Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social, ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es Profesor de […]
Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social, ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Recientemente ha publicado en rebelión una serie de artículos, ocho en total, excelentes todos, sobre la nueva Ley de (anti)Educación Pública, la LOMCE, del ministro Wert, trabajos a los que se hace referencia en esta entrevista.
Entre sus numerosas publicaciones cabe citar: Educación Pública: de tod@s, para tod@s, con Adoración Guamán (Bomarzo, 2013), Qué hacemos con la educación, con Agustín Moreno y José Luis Pazos (Akal, 2012), Educación Intercultural: Manual de Grado (Aljibe, 2012), y Decrecimiento y educación, con Carlos Taibo (Catarata, 2011).
Enrique Javier Díez Gutiérrez colabora con periódicos y revistas como El Viejo Topo, Diagonal, El País, Público o Diario de León. Es vicepresidente del «Foro por la Memoria de León», secretario de la Asociación «Prometeo, Hombres por la Igualdad de León» y presidente de la asociación estatal «Hombres por la Abolición de la Prostitución».
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Te cito de nuevo: «Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo». ¿Por qué es una forma estrecha esa manera de entender las cosas? ¿Por qué es una inversión completa de los valores de nuestro sistema?
El mayor éxito de la globalización neoliberal que vivimos actualmente en el mundo de la educación ha sido lograr redefinir los términos del debate en torno a la educación. Ha triunfado parcialmente en alterar el significado mismo de lo que implica tener un objetivo social de equidad. Después de años de ataques y de movilizaciones conservadoras ha quedado claro que unas ideas que en otro tiempo se consideraban descabelladas, impracticables o simplemente extremistas, ahora se están implantando cada vez más en el sentido común de la gente, de los profesionales de la educación y de los responsables políticos.
De tal forma que la discusión, en el terreno educativo, ya no se centra en cómo desarrollar un currículum emancipador basado en un desarrollo vital de nuestro alumnado que le garantice una ciudadanía plena, una participación real en la construcción de una sociedad más justa, sino en un currículum selectivo en función del mercado de trabajo con el fin de incrementar la competitividad internacional, la ganancia.
El neoliberalismo ha provocado una sorprendente inversión ideológica de valores: el aura que solía conceder valor al bienestar de la población (esto es, el valor del bien común), se adhiere ahora a todo aquello que sea privado (o pueda ser privatizado). Allí donde la justicia y la necesidad social era la piedra angular de la discusión, ahora las cuestiones de la rentabilidad, la propiedad privada, el interés individual, la libre competencia, se han convertido en los términos, no sólo del debate político, sino también del pensamiento y el lenguaje de la reflexión cotidiana y educativa. De hecho la LOMCE establece que «el emprendimiento se trabajará en todas las áreas». Es el programa estrella de esta reforma.
Este desplazamiento de filosofías y «sentido común» es lo que explica que un buen porcentaje de personas pertenecientes a las nuevas clases medias ya no se preocupen tanto de la política social y educativa justa y redistributiva, ni de la democratización de la educación. Su obsesión es que, en las instituciones escolares, sus hijos e hijas tengan buenas calificaciones y avancen sin repeticiones de curso y, a ser posible, que les confieran competencias canjeables en el mercado por buenos puestos laborales.
Por eso el fin de la educación está siendo transformado. La educación ya no se considera una forma de ampliar las oportunidades educativas, desarrollar programas de educación intercultural, mejorar las oportunidades de vida de las mujeres, de las personas de minorías, de la clase trabajadora, sino, más bien, organizar la educación con el fin de incrementar la competitividad internacional, de ser rentable en la formación de los futuros recursos humanos. Y los partidos socialdemócratas también han aceptado estas reglas de juego, han limitado el campo de discusión a los estrechos límites del contexto neoliberal. Por lo que los discursos políticos, tanto conservadores como socialdemócratas, están atrapados en este pensamiento único que se impone e impone prácticas coherentes con este modelo.
Por primera vez en la historia, el asunto es muy comentado aquí, en Catalunya, «con la excusa de «españolizar» a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, dispone que en todas las etapas educativas obligatorias las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas, obligando a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados». ¿Por qué tal obligación? ¿No se podrá explicar en castellano en los centros públicos?
Esta contrarreforma pretende «blindar» la enseñanza en castellano en las Comunidades con otra lengua cooficial, promoviendo a su vez un nuevo negocio para las empresas privadas del sector educativo. Para ello se abre la posibilidad de subvencionar a quienes escolaricen a sus hijos e hijas en centros privados que impartan las enseñanzas en castellano. Por primera vez en España se financiará con dinero público la escolarización en centros privados no concertados, lo que supone un paso más en la deriva privatizadora de la educación que el PP viene impulsando desde hace tiempo.
