El pasado viernes 15 de febrero se hizo público el Informe que la Comisión de Expertos (en la foto), nombrada por el ministro José Ignacio Wert, ha realizado de cara a la Reforma del Sistema Universitario Español que pretende impulsar el Partido Popular. Junto al Informe, se ha publicado una Addenda con dos votos […]
El pasado viernes 15 de febrero se hizo público el Informe que la Comisión de Expertos (en la foto), nombrada por el ministro José Ignacio Wert, ha realizado de cara a la Reforma del Sistema Universitario Español que pretende impulsar el Partido Popular. Junto al Informe, se ha publicado una Addenda con dos votos particulares disconformes con algunos aspectos de aquel.
Por si la situación de la Universidad pública ya era difícil, la reforma propuesta en el Informe ahondaría aún más en los males que aquejan a la institución desde hace décadas. De aceptarse, estaríamos así ante una reforma i) antidemocrática; que ii) consagra la endogamia y las jerarquías enquistadas en la institución; mientras iii) se prosigue en el deterioro de lo público abriendo espacios de ganancia a la iniciativa privada a costa, entre otras cosas, de la economía de los estudiantes.
i) En primer lugar, por tanto, estamos ante una iniciativa antidemocrática.
Desde el Informe Universidad 2000 llevamos más de una década de sucesivas reformas legislativas que, previamente, se impulsan desde Comités de Expertos como este. Ni la comunidad universitaria ni la sociedad en su conjunto se ven implicadas en unos procesos elitistas que se presentan de manera tecnocrática. Hemos de recordar que las decisiones sobre la Universidad son políticas, no técnicas. En esta ocasión, destaca de nuevo la injerencia del Banco Santander en el rumbo de la Universidad pública: de los 9 expertos responsables del Informe, el único que no es un profesor funcionario es Matías Rodríguez, vicepresidente tercero de este banco. Por supuesto, no hay ni un miembro del personal de administración y servicios (PAS), ni tampoco un solo estudiante.
La Universidad pública que salga de las recomendaciones de este Informe, además, acentuará los rasgos antidemocráticos en su gobierno. Se despoja a la comunidad universitaria de la posibilidad de elegir por sufragio al Rector, cuyos poderes se reforzarán aún más-nombrará, por ejemplo, directamente a los decanos-. El Rector será elegido por un nuevo órgano, el Consejo de la Universidad, que fusiona el antiguo Consejo Social y el Consejo de Gobierno. El 25 por cien de este nuevo Consejo será escogido directamente por la Comunidad Autónoma, con el consiguiente riesgo de influencias partidistas en su seno. Entre sus 21 y 25 miembros, se indica, habrá «al menos» un estudiante y un miembro del PAS. Al Presidente de este Consejo plenipotenciario -que escoge Rector, que lo controla, que aprueba Presupuestos y define estrategias- lo elegirán «miembros no pertenecientes a la propia Universidad». Finalmente el Claustro, formado por representantes del personal docente, administrativo y de estudiantes, aunque tenga en su mano el nombramiento del 50 por cien del Consejo de la Universidad, pasará a tener mero carácter «consultivo». En la propuesta se destina tan solo un 10% del Claustro a estudiantes, y otro 10 por cien a PAS.
Se apuesta así por un modelo de gestión privada. Habrá una convocatoria internacional para Rector, quien contará con «plenas funciones ejecutivas», acaparando un poder discrecional no sometido a control democrático alguno. El nuevo Consejo de la Universidad surge con el expreso referente de universidades estadounidenses, como la de California (pp. 41-42 del Informe), que tantas críticas ha suscitado desde hace décadas por representar una oligarquía: es decir, unos pocos con poder y mando para casi todo.
