«No es democrático, justo, ni serio, empapelar con carteles las casas de los políticos». Así ha calificado Rajoy los señalamientos públicos o escraches realizados a los diputados populares por los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Pocos días antes la delegada del Gobierno del PP, Cristina Cifuentes, había ido mucho más […]
«No es democrático, justo, ni serio, empapelar con carteles las casas de los políticos». Así ha calificado Rajoy los señalamientos públicos o escraches realizados a los diputados populares por los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Pocos días antes la delegada del Gobierno del PP, Cristina Cifuentes, había ido mucho más allá al equiparar los métodos de la Plataforma con los de ETA, una maniobra con la que los populares perseguían dos objetivos: criminalizar a las víctimas de los desahucios y así minusvalorar la propuesta de la Plataforma, pero también distraer a la opinión pública del sentido de las enmiendas del PP destinadas a entorpecer la Iniciativa Legislativa Popular, que promueve la dación en pago y la moratoria de las ejecuciones hipotecarias. Una ley de mínimos.
Sólo en los últimos seis meses del año 2012 se ejecutaron casi 48.000 desahucios. En los últimos años miles de personas desesperadas se han quitado la vida tras perder su trabajo, sus derechos, su dignidad y su casa. Mediante los escraches se quiere informar a los responsables públicos de las terribles consecuencias de apretar un botón en un sentido o en otro en el Congreso de los Diputados. Es una interpelación individual a cada uno de ellos para que no se escuden en la disciplina de voto para eludir su responsabilidad con los ciudadanos. Todos estos representantes han sido convocados previamente a asistir a las reuniones de la Plataforma para conocer de primera mano el drama de los afectados. Pero ni uno sólo de ellos ha querido escucharles. Son pobres y los pobres no tienen voz.
Muchos han criticado los escraches, los gritos de las víctimas. Pero ¿es acaso democrático, justo y aceptable violar sistemáticamente los derechos humanos y el domicilio de las personas, mediante procedimientos de ejecución hipotecaria que ya han sido declarados ilegales por la Unión Europea? ¿Es acaso legítimo romper cerraduras, puertas y ventanas, aterrorizar y echar violentamente a la calle a familias enteras, niños, personas mayores? ¿No chocan frontalmente esas prácticas con los derechos humanos, con la Constitución, con la decencia? Eso sí que es repugnante. Y terrorismo de Estado.
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