La administración Trump, a través de la Agencia para la Protección Ambiental anunció la semana pasada una moratoria en el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de las industrias peligrosas y contaminantes del país, debido al coronavirus. La industria intenta aprovechar la situación para pedir una rebaja de los controles, también en Europa.
La administración Trump, a través de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), anunció la semana pasada una moratoria en el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de las industrias peligrosas y contaminantes del país, debido al coronavirus. El anuncio exime a dichas industrias de llevar a cabo controles y mediciones, con lo que no podrá conocerse el alcance de la contaminación. La medida no tiene fecha de caducidad. Se trata del último movimiento de un larga cadena de despropósitos en materia ambiental por parte del Gobierno estadounidense.
La dejación de funciones de la EPA no había conocido ningún precedente similar y llega al extremo de renunciar a reservarse la capacidad de intervención si, de la aplicación de la medida, se derivara un problema grave de salud pública o afección ambiental. Llegado ese caso, la administración Trump delega en los estados las decisiones a tomar. Desde el sector científico, médico, ecologista y de las comunidades afectadas no han dudado en tachar la decisión no solo de peligrosa sino de inmoral, y se estudian medidas judiciales.
Se trata de una medida con un claro sesgo socioeconómico en cuanto a sus efectos, dado que se cebará con las capas más desfavorecidas de la sociedad. Está ampliamente documentado cómo la personas más empobrecidas -principalmente población no blanca- habitan zonas en las que preferentemente se han venido ubicando las industrias, refinerías de petróleo y fábricas más contaminantes. Esta licencia para contaminar hará que esas personas se vean expuestas a niveles de contaminación por sustancias químicas tóxicas en el agua y en el aire que comprometerán seriamente su salud.
La decisión de la EPA, que ha sido calificada de “dejación de funciones” por la antigua directora de la institución Cynthia Giles, es una pésima noticia para el 40 % de los estadounidenses que viven a menos de 5 kilómetros de alguna instalación industrial de alto riesgo.
Los argumentos utilizados para justificar la medida se basan en las supuestas dificultades que las empresas tendrían para cumplir con las normas ambientales si quieren responder al reto de asegurar la adecuada protección de trabajadoras, trabajadores y ciudadanía durante la pandemia. No obstante, la realidad es que la contaminación adicional que se va a producir a partir de ahora podría precisamente comprometer la capacidad del sistema inmune de personas con patologías previas para resistir a una infección por coronavirus.
La política adoptada por la EPA no llueve del cielo. En las semanas previas la industria ya venía reclamando una desregulación ambiental. Actores económicos como la Cámara de Comercio o el American Petroleum Institute habían enviados cartas al Gobierno de EE UU en los días previos solicitando relajación de impuestos y de normas. Entre las peticiones se encontraba la solicitud de relajar los controles y el cumplimiento de normas relativas a la calidad del agua, los efluentes, la inspección de tanques, las emisiones de benceno, las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos peligrosos, las medidas de remediación de suelos y aguas subterráneas, controles químicos, etc. La decisión de la EPA probablemente cubre de forma amplia sus expectativas.
También en Europa
Es habitual en tiempos de crisis que las grandes corporaciones contaminantes aprovechen para intentar chantajear económicamente a los gobiernos y colar su agenda de desregulación ambiental. La UE no está siendo una excepción. En los últimos días hemos visto cómo la industria del automóvil dirigía una petición a la Comisión Europea para que retrase la entrada en vigor de los estándares de emisiones de los vehículos. Es importante recordar que se trata de la misma industria que engañó a los ciudadanos con el ‘dieselgate’.
Estas peticiones de la industria encuentran eco político en las fuerzas conservadoras; el grupo parlamentario de los Reformistas y Conservadores Europeos, donde se integran los negacionistas de Vox, está pidiendo firmas entre los miembros del Parlamento Europeo para presionar a la Comisión Europea en favor de una desregulación y un abandono o retraso de iniciativas legislativas ambientales como el Pacto Verde Europeo. También están pidiendo que los fondos destinados a luchar contra el cambio climático se destinen a luchar contra el coronavirus. Por su parte, el grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo está pidiendo posponer la ‘Estrategia de la granja al plato’, entre cuyos objetivos se encuentra el reducir las emisiones de la cadena alimentaria y disminuir las afecciones sobre la biodiversidad.
Ecologistas en Acción se solidariza con el movimiento ecologista estadounidense y rechaza las medidas adoptadas en aquel país con la excusa de la pandemia. Al mismo tiempo alerta de las intenciones de la industria en Europa y exige una salida a la crisis que esté regida por criterios de sostenibilidad y justicia social.