. Número de primeras viviendas que fueron expropiadas por la Banca española (y entidades afines) por impago de los créditos hipotecarios a lo largo de 2012: más de 30 mil (30.034: 115 desahucios por día hábil; 4,8 desahucios por hora; 1 cada 13 minutos). . Número de desalojos de primera vivienda facilitado por la patronal […]
. Número de primeras viviendas que fueron expropiadas por la Banca española (y entidades afines) por impago de los créditos hipotecarios a lo largo de 2012: más de 30 mil (30.034: 115 desahucios por día hábil; 4,8 desahucios por hora; 1 cada 13 minutos).
. Número de desalojos de primera vivienda facilitado por la patronal bancaria al gobierno central: entre 4 y 15 mil (la mitad del dato más contrastado en su horquilla más alta).
. Dato no conocido: porcentaje de esas familias que siguen en sus domicilios abonando un alquiler social.
. Número de viviendas de primera y segunda residencia que se quedaron los bancos en ese mismo período: 38.778.
. Número de desahucios en Barcelona, 4.148; en Madrid, 4.925; en Alicante, 2.838; en Valencia, 3.313; en Tarragona, 1.250; en Girona, 1.050; en Málaga, 2.268; en Murcia, 1.528; en les Illes, 943; en Castellón, 895.
. Comunidades con mayor número de lanzamientos: Madrid, País Valencia y Catalunya.
. Número de daciones de pago que la banca admitió en 2012: más de 11 mil (11.441: Barcelona, 1.503; Madrid, 2.262; Alicante, 1.455; Valencia, 1.157; Málaga, 777).
. Explicación de Julio Rodríguez y Fernando Encinar ante esta cifra: interés de los bancos por retener el piso como único valor ante la desesperada situación de las familias implicadas (en algunos casos, cajas grandes, ahora nacionalizadas, financiaban el viaje en avión a ciudadanos ecuatorianos que se habían marchado de España para que firmaran su dación en pago: de este modo, se ahorraban los casi dos años de trámites judiciales).
. Razones de la oposición bancaria frontal al establecimiento por ley de la dación en pago como medio de saldar la deuda: pondría en peligro, desde su punto de vista, los miles de millones emitidos en cédulas hipotecarias puesto que perderían la principal garantía de esos activos.
. Porcentaje de desahucios que afectan a personas migrantes (especialmente, ciudadanos ecuatorianos, marroquíes, británicos, rumanos, colombianos): 37% (25% de los casos iniciados).
. Número de procesos de ejecución hipotecaria iniciados en 2012: 65.778.
. Fuente de estos datos: Colegio de Registradores de España. Opinión generalizada sobre esta fuente: la más fiable [2].
. Porcentaje de créditos hipotecarios que se siguen pagando «normalmente» según fuentes bancarias: el 96%. Información de Fernando Encinar (director de servicios de El Idealista): de las 800 mil hipotecas que se concedieron en los años de la «burbuja inmobiliaria» están teniendo problemas unas 65.778 (el 8% aproximadamente).
. Opinión de Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea (empresa especializada en servicios de asesoramiento inmobiliario): los datos reflejan lo ocurrido en 2010 («los que tiraron la toalla hace dos años»); la situación será peor en el futuro porque el paro, desde entonces, no ha dejado de subir.
. Características del decreto de la Junta Andalucía en el que se subraya que el derecho a la vivienda, constitucionalmente, está delimitado por su función social y que, consiguiente, no se tutelan usos antisociales del «derecho de propiedad»: multas de 9 mil euros a las entidades (nunca a particulares) que no pongan en alquiler sus inmuebles vacíos (seis meses sin ocuparse, con excepciones: segunda residencia, turísticas, alquiladas por temporadas); faculta a la Junta a expropiar durante tres años -la vivienda sigue siendo propiedad de las entidades financieras, inmobiliarias o de gestión de activos- el uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio por impago del crédito hipotecario y evitar con ello el lanzamiento y consiguiente riesgo de exclusión social.
. Posición de Julio Anguita y Juan Rivera, miembros del Colectivo Prometeo y del Frente Cívico-Somos Mayoría: «[…] si al final la letra pequeña en el BOJA no anula la primera impresión, estamos ante una buena noticia… Quienes suscribimos estas líneas nos consideramos poco sospechosos de decir amen a la actuación seguida por Izquierda Unida en el gobierno andaluz. Es más, pensamos que la presencia en el co-gobierno durante este año ha sido un lastre para la organización en todo el Estado. Hasta ahora se ha gestionado poco más que humo y palabras hueras. Por ello deseamos de corazón que la iniciativa tenga un éxito arrollador y no quede en otro brindis al sol, incapaz de superar la primera resistencia de las muchas que encontrará en el camino. Una vez que el verdadero poder, la oligarquía económica que nos ningunea, ha volado conscientemente todos los derechos adquiridos (por limitados que éstos fueran), toca conformar un contrapoder ciudadano. Y deben dar ejemplo, poniéndose al servicio de la ciudadanía quienes detentan parcelas institucionales en nombre de la izquierda. Es la hora de sumar, de utilizar los resquicios legales que anulen el inmenso expolio al que nos están sometiendo. La consideración de la vivienda digna como un derecho humano fundamental e inalienable va en esa línea».