La excusa para implantar este modelo de gobierno, una vez más, es dotar de «agilidad» y «eficiencia» a la gestión. Así, se quita a la comunidad universitaria la posibilidad de dirigirse a sí misma. Dentro de la Estrategia Universidad 2015 de la que surge este Informe, impulsada por un PSOE que a día de hoy sigue apoyándola de la mano del PP, hubo un documento en 2010 que anticipó y razonó estas propuestas sobre el gobierno universitario. Lo firmó la propia Conferencia de Rectores junto con la Fundación Conocimiento y Desarrollo, entonces presidida por Patricia Botín. Allí (pp. 11-12, 26-27) se proponían las mismas reformas para el gobierno universitario que hoy se recogen en el Informe encargado por Wert. Se alegaba para ello la existencia de diversas deficiencias del votante universitario que justificaban retirarle el derecho al sufragio.
ii) En segundo lugar, el Informe admite expresamente en su página 80 que la endogamia «tradicional» de la universidad es «hoy ya completa». Esto es algo que se corrobora en la página 12 de la Addenda, donde se dice que «la comunis opinio» es consciente de que «en la práctica no hay una auténtica competencia entre candidatos y la tendencia (…) es a facilitar la concesión de la plaza al acreditado de la Universidad de origen».
Estas afirmaciones son tremendas.
En realidad se admite lo que varios estudios certifican desde hace tiempo. Es decir, que las plazas sacadas a concurso público se manipulan sistemáticamente a favor del candidato o candidata de la casa, escogido por quienes tienen el poder real en el Departamento o el Centro correspondiente. Esto es posible gracias a una confusión entre niveles de gobierno -gerencial y académico, centros y departamentos, órganos centrales y periféricos- que invita a prácticas informales. La apariencia de una representación democrática, que con este Informe se apaga por completo, y la multiplicidad de normas meramente nominales ofrecen en realidad una amplia impunidad que es debidamente aprovechada para colocar a los fieles, bajo la aquiescencia de casi todos.
Las Comisiones de selección, la mayor de las veces, ejecutan un teatro al que plantarle cara tiene un coste personal y profesional enorme. La institución está en gran parte sectarizada, es decir, los grupos cerrados de poder se conforman del mismo modo que las hermandades en algunos partidos . Pocos decisores, con amplia discrecionalidad y en un contexto de confusión público/privado sin rendición de cuentas son las tres reglas de oro de la institución corrupta según Robert Klitgaard. Quien no sigue el juego, queda fuera. Es el clásico dilema que Manuel Villoria y Fernando Jiménez indican como típico de los contextos de corrupción.
Maestros de la talla de Francisco Fernández Buey, Emilio Lledó, Juan Ramón Capella o Víctor Pérez Díaz, entre otros, han denunciado esta situación específica para la Universidad española en libros y artículos imprescindibles. Por tanto, debemos preguntarnos directamente: ¿es la universidad una institución corrupta? ¿Qué implica para todos los cuadros dirigentes, profesionales y elites que salen de su profesorado? ¿Y para los ciudadanos que en ella buscan una cultura cívica y científica? Para el caso que aquí nos ocupa, la pregunta es: ¿qué hace este Informe con lo que ya se reconoce como «comunis opinio«?
La única medida antiendogámica incluida en el Informe es la de impedir que un candidato sea escogido por el Centro donde presentó su tesis doctoral, a no ser que haya pasado 36 meses trabajando fuera de ella. Se trata solo de un pequeño cortafuegos, capaz de sortearse de mil y una maneras como puede imaginarse.
En el Informe, por otra parte, se cargan las tintas contra la ANECA debido a la opacidad de sus procesos de acreditación no presenciales. A la hora de sustituir el papel central de esta agencia evaluadora, se recupera el viejo sistema de habilitación nacional, al menos para la acreditación de los funcionarios titulares y catedráticos. Se recobrarían con ello las exposiciones y lecturas públicas. Estas acreditaciones se abrirían al fin a candidatos extranjeros. Pero se ligan a las plazas que saldrían en las universidades, lo que haría que muchos profesores estuvieran sin acreditar durante años con la desmotivación consiguiente. En todo el Informe hay una desvalorización de la docencia -aunque, es preciso reconocerlo, se proponen algunas medidas que medirían mejor su desempeño- para que prime por encima de todo la investigación a la hora de seleccionar candidatos. La gestión administrativa de los profesores, aquí parece que con mejor buen criterio, quedaría apartada por completo de la valoración de las candidaturas.