Lo que pretende el Ministro es encontrar una forma de «puentear» a la Generalitat en la inmersión lingüística, a la par que fomentar el negocio educativo privado. En realidad es crear problemas donde no los hay, o son muy marginales, ya que lo que se hace en Cataluña es fruto de un amplísimo acuerdo político y social que se plasmó en su legislación autonómica.
La nueva contrarreforma educativa es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela, sostienes. ¿Por qué? ¿Con qué instrumentos se pretende conseguir? ¿Es tal el poder de la Iglesia católica en nuestro país?
Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión en la escuela, conservando las disposiciones adicional 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los obispos católicos. Perpetúa impartir como contenidos científicos y universales creencias religiosas personales que forman parte del ámbito privado y, en todo caso, de la educación moral de las familias. Es más, en clara concesión a la jerarquía católica, que viene reclamando la existencia de una alternativa evaluable a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de esas clases de adoctrinamiento, esta ley obliga a que todo el alumnado tenga que cursar Religión Católica o Valores Culturales y Sociales como alternativa evaluable, volviendo a la LOCE del Gobierno Aznar en 2002. Dado que la nota de estas asignaturas contará para repetir curso las familias volverán a elegir la religión católica, donde tienen buena nota asegurada, como nos dicen las estadísticas. Se extiende el adoctrinamiento incluso hasta Bachillerato, pues entre las asignaturas específicas de las que se debe cursar un mínimo de 2, aparece la Religión, por encima incluso del nivel de la Lengua Cooficial y Literatura que queda como asignatura de «especialidad».
La jerarquía católica no está dispuesta a renunciar a su poder y a su cuota de poder en el espacio público. Sigue considerando que el nacionalcatolicismo es un signo de identidad y de conformación de la sociedad española y presiona, en la calle o en el parlamento, para que no se le relegue al espacio privado y particular de las creencias. Esto supondría tal desfinanciación de su entramado que peligraría su continuidad. Por eso lucha con uñas y dientes por su supervivencia con estructura de privilegio.
¿Da cobertura legal la ley al concierto con centros de educación donde se diferencia por sexos? ¿No está ocurriendo ya ahora en algunas comunidades?
Tras las dos sentencias del Tribunal Supremo contra la financiación pública de los colegios que practican la discriminación por razón de sexo, separando a niños y niñas en su proceso educativo, por considerar que esta práctica es discriminatoria, el ministro de Educación, se ha apresurado a dar cobertura legal en la LOMCE a sostener con fondos públicos semejante práctica, manteniendo así el concierto educativo de los centros privados que la aplican, con el pretexto de que la Convención de la UNESCO acepta la educación diferenciada de niños y niñas.
Este Convenio de la Unesco del año 1960 que se estableció para garantizar la escolarización de las niñas en aquellos países con legislaciones muy restrictivas con respecto a las libertades de las mujeres, en nuestro país no tiene sentido porque nuestra legislación tiene estándares democráticos superiores con respecto a la igualdad entre los sexos a los que plantearon en ese acuerdo.
Las sentencias del Tribunal Supremo que consideran estas prácticas como discriminatorias se fundamentan en un artículo de la actual Ley de Educación (LOE) que procede de una enmienda de sustitución, presentada en su día por Izquierda Unida y expresada en los mismos términos que recoge el artículo 14 de la Constitución: «En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales y de etnia, de sexo o de nacimiento.» Por eso el Alto Tribunal ha recordado que la LOE establece que en la admisión de alumnos y alumnas no podrá haber discriminación por razón de sexo.
Esto no sólo está ocurriendo en dos centros privados de Cantabria y otro de Sevilla, que fueron los que recibieron las sentencias del Tribunal Supremo, sino en muchos centros del Estado, unos 67. Once de ellos en Madrid, nueve del Opus Dei, que además cuentan con generosas cesiones de suelo de la Administración Aguirre.
La Junta de Andalucía ha propuesto a los 12 colegios e institutos que aún mantienen está práctica dentro de sus aulas que se conviertan en mixtos. Si no lo hacen, se les suprimirá la financiación pública. Seis nuevas sentencias del Supremo avalaron de nuevo la retirada de los conciertos a los colegios que separan por sexo.
