La Comisión Europea ha instado a España a que, antes de 2021, haya avanzado en la descontaminación de Palomares y parte del término municipal de Vera (Almería). También, la Audiencia Nacional (AN) ha ordenado al Consejo de Ministros que desclasifique el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), insólitamente clasificado como secreto de estado y se aporte cuanta documentación se haya elaborado después. Junto al auto, se ha publicado también el voto particular del magistrado ponente Luis Helmut Moya, que ha impedido se dé rápido carpetazo al tema y en el que se desmarca del resto de sus compañeros. En él ha recordado que España es un país soberano y no puede justificar la inacción de estos 54 años por la falta de cooperación en la limpieza de los EE.UU.
El PRP era simplemente un plan técnico preliminar. En el caso de que este documento y resto de documentación requerida sea desclasificada, ¿qué secretos podemos esperar que se desvelen?. En realidad poco nos revelará esta documentación, más allá de comportamientos desleales por parte de la clase política y funcionarial. Su contenido fue negado a los afectados de la zona, a Ecologistas en Acción y a los jueces de la Audiencia Nacional (AN), dentro de la instrucción por la demanda de Ecologistas contra el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), pero fue expuesto con absoluta impunidad ante una nutrida audiencia en Fukushima (octubre de 2011) y Viena (2013).
La Ley de Secretos Oficiales deja muy claro que las «materias clasificadas» no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas (art. 13). Cualquier revelación de su contenido incurrirá en delito penal, pero los hechos muestran que, el cumplimiento legal de esta y otras leyes, parece depender del arbitrario criterio de algunos funcionarios del Centro de Investigación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Gracias a estas ilegalidades, nos pudimos enterar del contenido del PRP. La tradición de la dictadura sigue viva con Palomares. Desde el accidente en 1966, el férreo ocultismo a los damnificados y a la opinión pública, contrastaba con la generosa información presentada por la Junta de Energía Nuclear en congresos fuera de España, como el de Viena en 1966 o Interlaken (Suiza) en 1968.
Razones para el secretismo
El PRP de 2010 fue la obra culmen con respecto a Palomares del director del CIEMAT, Juan Antonio Rubio, fallecido ese mismo año. El mismo que había promovido el Plan de Investigación (2003-2008) para saber lo que habían dejado los norteamericanos y diseñar unas estrategias eficientes de rehabilitación.
Como hemos visto antes, era un plan preliminar, que deberá ser completado en los ámbitos de impacto radiológico al público, un plan de protección radiológica de los trabajadores, un plan de gestión y transporte de residuos radiactivos y, después de la limpieza, un plan de vigilancia radiológica ambiental. Entonces, ¿por qué fue declarado secreto por el gobierno de Zapatero el mismo año, según la ley franquista de secretos oficiales de 1968? Repasemos lo acaecido: cuando se produjo el accidente, la historia oficial inventada se creó por la connivencia con los EE.UU. para ocultar los kilos de plutonio que se quedaron sin recoger, con la manida excusa de que era para evitar el alarmismo, además de no querer dañar las expectativas de turismo, con su indispensable aporte de divisas y ocultar el ilegal proyecto de investigación con cobayas humanos de los primeros 30 años, denominado en clave «Proyecto Indalo».
Además de sacar las tropas de Irak, Zapatero había indignado a los EE.UU. cuando no se levantó en 2003 al paso de su bandera. Ahora parecía mostrar un propósito de enmienda bipolar. En 2010, cuando es aprobado el PRP por el CSN, hacía solo un año que había comenzado una profunda crisis económica que amenazaba la bancarrota del país. Pero desde el inicio de la crisis en 2009, hasta 2012, el sector exterior paradójicamente crecía con vigor, especialmente con los EE.UU. donde se incrementó un 58%, hasta llegar al hito histórico nunca visto ni imaginado, en 2014, de superar las ventas a las compras. En paralelo, el organismo que promocionaba las relaciones comerciales – el Ministerio de Exteriores – era el mismo que celebraba las reuniones bipartitas sobre Palomares y el que tenía a los norteamericanos que exigir cumplir con su obligación legal y moral de llevarse lo que ocultaron en 1966. Pero en el Gobierno, otras eran las actitudes y otros los intereses con respecto a este viejo contencioso. De ahí la intención envenenada de asignar al Ministerio de Exteriores, con demasiados conflictos de intereses, en vez del específico, el de Ciencia e innovación, mientras que la contraparte norteamericana siempre lo hizo con el Departamento de Energía, incluso cuando intervenían otras agencias.