Este sistema de habilitación, tan razonable en ciertos aspectos y tan criticable en otros, pierde todo sentido con el sistema de contratación «directa» e «indefinida» que se propone para los no funcionarios. En primer lugar, se consagran las figuras temporales y precarizadas de la LOMLOU: Ayudante, Ayudante Doctor y Asociado. No se dice nada de los funcionarios interinos que con contratos temporales a tiempo parcial, aunque con una dedicación real exclusiva, ganan poco más de 900 euros netos al mes. En segundo lugar, los contratos indefinidos se dejan en amplios aspectos (selección, funciones e incluso el sueldo) al criterio de la propia universidad, indicando tan sólo que deben darse las mismas Comisiones de selección -de tres miembros externos y dos internos- que tan malos resultados ha dado hasta ahora. Es decir, se acaba con la endogamia aceptando una fórmula privada de contratación. Se formaliza lo que era éticamente (y legalmente) reprobable. El problema es que la Constitución Española sigue diciendo, en su artículo 103.3, que las plazas públicas de los profesores deben seleccionarse de acuerdo al «mérito y la capacidad».
Para entender estas medidas hay que ser conscientes de la fuerte jerarquía feudal existente en la Universidad española. Los estamentos inferiores, más jóvenes y precarios, dependen para casi todo de sus estamentos superiores. Desde la firma para presentarse a una beca o la inscripción de una tesis, hasta la posibilidad de una plaza fija. Los grupos de poder suelen tener un catedrático en la cúspide, con una clientela alrededor a la que va colocando con ayuda de otras alianzas con grupos amigos. Para avanzar en la carrera académica uno debe someterse a esta jerarquía, bajo riesgo de quedarse solo y sin padrinazgo. La dependencia exigida en estos casos a los jóvenes puede ser ideológica, o basarse en corrientes teóricas a las que prestar fidelidad, pero en la mayor parte de las ocasiones basta con seguir las directrices de poder marcadas (en votaciones, Comisiones o Consejos de Departamento), así como realizar ciertos trabajos extra de forma gratuita. Para los interesados en todo esto, me remito a las obras de los maestros citados más arriba.
Esta «jerarquización estamental», como la definió Fernández Buey, es la responsable de los niveles generalizados del síndrome del burnout («quemado»), o desgaste psíquico laboral, entre el profesorado joven con contratos temporales. También es la culpable de los alarmantes porcentajes de mobbing entre todo el profesorado universitario español. El estudio de Ana Caro e Isabel Bonachera en 2010 puede ser una buena introducción para quienes se interesen por estos temas.
En el Informe encargado por Wert se refuerza así la jerarquía del PDI funcionario en las composiciones de los órganos de gobierno, en las Comisiones de selección, y en propuestas como la de implantar contratos por un periodo de 5 años de prueba a jóvenes doctores.
Con razón, dos de los miembros de la Comisión, Óscar Alzaga y Mariola Urrea, expresan en la Addenda arriba mencionada un voto particular donde expresan su disconformidad ante los peligros que observan en el Informe para la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.
Respecto a lo primero, Alzaga y Urrea argumentan que la «desfuncionarización» que propone el Informe supondría la pérdida de la libertad de cátedra de los profesores, pues al estar contratados directamente por las universidades como «indefinidos» quedarían en manos de estas. Es decir, en esta contratación «tan propia del ámbito privado» -como indican- se podría seleccionar y despedir atendiendo a criterios ideológicos o de cualquier otra índole que afectaran a la libertad del docente e investigador. Los más críticos tendrían que tener todavía más cuidado con lo que escriben o con las actividades que promueven.
