Un nuevo informe de Migraciones Climáticas y ECODES analiza el papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas.
El Huracán Dorian en las Islas Bahamas, los ciclones en Mozambique, Malawi, Madagascar o Zimbabue, o las fuertes tormentas en Estados Unidos y Canadá: eventos que provocaron que miles de personas se vieran obligadas a migrar durante el año pasado. En 2019, y según datos del último informe del IDMC (Internal Displacement Monitoring Center), 24,9 millones de personas tuvieron que desplazarse en todo el mundo por desastres naturales –la mayoría de ellos eventos climáticos extremos– ocurridos en sus países. En ese año, el 75% del total de nuevos desplazamientos ocurrieron por este motivo; la mayoría de ellos, en la zonas más vulnerables del Sur Global.
Las migraciones climáticas son una consecuencia más del calentamiento global. Un nuevo informe sobre esta cuestión elaborado por el proyecto Migraciones Climáticas de ECODES va más allá y apunta también a las causas de este fenómeno y a cómo la conducta empresarial que promueve la Unión Europea en un contexto de crisis climática contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales y acrecienta este tipo de desplazamientos que, en palabras de la investigadora y autora del informe Beatriz Felipe, suponen una amenaza para el derecho a la vida.
Desprotección por parte de la UE
Una de las principales conclusiones del citado informe es la reticencia de las instituciones de la Unión Europea a la hora de abordar las migraciones climáticas y asumir un papel de liderazgo frente a los estados miembros. De hecho, según expone el estudio, el enfoque continúa siendo el de reforzar los controles migratorios en las fronteras y reducir los flujos de personas que llegan a Europa huyendo de desastres.
«Si se tiene en cuenta lo conflictivo que se ha vuelto el tema de la movilidad humana en los foros políticos y jurídicos de la UE y las graves violaciones de derechos humanos que están viviendo las personas que intentan ingresar a la región, no es difícil predecir que los debates sobre las migraciones climáticas en el seno de la UE serán tensos y resultará complicado adoptar acuerdos específicos al respecto», apunta el informe.
Como ejemplo, una reciente oportunidad perdida: a finales de septiembre de este año, la Comisión Europea adoptó el Nuevo Pacto de Migración y Asilo, centrado en facilitar el retorno y la externalización de fronteras por encima de la protección de las personas migrantes y refugiadas –algo que han señalado organizaciones como CEAR–.
Tal y como señala el estudio de Migraciones Climáticas y ECODES, y en lo que respecta a los desplazamientos de personas provocados por el cambio climático, si bien el Parlamento Europeo ha trabajado últimamente en los impactos que tiene el cambio climático sobre la población vulnerable de países en desarrollo, desde este organismo no hacen referencia al derecho a migrar.
Las empresas de la UE contribuyen a las migraciones climáticas
«El hecho de que las peores consecuencias de la emergencia climática las están sufriendo quienes menos han contribuido a la misma nos hace reivindicar, una vez más, la responsabilidad de actuar de los mayores contaminantes del planeta, entre los que se encuentran la UE y sus empresas», señala el informe.
Sobre el papel específico de estas últimas, el estudio apunta a la acción insuficiente de «iniciativas voluntarias» por parte de las compañías, así como a la necesidad de impulsar una normativa obligatoria en términos de derechos humanos y medio ambiente para las empresas. Una directiva que está todavía en embrión por parte del Parlamento Europeo, según señalan desde Migraciones Climáticas, y que obligaría a todas las empresas que operan en el mercado interno de la UE a cumplir con su deber de respetar los derechos humanos y la buena gobernanza ambiental en sus actividades y relaciones comerciales.
Hasta ahora, las medidas tomadas en este ámbito han resultado insuficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Hace menos de tres años, ninguna empresa europea del sector del petróleo y el gas contaba con objetivos claros y suficientemente serios para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Así lo señala el estudio, que cita como referencia los informes elaborados por Transition Pathway Iniciative.
En este sentido, Repsol es una de las principales compañías señaladas. Según el informe, lejos de reducir sus emisiones, la empresa española las aumentó en 2019 y «ha contribuido a la degradación socioambiental en diversas regiones del planeta», dice el estudio de Migraciones Climáticas.
También la petrolera anglo-holandesa Shell está bajo el foco. El estudio apunta a que ha contribuido a desplazamientos por motivos climáticos en la región del Delta del Níger como consecuencia de su actividad extractora. Precisamente, esta petrolera, junto a otras grandes como BP, Chevron, Exxon o Total, gastaron 250 millones de euros en influir en las políticas de la UE sobre cambio climático.
Abordar el problema desde la justicia global y climática
Desde Migraciones Climáticas insisten en que las medidas que la UE adopte en este sentido deben hacer referencia a la justicia global y climática, así como a las relaciones desiguales en el contexto de la globalización y a la responsabilidad de la UE y sus empresas.
Así, proponen que se incluya una referencia concreta a este asunto en el Acuerdo de París para explicitar que la mitigación y la adaptación al cambio climático deben formar parte de las obligaciones de debida diligencia ambiental y de derechos humanos de las compañías que operan en el mercado de la Unión Europea.
El informe propone también la inclusión de una referencia explícita a las emisiones de gases de efecto invernadero de dichas empresas y su repercusión a nivel global. Más específicamente, el estudio sugiere que incluya la referencia a cómo los riesgos ambientales deterioran los derechos humanos e influyen en las migraciones climáticas, con especial énfasis en la situación para mujeres y niñas.
De la misma forma, proponen que los instrumentos internacionales de derechos humanos recojan los riesgos relacionados con la movilidad humana forzada.