Elaboración propia
Desde 2010, las negociaciones del Ministerio de Exteriores con los EE.UU. para la descontaminación de Palomares, en plena crisis, hasta la firma del acuerdo Kerry-Margallo, las relaciones comerciales y la inversión española allí, crece de manera vertiginosa, con unas exageradas cifras que sepultan la vindicación de una pequeña población en la periferia peninsular.
Durante los años 2010-2015 casi se duplican las exportaciones con 13.000 millones de euros. Las cifras de nuestras inversiones en el país más rico del mundo eran aún más escalofriantes. Superaban con amplitud lo que ellos invertían en nuestro país, alcanzando la friolera suma de 70.500 millones (ver gráfico). Por eso, cuando se firma el denominado Acuerdo Kerry-Margallo, que no era otra cosa que una declaración de intenciones, sin vinculación jurídica, los norteamericanos habían realizado una contrapropuesta de otra descontaminación parcial, aprovechando su ventajosa posición en las negociaciones y la ostensible pusilanimidad de los funcionarios españoles, presionados por los sectores financieros implicados. Una contrapropuesta que fue aprobada por unanimidad por el CSN, gracias a un informe favorable de la Dirección de Protección Radiológica. Aquello suponía traicionar sus propios criterios radiológicos, establecidos en 2001 y que suponía dejar un 400% de radiactividad más en Sierra Almagrera y una reducción de tierras a tratar de casi el 50%.
Estaba claro que el negocio y los intereses crematísticos de unos pocos era lo que primaba, por ello el Ministerio de Exteriores fue el instigador a que se aplicara el secreto a la totalidad de la documentación. Eran las reglas del juego. Sus reglas, por ellos impuestas. Palomares era de nuevo usada como moneda de cambio y el gobierno no estaba dispuesto a tensar las relaciones por un viejo contencioso heredado del franquismo, que afecta a una comunidad ubicada a mucha distancia de donde se toman las decisiones.
Las luchas en los juzgados
Puesto que los gobiernos dictatoriales o democráticos se comportaban insólitamente de igual manera respecto al problema radiológico de Palomares, Ecologistas en Acción Almería decidió intentar trasladar la lucha por el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno libre de radiactividad de Palomares, Villaricos y Vera, a la vía judicial. Aún a sabiendas de cómo se encuentra la justicia en nuestro país, su abogado, José Ignacio Domínguez, no titubeó en presentar una demanda por desinterés e inactividad en el Tribunal Supremo contra el CIEMAT, el CSN, los miembros del Gobierno español y demás personas que aparezcan como responsables. Es decir, la denuncia comprendía a todos los gobiernos desde la dictadura hasta 2003, porque hasta ese año, todos habían ocultado a los miles de habitantes de la zona la verdad, con el inherente riesgo para su salud y la del medioambiente. Tal denuncia sin precedentes invalida la metáfora de David contra Goliat. Resulta más apropiada la hormiga contra el elefante, o la lucha desde una pequeña provincia de la España profunda frente al poder político y económico. Por supuesto, la denuncia en el Supremo fue archivada. Las excusas se fundamentaron en lo que se había realizado a partir de 2004 y anteriormente. La Memoria de 2015 de la Fiscalía Gral. del Estado argüía: es obvio que lo ocurrido en aquellos años y las posibles responsabilidades que hubiesen podido existir, si fuesen incardinables en el ámbito penal, estarían prescritas, dado el tiempo transcurrido. Como dirían los musulmanes «estaba escrito», pero se trataba más de un gesto simbólico y de señalar a los culpables, de cara a la opinión pública y de hacer patente la impunidad de los poderes fácticos frente al desamparo del ciudadano.
