La recesión hace estragos. También, como es sabido, en el sector público. Y prueba de ello es que el Gobierno trabaja ya con la idea de que el año 2012 se cerrará con un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas muy próximo al 9%. La causa tiene que ver con la pobre evolución de los ingresos a consecuencia de la […]
La recesión hace estragos. También, como es sabido, en el sector público. Y prueba de ello es que el Gobierno trabaja ya con la idea de que el año 2012 se cerrará con un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas muy próximo al 9%. La causa tiene que ver con la pobre evolución de los ingresos a consecuencia de la crisis económica, pero también con la factura de la reestructuración financiera, que al final del año será mucho más elevada que lo previsto inicialmente.
En concreto, y según fuentes de absoluta solvencia del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy, el rescate de la banca con problemas supondrá para el sector público una cifra equivalente a dos puntos de PIB. Es decir, justamente el doble de lo que había anticipado el ministro Montoro hace un trimestre al presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Los otros siete puntos, lógicamente, provienen de la diferencia entre ingresos y gastos en términos de Contabilidad Nacional, que incluye no sólo lo que se paga e ingresa, sino también los compromisos adquiridos. Ambas cifras son sustancialmente distintas a las remitidas en octubre por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a Bruselas. En esa notificación oficial se precisaba que 2012 se cerraría con un desequilibrio fiscal equivalente al 6,3% del PIB -límite pactado con la Unión Europea- más un punto porcentual correspondiente a la reestructuración del sistema financiero. Ese documento es ahora ‘papel mojado’.
El déficit del 2012 será, por lo tanto, sólo algo inferior al registrado en 2011 -9,4% del PIB -por las ayudas a la banca. La parte ‘positiva’, se asegura, es que se trata de una operación no recurrente, lo que significa que para 2013 el déficit bajará de forma brusca, toda vez que esas ayudas ya se han contabilizado. En todo caso, de confirmarse los datos, eso significaría que España apenas habría avanzado en la reducción del déficit entre 2009 y 2012. Aquel año, el desequilibrio alcanzó el 11,2%, y hoy se está hablando de cerrar el ejercicio en cerca del 9%. Aunque las ayudas para el saneamiento de la banca superarán los 40.000 millones, buena parte de este dinero se contabiliza en términos de deuda pública y no de déficit.
El nuevo desfase tiene que ver con el coste adicional de operaciones como el saneamiento de Bankia o el Banco de Valencia, además del resto de entidades nacionalizadas, aunque también con la factura de las participaciones preferentes para el sector público, toda vez que quienes las compraron no asumirán todo el coste.
El incumplimiento del objetivo de déficit, en todo caso, no conllevará ninguna sanción extra para España. El comisario de Finanzas, Olli Rhen, ya adelantó hace algunas semanas una especie de ‘aprobado general’ para los países incumplidores. La Unión Europea admitía, de esta forma, la imposibilidad de cumplir lo pactado en un contexto recesivo como el actual, que tiene un doble efecto: reduce la recaudación y aumenta los gastos sociales, en particular el desempleo. Quiere decir esto que a la Unión Europea le preocupa más lo que técnicamente se denomina déficit estructural (el desequilibrio fiscal sin tener en cuenta el componente cíclico) que el meramente nominal en relación al PIB.
Incumplimiento fiscal
El problema, como sostiene la fuente, es medir ese componente cíclico, y aunque Eurostat utiliza desde hace tiempo métodos muy contrastados, siempre es un factor polémico en muchos países. Hay que tener en cuenta que tan sólo en el caso de la Seguridad Social se estima un desequilibrio de 10.500 millones, cifra que contrasta con el déficit cero que se envió a Bruselas en primavera en el marco del Programa de Estabilidad del Reino de España. A esto hay que añadir la situación de algunas comunidades autónomas como Cataluña, que ya ha adelantado que no está en condiciones de cumplir el escenario de reducción del déficit acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En su última comparecencia ante la prensa, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, reconoció que el Gobierno no estaba en condiciones de garantizar que se cumpliría el objetivo del 6,3%, aunque sí dijo que en todo caso estaría por debajo del 7%.
La causa de esta incertidumbre tiene que ver con la evolución de las cuentas de las comunidades autónomas (objetivo del 1,5% del PIB para todo el año) y de la Seguridad Social, cuya tesorería está seriamente deteriorada por la pérdida de empleo. Servicios de estudios,como el de Bankia ya han estimado que «es probable que el déficit de las Administraciones Públicas en 2012 se sitúe ligeramente por encima del 7% del PIB, superando el objetivo del 6,3%».
En el último informe de recaudación, la Agencia Tributaria identificaba los tres hitos del año en términos presupuestarios. En primer lugar, la subida de impuestos, que han proporcionado hasta el momento unos ingresos de 7.050 millones de euros. En segundo lugar, la debilidad de las bases imponibles, cuya caída se estima en un 3,6% (lo mismo que se reducirían los ingresos de no existir las medidas de consolidación); y, por último, la recaudación procedente de aplazamientos de periodos anteriores y de las actividades de control, que aporta unos 1.600 millones más que en 2011.