El sistema de mercado de emisiones y la ausencia de control del gobierno en la concesión de créditos gratuitos a las industrias cementeras ha podido reportarles más de 86 millones de euros de beneficio en 2019. Unos beneficios que ascenderían a más de 157 millones de euros de 2014 a 2019.
Ecologistas en Acción ha señalado en numerosas ocasiones la incompatibilidad de los instrumentos de mercado con enfrentar la emergencia ecológica actual. La falta de planificación de los sectores unido a un sobredimensionamiento en la concesión de créditos gratuitos está generando enormes beneficios a las empresas del sector, mientras no se haga un ajuste de las emisiones en la línea de las indicaciones del IPCC será imposible que España cumpla con el compromiso de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de 1.5 ºC.
El sector cementero en España supone aproximadamente el 15 % de las emisiones de los sectores regulados. Ligado a la burbuja inmobiliaria y de la construcción, el sector llegó a contar con 41 fábricas en 2007, con una producción máxima de 32.1 millones de toneladas de clinker (principal componente del cemento más común), de las que 31 tenían autorización para incinerar residuos. La mayor parte de las fábricas pertenecen a unos pocos propietarios, en su mayoría empresas multinacionales (Lafarge Holcim Ltd, Cemex, Italcementi Group, Cementos Portland Valderrivas, Grupo Cimpor). Es un verdadero oligopolio, con prácticas de acuerdos de precios de venta de los productos derivados (cemento, hormigón, mortero, etc.) y de reparto de los mercados regionales, que ha sufrido varias sanciones millonarias de las autoridades de la competencia1.
Las continuas presiones del lobby del cemento han logrado la permisividad de todos los gobiernos en la regulación del sector. Una realidad que en numerosas ocasiones ha denunciado Ecologistas en Acción ya que está generando graves problemas ambientales y sociales. Desde la autorización de incineración de residuos que nos solo agrava el cambio climático sino también la contaminación atmosférica. Pasando por los procesos irregulares de las actualizaciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) incluso la incineración de los residuos en las cementeras, con el consiguiente agravamiento de la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y terminando por conceder derechos de emisión a fábricas de cemento que han cesado definitivamente su actividad, como las de Holcim en Yeles (Toledo) y en Lorca (Murcia).
El análisis pormenorizado del sector según los datos reportados al Registro de la Unión Europea de Derechos de Emisión de 2019 muestra con claridad cómo se repiten las malas prácticas del sector. Así, la administración pública sigue reconociendo muchas más emisiones de las que emiten en la realidad, eso les ha podido generar el pasado año beneficios superiores a los 87 millones de euros. El sector cementero en el periodo 2014-2019 ha recibido más de un 13 % de derechos que sus emisiones reales, lo que le habría podido originar un beneficio económico de más de 157 millones de euros.
| Año | Derecho asignado | Emisión real | Diferencia | Beneficio | Precio tonelada |
| 2014 | 15480491 | 13922662 | 1557829 | 9206769,39 | 5,96 |
| 2015 | 16703652 | 14543776 | 2159876 | 16436656,4 | 7,68 |
| 2016 | 17471455 | 14734778 | 2736677 | 14367554,3 | 5,35 |
| 2017 | 17066955 | 14773131 | 2293824 | 13235364,5 | 5,83 |
| 2018 | 16281309 | 15158669 | 1122640 | 17602995,2 | 15,88 |
| 2019 | 17582430 | 14079614 | 3502816 | 86624639,7 | 24,73 |
| Total | 100586292 | 87212630 | 13373662 | 157473979 |
Un sector en el que solo las cuatro grandes empresas del sector podrían haber obtenido un beneficio superior a los 70 millones de euros durante el 2019. El pasado año es la cementera Cemex la que se lleva un mayor beneficio de unos 44 millones de euros, seguida de Cosmos con más de 8 millones de euros y, tras ella, Portland y Holcim-Lafarge con 1.7 y 1.5 millones de euros respectivamente. Unos beneficios económicos que se repiten año a año, como muestran las tablas que acompañan este comunicado.
El caso de la cementera Cemex es aún más grave cuando se comprueba que, a pesar de que sus fábricas de Almería (Gador) y Mallorca (Lloseta) anunciaron su cierre y el despido de sus trabajadores en 2018, se le haya concedido derechos de emisión en 2019 que no han sido necesarios. Para Ecologistas en Acción es fundamental que el gobierno aclare si esto se ha producido así y si ha iniciado algún mecanismo para reclamar los derechos sobrantes adjudicados de esta y otras instalaciones.
La organización ecologista considera profundamente preocupante cómo se está favoreciendo al sector a través de la desregulación por parte de las instituciones. Muy lejos de ir reduciendo su impacto climático el sector del cemento ha visto cómo se incrementaba su capacidad de emitir gases de efecto invernadero, pasando de tener dos millones más de toneladas de CO2 reconocida que las que tenía en el año 2014, lo que resulta incompatible con cualquier objetivo climático. La falta de voluntad política de poner fin a los privilegios de las cementeras es patente incluso en el propio Plan Nacional integrado de Energía y Clima presentado por el gobierno, en el que, si nos fijamos en el escenario planteado por el gobierno, la eliminación del exceso de emisiones registrado en 2019 debería lograr una reducción adicional de un 1.2 % de las emisiones respecto a 1990 en cuanto se hiciese.
Ecologistas en Acción reafirma las denuncias que ha realizado desde el comienzo del mecanismo del mercado de emisiones europeo sobre como esta financiarización de la lucha climática solo protege los beneficios de los grandes holdings empresariales y especialmente a las cementeras españolas. Para la organización ecologista es urgente que se proceda a una completa revisión de las emisiones asignadas al sector del cemento para que se produzca una reducción acorde a la realidad actual y se ajuste a las indicaciones científicas. No se justifica que ante las evidencias y las repetidas denuncias el gobierno se siga ignorando la desproporcionalidad e injusticia de instrumentos como el RCDE UE (ETS por sus siglas en inglés) y la necesidad de proceder a una planificación real que ponga freno a las conductas climática, social y ambientalmente dañinas que se repiten en el sector cementero.