El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española, José Luis Castro, ha aceptado la petición de poner en libertad por «razones humanitarias» a Iosu Uribetxebarria para que sea tratado del cáncer terminal que sufre. El juez Castro ha acordado, por «razones humanitarias y de dignidad personal», la libertad condicional de Iosu Uribetxebarria […]
El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española, José Luis Castro, ha aceptado la petición de poner en libertad por «razones humanitarias» a Iosu Uribetxebarria para que sea tratado del cáncer terminal que sufre.
El juez Castro ha acordado, por «razones humanitarias y de dignidad personal», la libertad condicional de Iosu Uribetxebarria después de que Instituciones Penitenciarias le otorgara el tercer grado hace dos semanas, han informado fuentes jurídicas citadas por Efe.
No obstante, Uribetxebarria no saldrá inmediatamente de la cárcel, ya que la resolución del magistrado es recurrible en un plazo de cinco días hábiles, cuando la libertad se haría efectiva si ninguna de las partes la recurre y, de hacerlo, el arrasatearra tendrá que esperar a que el auto sea firme.
Castro ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía en un auto dictado dos días después de haberse desplazado a Donostia para visitar a Uribetxebarria y citarse con los oncólogos del Hospital Donostia que le atienden para ratificar el informe que realizaron sobre su estado de salud en el que afirmaban que era «irreversible».
La noticia ha sido recibida, tras 30 días de lucha, con mucha emoción, aplausos y lágrimas en el exterior del Hospital Donostia. También han encendido velas en cada una de las sillas que representan a los presos políticos vascos aquejados de enfermedades graves e incurables. Son trece, además de Uribetxebarria.
El arrasatearra fue trasladado el pasado 1 de agosto desde León hasta el Hospital Donostia para que fuera tratado del cáncer de riñón con metástasis que sufre.
Una semana más tarde, el preso inicia una huelga de hambre -que se prolongaría quince días– para exigir su puesta en libertad y «un trato digno». «No pido nada especial, solo un trato justo, teniendo en cuenta mi situación. Me pongo en huelga de hambre por las causas que aquí señalo y, lo más importante, porque el Gobierno español está alargando esta situación inaceptable, llevando hasta el extremo su crueldad y su odio. Es inaceptable que se mantenga a catorce presos gravemente enfermos en un corredor de la muerte carcelario», señaló.
En ese momento, las movilizaciones y gestos de solidaridad en favor del preso arrasatearra comienzan a tomar aún más fuerza. Entre otras muchas iniciativas, destacan las distintas dinámicas llevadas a cabo en decenas de cárceles y secundadas por centenares de presos o la huelga de hambre llevada a cabo por una decena de personas a las puertas del Hospital Donostia, así como los ayunos en pueblos y encierros, como el protagonizado por parlamentarios de Bildu y Aralar en el Parlamento de Iruñea.
A esta presión popular, que también ha tenido un amplio eco en el ámbito político, también se le han puesto obstáculos, ya que el tribunal especial ha vetado las principales movilizaciones en denuncia por la situación del arrasatearra.