La empresa estadounidense y la navarra ILC simularon la compraventa de las instalaciones por un solo euro. La sentencia confirma la multa de 6.000 euros a ambas por «temeridad y mala fe» al ocultar el documento original de la operación.
Los 75 trabajadores del centro madrileño llevan cinco años batallando en los tribunales contra la primera compañía logística del mundo. Han sobrevivido a tres ERE, que fueron anulados por la autoridad laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 30 que condenaba a la multinacional UPS y a la empresa navarra Integración de Logística Complementaria (ILC) por la compraventa fraudulenta, a cambio de un euro, del centro de transporte que la compañía estadounidense tiene en Vallecas.
La nueva sentencia ratifica que ambas empresas llevaron a cabo una «compraventa de plantilla laboral», los 75 trabajadores de ese centro logístico, lo que constituye «un negocio jurídico ilícito», un tráfico ilegal de mano de obra. También confirma la multa de 6.000 euros por «temeridad y mala fe» que el juzgado impuso a UPS e ILC por «intentar ocultar[le] los aspectos fundamentales de la operación, mediante actuación contraria a la lealtad, buena fe y probidad procesal«.
Según el tribunal, las empresas sustituyeron el texto original de la operación «por una reseña incompleta, parcial, sesgada e interesada, a través de un instrumento atípico», un acta de manifestaciones ante un notario. Esta «actuación poco ortodoxa» obligó al juzgado a realizar diligencias que demoraron el procedimiento, lo que perjudicó a los trabajadores, con el contrato suspendido desde agosto de 2012 y sin percibir aún en ese momento prestación por desempleo alguna.
La sentencia no sólo declaraba la nulidad de la sucesión empresarial, sino que también reconocía el derecho de la plantilla de Vallecas a reintegrarse en UPS.
Un euro en los papeles, 10,52 millones bajo cuerda
El 29 de junio de 2012 y por sólo un euro, la compañía estadounidense vendió a ILC, una empresa navarra cuyo objeto social son los servicios de limpieza de interiores, el centro de Vallecas. Con sus instalaciones (los terrenos, un inmueble valorado en 1,5 millones de euros), vehículos, muelles de carga, contratos de suministro, licencias necesarias para la actividad y toda su plantilla.
Además, UPS pagó bajo cuerda a su comprador 10,52 millones de euros, que ambas empresas disfrazaron como el importe existente en la tesorería del centro logístico vallecano. Sin embargo, para el juez de lo Social, no hubo duda en su momento de que ese dinero constituyó «la contraprestación principal [percibida por ILC] por hacerse cargo de la plantilla». «Dado el volumen de facturación mensual que genera [el centro de Vallecas, apenas 200 paquetes diarios] ese importe en caja es rigurosamente inverosímil«, explicaba en su sentencia. De acuerdo con las pruebas aportadas durante el juicio, ILC no factura más de 20.000 euros al mes.
Ahora el TSJM corrobora que la operación entre UPS e ILC fue una «descentralización productiva a través de un contrato de transporte, y no una compraventa en sentido propio, que pudiera dar lugar a una nueva actividad independiente de la anterior». El tribunal se refiere a las peculiares características de la actividad que desarrolla ILC desde que adquirió el centro logístico vallecano. Los clientes finales de los servicios, tanto los remitentes como los destinatarios, «siguen siendo siempre, antes y después de la transmisión» los que facilita UPS a ILC. No tiene clientes o negocios nuevos aparte de aquéllos. Como prueba, los jueces citan, además, que la empresa navarra continúa utilizando cartas de porte y relaciones de entrega de UPS.
Contra la sentencia cabe aún recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Para ello, las dos empresas deberán presentar una sentencia de otro Tribunal Superior de Justicia que, para un caso lo más parecido al de UPS, haya fallado en sentido contrario a los jueces de Madrid. Lo que complica bastante el recurso para UPS e ILC por la singularidad del pleito vallecano.
Cinco años de batalla legal y sindical
Los ahora 75 trabajadores del centro de transporte madrileño llevan más de cinco años luchando contra la primera multinacional logística del mundo. Tal como consideran probado las dos sentencias, UPS decidió en 2001 abrir otro centro en Coslada y cerrar el de Vallecas. Allí se concentraban los trabajadores de Cualladó, la empresa que la estadounidense había comprado en 1991 para instalarse en España. Todos con contrato indefinido y antigüedades que rozan los 30 años. En el resto de sus instalaciones, la multinacional prefiere recurrir a los autónomos o las subcontratas.
Así pues, la plantilla de Vallecas ha sobrevivido a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que fueron anulados por el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Otro juez, además, declaró nulos en 2011 tres despidos e improcedentes los de otros 14 trabajadores.
La estrategia de UPS todos estos años, tal como la describe el juez, se basaba en derivar volumen de trabajo al centro de Coslada, mientras «deterioraba y mermaba la actividad de Vallecas». «Siempre se ha dirigido la acción a cerrar el centro de Vallecas extinguiendo los contratos, no agotando otras posibilidades o abriendo otras vías de reestructuración», le recriminaba a la multinacional el juez, en una fundamentación que el TSJM comparte también ahora. De hecho, el tribunal no acepta ni uno solo de los argumentos de UPS e ILC contra la sentencia del juez de lo Social.
De las 300 personas que trabajaban en el centro de Vallecas en 2008, ahora sólo quedan en las instalaciones de la calle Gamonal 14 personas, las únicas excluidas del último ERE de suspensión temporal de contratos, presentado por el supuesto comprador, ILC, a los 20 días de firmar la operación fraudulenta. Desde el pasado junio, además, la empresa navarra les ha bajado los sueldos un 54%.
Ocultaron el acuerdo a los trabajadores
El contrato de compraventa, desmenuzado en ambas sentencias, es cuanto menos peculiar. Una de sus cláusulas obligaba explícitamente a las partes a «no revelar el contenido del acuerdo a los empleados». Y ello pese a que el documento autorizaba al comprador a cambiar las condiciones de trabajo de la plantilla a los tres meses de la venta y las condiciones económicas, a los siete meses.
También prohibía a ILC ejecutar despidos colectivos durante 18 meses. Ese plazo se cumple el próximo mes de enero, que es precisamente cuando termina el ERE de suspensión de contratos en vigor. Una cláusula penal del documento de compraventa establece una compensación de 1,6 millones de euros que ILC debería pagar a UPS en caso de que pusiera en marcha un despido colectivo o se declarara insolvente antes de año y medio.
Ésta es una garantía que a los trabajadores de Vallecas les merece la confianza justa. Cuando la multinacional abrió el centro de Coslada, en 2001, se comprometió a garantizar los empleos de Vallecas, quedando obligada «a no promover expediente de regulación de empleo ni extinción de contractual alguna». Un compromiso que UPS transmitió por carta a toda la plantilla y que, a la vista de lo ocurrido hasta hoy, no ha dejado de incumplir.
Sólo si las empresas condenadas no recurren la sentencia del TSJM, podrán los trabajadores pedir medidas cautelares que les permitan volver a sus puestos de trabajo y a la nómina de UPS. Y no descartan presentar una querella criminal. «La lucha que se pierde es la que se abandona», concluye la presidenta del comité de empresa, Rosa Torres.