En su informe de análisis de España, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) critica la reforma de Gallardón del CGPJ que amenaza con «politizar más la Justicia», algo «particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento». Pide «reconsiderar» los sistemas de designación de fiscales. El Grupo […]
En su informe de análisis de España, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) critica la reforma de Gallardón del CGPJ que amenaza con «politizar más la Justicia», algo «particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento». Pide «reconsiderar» los sistemas de designación de fiscales.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha emitido este miércoles su informe de evaluación de España, en el que constata su «creciente preocupación por la corrupción en el país» y por la «politización de la Justicia». Los países que integran el Consejo de Europa muestran su preocupación por las posibles injerencias del poder político en causas concretas en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento y «están erosionando la credibilidad de sus instituciones».
GRECO hace denuncias concretas sobre la falta de independencia de la Justicia y plantea recomendaciones, también específicas, entre las que destaca que se desarrolle un marco regulatorio que garantice su independencia del Gobierno y su autonomía económica.
Fiscal General del Estado
GRECO asegura que, pese a las salvaguardias que los textos legales fijan, sigue existiendo una preocupación justificada sobre la falta de «independencia» del Fiscal General del Estado. El Consejo de Europa denuncia no sólo su sistema de elección, que corresponde en exclusiva al Gobierno, sino también su forma de actuar en casos concretos.
Los países que analizan la corrupción aseguran que han preguntado al ministro de Justicia por los canales que le permiten que pida explicaciones al Fiscal General del Estado sobre causas concretas. El Grupo denuncia que puede haber intervencionismo pese a que Justicia asegura que sólo hablan de «cuestiones generales» y que Torres-Dulce «puede negarse» a facilitar información a Gallardón en los casos que estime.
GRECO recomienda:
Que la experiencia «profesional no política» debiera ser imprescindible para nombrar al Fiscal General.
Que sus mandatos debieran superar los 4 años y para no coincidir con los del Gobierno, con el fin de evitar connivencias de intereses entre quien lo nombra y quien desempeña el papel de acusador popular.
Y que se sus presupuestos dejen de depender del Ministerio de Justicia para que el Fiscal pueda aumentar su autonomía y decidir independientemente qué recursos destina a los casos que crea prioritarios, sin control político.
Otros cuerpos fiscales
Las mismas denuncias se aplican a otros cuerpos fiscales cuya dependencia jerárquica debiera ser aclarada para evitar lo que se describen como posibles «conflictos de intereses». Igualmente, GRECO denuncia la falta de un procedimiento de sanciones claro y público para los fiscales que incurren en irregularidades o que pueden alterar un procedimiento.
El Consejo de Europa pide una revisión imparcial e independiente del actual sistema.
Consejo General del Poder Judicial
El informe constata que el Consejo General del Poder Judicial es susceptible a la «politización» por el sistema de elección de sus miembros, que permite a los partidos «repartirse asientos en el CPGJ», y critica que la reciente reforma llevada a cabo por el ministro Ruiz Gallardón va en la dirección contraria a la que debiera porque «tiene el potencial de aumentar la representación política en los cuerpos judiciales». «El resultado en España es particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento».
Ante esos riesgos, GRECO recomienda realizar una evaluación del nuevo marco legislativo para evitar lo que califica como «influencias indebidas».