Desde 2010, en que fue aprobado el Plan Preliminar de Rehabilitación, el CSN tendría que haber comenzado a desarrollar los planes asociados, comenzando con el de residuos y transporte, asignando un emplazamiento provisional, a la espera del momento apropiado para la devolución a sus propietarios: el Gobierno de los EE.UU.
La ciudadanía se hallaba harta de ver cómo pasaba el tiempo sin que el organismo regulador, tal como reza el primer artículo de su ley fundacional: único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, se moviera solo para votar la contrapropuesta norteamericana con las inaceptables rebajas radiológicas. Hartos de ver que no hacían su trabajo, el abogado Domínguez, en representación de Ecologistas en Acción, interpone en 2017 una demanda contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional (AN) al CSN por inacción. Los hechos evidenciaban el sentido cíclico de la Historia, o tornar a una nueva descontaminación incompleta, como en 1966. La Abogacía del Estado tuvo difícil la defensa, pues no era un mero órgano consultivo como defendía, sino la que tiene que actuar de oficio promoviendo las acciones precisas.
Los transportes clandestinos de basura radiactiva a Palomares
La defensa del CSN se complicó al evidenciarse una vez más la impunidad y la falta de consideración con el área y los habitantes de Palomares y Vera. A finales de 2018 saltó a la prensa el escándalo de los transportes de varias toneladas de basura radiactiva a Palomares y su ubicación, fuera de toda normativa, en dos contenedores marítimos y en un inmueble en pleno centro de Palomares.
Por si fuera poco, cuando se reunieron alarmados en octubre en el CIEMAT los alcaldes de la zona, acompañados por los parlamentarios del PSOE almeriense, Juan Jiménez y Sonia Ferrer y por parte del CIEMAT su director, arropado por los directivos, Yolanda Benito y Carlos Sancho Llerandi, no tuvieron ningún reparo en darles una información falsa y sesgada, lo que demuestra la ausencia de respeto al pueblo, a nuestros representantes democráticos y a la ciudadanía, que pagamos con nuestros impuestos, los sueldos de estos señores. En la nota de prensa que amistosamente emitieron de manera conjunta con el Ayuntamiento, reconocieron dos envíos, cuando fueron 4; solo 1466 kg., cuando eran más del doble. De radiactividad 6 millones de bequereles, cuando en realidad sumaban más de 223 millones. Si al final hemos conocido la verdad, es porque a la Justicia sí parecen tenerle respeto. Requeridos por la AN, tuvieron que enviarle un informe completo, sin sesgos.
El que rompió radicalmente la tónica de la falsedad de la historia oficial, de la indiferencia, de la inacción con la radiactividad dejada por los EE.UU. en 1966 fue, como hemos visto, el entonces director del CIEMAT, Juan Antonio Rubio. A él debemos todo el Plan de Investigación y especialmente el PRP, que se aprueba en 2010, el mismo año de su muerte. Este siempre sostenía que el gran problema de Palomares era social, puesto que la radiactividad en sus 41 hectáreas suponía un agudo estigma, un lastre a su economía, presente en sus futuros 24.200 años. A partir de su fallecimiento comienza un periodo regresivo para Palomares. Los consejeros del CSN, desde la comodidad de sus despachos y altos sueldos, no se molestan en desarrollar el PRP. Mientras, el agravio comparativo no cesaba. El CIEMAT estaba siendo descontaminado dentro del Plan de Mejora de las Instalaciones (PIMIC) que ha superado los 100 millones de coste.