A pesar de ello, Wert sigue cediendo ante la ofensiva ultracatólica a favor de estos centros que recupera los postulados del papa Pío XI en 1930, quien aseguraba que «la escuela mixta promueve la promiscuidad y la igualdad». Este es otro dato que muestra cómo el Ministro de Educación está empeñado en legislar en contra de toda la evidencia científica actual. No tenemos más que recordar la investigación publicada en la prestigiosa revista Science titulada «La seudociencia de la escolarización por sexos» decía -como ya habían hecho otros trabajos de la OCDE- que los estudios sobre las mejoras académicas de la educación separada no son sólidos, que las diferencias cerebrales entre sexos no justifican ese tipo de escuelas y que lo único que consiguen es aumentar el sexismo y alimentar los estereotipos.
¿Dónde está principalmente el clasismo de la LOMCE que tanto denuncias?
Se puede constatar en el primer borrador de la ley, donde más claramente exponía la ideología que subyacía a esta contrarreforma. En este primer borrador se proponía empujar a los programas de Formación Profesional Básica al alumnado que tuviera una «situación socioeconómica desfavorable», equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio. De hecho ponía al mismo nivel tener muchas dificultades en los estudios o menor capacidad para seguir las clases, con vivir en una familia con ingresos económicos bajos.
Se puede ver también claramente en cómo esta ley lo que pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo utilizando mecanismos como las reválidas, los itinerarios, la especialización de centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos. No se trata de eliminar la educación pública, sino que ésta esté destinada a atender a las clases bajas y a quienes sean rechazados por el sector privado y las zonas rurales que no son rentables para la privada.
Creen firmemente que no a todo el mundo se le tiene que garantizar el derecho a aprender: hay unos que tienen que formarse para dirigir y estar en las élites y otros que han de ser educados para trabajar y servir, aunque ahora admiten una clase intermedia de técnicos al servicio de la clase dirigente. Lo han reformulado de forma políticamente correcta con la terminología de los «talentos» y así proponen itinerarios que den respuesta y «atiendan a los talentos» de cada uno. Por supuesto, sus hijos e hijas son los que sirven para estudiar, aunque sea a base de pagar cientos de horas de clases particulares. Para ellos, unos tienen talento para el éxito escolar -sus hijos e hijas y los de su clase social- y otros lo tienen para el trabajo manual -los destinados a la formación profesional o a los itinerarios basura, vía para expulsarles cuanto antes al mundo laboral-. No creen que haya que destinar ni esfuerzos ni recursos para integrar al alumnado que más dificultades de aprendizaje tiene. Son esos quienes deben ir destinados al mercado laboral de la precariedad, la temporalidad y la rotación. Afirman convencidos que esos no han sabido aprovechar las oportunidades que se les dieron.
Afirmas: «Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar». ¿A qué haces referencia exactamente? ¿Qué pasó con el fracaso de Einstein?
Es verdad que Albert Einstein fue buen estudiante a partir de primaria hasta la universidad. Pero se le suele poner de ejemplo «genio» al que no se le permitió desarrollar su talento porque no solo tardó en comenzar a hablar y su familia llegó a pensar que era retrasado, sino porque también acabó en un puesto de trabajo que no reflejaba la potencialidad de su talento.
Este ejemplo nos puede permitir comprender lo peligroso que es la seudoteoría de los «talentos» que maneja el Ministro Wert. El término «talento», infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley se orienta en un sentido innato y selectivo que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida, lo que falla es la capacidad para saber motivar y entusiasmar a las personas en el proceso de aprendizaje.
Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, y que la educación no puede cambiar ese hecho, sólo colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado. Unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo. Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos «talentos» que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que hay que clasificar a los sujetos para dar a cada uno una vía diferente según el juicio que se determina en edades tempranas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar. Lo que la escuela debe contribuir es a desarrollar la capacidad de apasionarse por el aprendizaje de todos los jóvenes. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar su inteligencia hasta el máximo de sus potencialidades.
Ya hace más de dos décadas, Howard Gardner cambió la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples, afirmando que todos las personas tienen la capacidad de aprendizaje y de desarrollo potencial de su inteligencia, que no es algo unitario e inamovible, sino que es vista como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, para resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Lo mejor que tiene la propuesta de las inteligencias múltiples es que todos y todas podemos y debemos desarrollar todas nuestras inteligencias puesto que todos poseemos, en mayor o menor medida, todas las inteligencias. En resumen, atención a la diversidad, sí; segregación por «talentos», no.
Te pregunto a continuación por datos internacionales.
De acuerdo.
Nota:
[1] Para la primera y segunda parte de esta conversación, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164149 y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164381
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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