. Número de familias que en 2012 se quedaron en la calle por desahucios en el municipio valenciano de Alzira de 45 mil habitantes: 179.
. Razones del cansancio del municipio de Alzira: acumulación de impagos de cuotas urbanísticas por parte de CISA [2]. Acuerdo tomado por el consistorio: ejecutar la deuda y recuperar los 400.000 euros. Destino de ese dinero: plan Alzira Social. Objetivo del plan: expropiar casas a los bancos, rehabilitarlas con un plan de empleo municipal (conllevará el trabajo de unas 20 personas) y ponerlas en régimen de alquiler social a familias desahuciadas (cuota mensual de entre 50 y 60 euros). Declaración de la alcaldesa del municipio Elena Bastidas: «La base legal que nos permite expropiar es el mal estado y el deterioro en las condiciones de habitabilidad que generan problemas en el vecindario». Amparo legal del procedimiento: llevar hasta sus últimas consecuencias la ley urbanística valenciana. Partido político de la alcaldesa de Alzira: Partido Popular.
. Comentario de Jorge Vestrynge ante la situación: «Cuando a la gente se le trata como a perros, ladra y puede llegar a morder. Hasta ahora sólo han ladrado. Pero pueden morder. Y yo estaré con ellos».
. Intervenciones recientes de dos políticas profesionales en alusión a los escraches contra integrantes de su partido: 1. Doña María Dolores de Cospedal: «jugar a la cacería, a que la diana sea el político es ir contra la política y por tanto contra la democracia… No se consigue nada acosando…. Tratar de violentar el voto es nazismo puro». 2. Doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma: «[critica la] desfachatez, la chulería y a la impunidad con que unos émulos de los peores totalitarismos de la Historia han decidido acosar, insultar y amedrentar a los políticos del PP, que han sido elegidos por sus conciudadanos… estos violentos acosadores se creen el paradigma de los buenos sentimientos… son simples epígonos de las tácticas de los peores totalitarismos del siglo pasado como en el caso de las juventudes hitlerianas o las «patrullas castristas en Cuba que trataban y tratan de amedrentar a los que no se someten a sus designios… también son imitadores del matonismo de los seguidores de ETA en el País Vasco, ese matonismo que no ha dejado vivir en libertad a los ciudadanos de esa parte de España».
. José Cruz Pérez Lapazarán, diputado del PP: sorpresa ante la actitud pacífica que han adoptado las personas que han realizado escarches [él fue objeto de un escrache el sábado 13 de abril en un bar de Pamplona; escuchó las reivindicaciones del medio centenar de personas que acudió].
. Política institucional que también ha criticado duramente los escarches: doña Rosa Díez.
. Apoyo ciudadano (abril de 2013) a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: en torno al 70%. Apoyo ciudadano a los escraches: en torno al 60%.
PS. Reflexión de Luis Martín-Cabrera [4]: «[…] lo que es fundamental en esta práctica es que contribuye a iluminar algo que la sociedad no veía. El escrache es esa fotografía hecha contra la voluntad de quienes perpetúan una situación de injusticia. Marca, hace visible una herida en la sociedad, escupe una verdad que todo el mundo conocía pero nadie veía, aspira a ser una pedagogía popular. ¿Qué sabríamos hoy de la situación de los afectados por los desahucios si no fuera por la PAH? Si no hay justicia, hay escrache… El escrache revela que el sistema está atravesado por la violencia y que el monopolio de la violencia que ostentan los políticos no es natural sino resultado de la dominación capitalista. Por eso, lo que hay que pedirle al escrache no es que sea más o menos agresivo, sino que sea más pedagógico, que involucre a más gente, que sea más creativo, que anude el pasado con el presente, que produzca justicia. Y en esto también tenemos más en común con Argentina que con Alemania, no en vano uno de los escraches más mutitudinarios que hubo en Argentina fue el de Martínez de Hoz, el ministro de economía de Videla que implementó las primeras medidas de liberalización de la economía, el fundamento de las políticas de ajuste neoliberal que continuó Menen en los noventa»
Notas:
[1] Informativos televisivos y radiofónicos, y El País, 12 de abril de 2012 (y otras fuentes periodísticas).
[2] Respondieron la encuesta realizada el 85% de sus oficinas. Es posible, por tanto, que el número de desahucios sea mayor.
[3] Filial inmobiliaria de Bankia.
[4] «Táctica y estrategia: una genealogía crítica del escrache», http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166752
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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