Alzaga y Urrea, sin embargo, nada dicen de la falta de esa misma libertad de cátedra para los no funcionarios, cuyas figuras contractuales parecen aceptar en una jerarquía que tampoco cuestionan. Eso sí, ambos docentes- precisamente los únicos profesores de Derecho del Comité – alertan con acierto sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma apuntada en el Informe. Y es que la autonomía universitaria reconocida en el art. 27.10 de la Constitución se vería menoscabada. El reparo principal recae sobre la composición y el extraordinario poder otorgado a un Consejo de la Universidad con un 25 por cien de sus miembros nombrados por la Comunidad Autónoma (CA), que tendría la mitad del poder de elección sobre otro 25 por cien donde, a su vez, se admitirían miembros de «prestigio» externos a la Universidad. Recordemos asimismo que en la página 61 del Informe «se recomienda que las CAs (sic) impulsen la presencia de agentes externos en los órganos universitarios (…) en representación de la empresa».
iii) Finalmente, en el aspecto referido a la financiación, el Informe consagra figuras como las becas-préstamo a estudiantes. Con ellas son precisamente las entidades bancarias quienes más salen ganando a costa del endeudamiento de aquellos. Además, se propone ofrecer «una amplia libertad» a las propias universidades a la hora de fijar las tasas por matrícula. Es decir, se deja en poder de un Rector ejecutivo, escogido por un Consejo de la Universidad no democrático y parcialmente externo, la decisión sobre las tasas universitarias.
A pesar de que en el Informe se constata (p. 48) la anómala situación española, con un gasto en educación superior por debajo de la media de la OCDE, y aunque se apuesta subir este porcentaje del 1,2 al 3 por cien del PIB, los «expertos» no apuestan por incrementar los recursos públicos. Al contrario, señalan que «la evolución» apunta hacia un incremento de fondos privados.
El Informe critica la escasez de becas, y al mismo tiempo apuesta por el incremento de la presencia empresarial en la Universidad, así como sugiere incentivos fiscales para estimular la filantropía. En la página 53, los expertos se hacen eco de un estudio del BBVA donde se valora la universidad por «el capital humano y la tecnología» que «es utilizado por la sociedad y las empresas». Ni rastro de la formación cívica y democrática de nuestros jóvenes. Es por ello que, con esta mentalidad tecnocrática y empresarial, se proponga una competencia entre universidades donde se las financie por objetivos cumplidos. Entre estos objetivos estarían «la demanda efectiva de sus servicios docentes», la investigación, sus «resultados en I+D» y sus «productos de transferencia tecnológica». En este mismo espíritu, «la captación exterior de fondos» será un criterio fundamental de «calidad y dinamismo».
Es decir, aquellas universidades dedicadas a impartir una docencia cuidada y de alta calidad, en especialidades que carezcan de amplia demanda-pues también se recomienda establecer un número mínimo de alumnos para la existencia de un título-, y sin relación con el mundo empresarial, dejarán de recibir recursos e incluso deberán cerrar.
En definitiva el Informe de la Comisión de Expertos -8 profesores y 1 banquero- nombrada por el ministro Wert, aparte de suponer el enésimo proceso antidemocrático de reforma de lo público, atenta contra principios democráticos fundamentales a la hora de trazar su modelo de gobierno; lesiona gravemente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; a la vez que consagra un modelo universitario jerárquico, endogámico y posiblemente corrupto. Además de todo ello, el Informe abre las vías de ganancia a bancos y empresas en la Universidad pública a costa de sus estudiantes.
Parece pues que, de aprobarse las propuestas de este Informe, se presenta el enésimo frente ciudadano en defensa de lo público; esta vez desde las Universidades.
http://colectivonovecento.org/2013/02/18/mas-males-para-la-universidad-publica/