodiada por numerosos policías, ha sido increpada por varios afectados congregados a las puertas de los juzgados.
La religiosa fue asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell, durante treinta años. Decenas de familias la acusan del robo de bebés.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Gallardon-promete-crear-un-banco.html