En 2011, un año más tarde de la muerte de Rubio, parte para Palomares la primera expedición de residuos radiactivos con casi 297 millones de bequereles de radiactividad. El 4º envío sería a finales de 2016. Los casi 3.100 kg. han ahondado aún más si cabe, el problema social de Palomares y la mala publicidad que los anega desde hace más de 54 años.
Pero tanto desamparo, tantas deslealtades, han tenido alguna consecuencia inesperada. El ponente de la AN para la denuncia de Ecologistas en Acción contra el CSN, Luis Hemuth, se ha desmarcado de la opinión de la mayoría de sus compañeros, posiblemente alineados con los intereses oficialistas. Ha emitido, como revulsivo, un duro voto particular, junto al auto en el que se solicita al Consejo de Ministros la desclasificación del PRP. En este punto parecen estar todos de acuerdo. La Ley de Secretos Oficiales deja claro, de manera inequívoca, que es para cuestiones de defensa y seguridad del Estado, no para defender los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales (de algunos partidos u oligarcas), como argumentaba el Gobierno en su acuerdo de 2015. Por otra parte, el magistrado alega el incumplimiento de otras leyes, como la que regula los derechos de acceso a la información, participación pública en materia de medioambiente, basado en el Convenio Aarhus, suscrito por España. Deja bien claro lo que el resto de los mortales, sin ser juristas, consideramos de sentido común: cuando se ha causado un daño efectivo al medio ambiente, se prioriza el derecho a la información ambiental sobre otros intereses.
Lo pertinente de sus argumentos y la contundencia de estos, refleja lo que muchos ciudadanos sostenemos: en una sociedad democrática, cuando están en juego los valores de primordial importancia, como la salud pública y la protección del medio ambiente, no puede servir esto de pretexto para seguir negando información a la ciudadanía.
Resuena ahora el eco de la frase lapidaria de una palomareña que, aunque no sabía leer ni escribir, con su inteligencia y poder de síntesis, condensaba en 2005 su descontento e impotencia: que lo sepan ustedes, aquí, en Palomares, ¡el dinero antes que la salud! y con esto está todo dicho.
La historia por escribir a corto y medio plazo
La demanda de desclasificación al Gobierno por parte de la AN y la previsible negativa del Ejecutivo, a pesar del cacareado respeto por la Justicia, probablemente retrasará el veredicto bastantes semanas. La creación en el Levante almeriense hace muy poco de la asociación “Flecha Verde”, para incentivar el desbloqueo imperante, el paulatino cambio de mentalidad en la zona, especialmente en las generaciones que están tomando el relevo, el apoyo de la Comisión Europea para que, antes de 2021, se haya iniciado el camino hacia la descontaminación efectiva y completa, parece que nos aporta un atisbo razonable de esperanza y que el tradicional déficit institucional del Gobierno central con la periferia peninsular, especialmente con las zonas radiactivas, ya sea en las Marismas de Medaña o Estuario del Río Tinto, en Huelva; en el Hondón (Cartagena) o en Flix (Tarragona), vayan mitigándose con acciones como la vindicada en Palomares.
Lo sucedido en Palomares en estos 54 años es un ejemplo más de cuando el destino de una comunidad no ha dependido de su voluntad solo y ha sido condicionado por causas ajenas a su capacidad o esfuerzo, impuesto por otros en función de su antojo e intereses. Circunstancia que ha sido favorecida por la ausencia de contestación por parte de los afectados. Y este es un detalle que a pocos se les escapa; que no debemos de omitir, pues la queja sin su fracción de autocrítica es puro victimismo. Aunque la situación parece evolucionar favorablemente, no olvidemos que se han dado situaciones paradójicas que han favorecido que esto sea una historia inconclusa, con páginas todavía por escribir, de apariencia interminable. Del silencio institucional al silencio de la población. De las múltiples deslealtades de casi todos los gobiernos, a la deslealtad de los vecinos con su entorno, con las generaciones futuras y consigo mismos en el presente.