Aunque algunos consideran al Comunismo de guerra (CG, 1918-1921) como la política concebida por los bolcheviques para instaurar el socialismo en la Rusia soviética, y a la Nueva política económica (NEP, 1921-1927) un paso atrás respecto a aquella, las evidencias históricas indican lo contrario.
Al triunfar la Revolución de Octubre, Lenin consideraba que sería el capitalismo monopolista de Estado con poder soviético el modelo a aplicar para la implementación del comunismo.[1]
Solo las necesidades imperiosas de la Guerra Civil y la agresión extranjera obligaron a implantar, en el invierno de 1918, el despiadado «sistema de contingentación» —la requisa obligatoria a los campesinos de toda la producción excedente para abastecer al Ejército Rojo y a la población urbana— que abrió el camino a la absoluta centralización estatal del aparato económico. El resultado fue contraproducente: planes de acopio incumplidos de manera sistemática, depreciación del dinero ante la emisión desmedida, salarios pagados en bienes, expansión del trueque y la corrupción. Desde 1920, alimentos y otros bienes esenciales tuvieron que ser racionados y distribuidos centralmente, lo cual no impidió que se extendieran las hambrunas.
Dirigentes soviéticos como Trotsky y Preobrazhensky asumieron el monopolio estatal generalizado y la casi desaparición de las relaciones monetario-mercantiles del CG cual parte intrínseca de la política económica del proletariado victorioso. Lenin, sin embargo, lo concibió limitado a sus objetivos iniciales. En marzo de 1921, ganada la contienda, y presionado por las crecientes protestas campesinas y la sangrienta rebelión de obreros y marinos de la base de Kronstadt, el X congreso bolchevique aprobó, a propuesta de Lenin y Bujarin, la denominada Nueva Política Económica.
Basada en un proporcional impuesto en especie —luego en dinero—, la NEP permitió a los campesinos quedarse con la mayor parte de su producción sobrante y venderla libremente, fomentó los pequeños y medianos negocios de capital privado, la cooperativización y la inversión extranjera. En pocos años, los índices productivos anteriores fueron rebasados y el agro comenzó a abastecer al mercado interno y exportar los excedentes. En 1925, la producción agrícola recuperó el nivel que tenía antes de la guerra, al tiempo que crecía una clase de intermediarios —los nepmen— dedicados a la compra-venta de dicha producción.
Muerto Lenin e inviable la «revolución europea», el interés por lograr la paridad militar-industrial con los países occidentales condujo al rechazo del modo de avance, seguro pero lento, de la NEP y fueron retomadas las políticas de gran salto. En diciembre de 1927, el XV Congreso del PCUS, ahora bajo control de Stalin, adoptó medidas que significaban el fin de la NEP. La tierra y la industria fueron brutalmente colectivizadas y se impuso la planificación central, verticalista y subjetivista de la economía nacional. La aprobación del primer plan quinquenal (1928-1932) retomó la colectivización forzosa y las requisas agropecuarias, transfiguradas ahora tras la venta obligatoria de los excedentes agrícolas al Estado a precios inferiores al valor del mercado.
El triunfo de la Revolución Cubana, cuatro décadas después, volvió a poner en tela de juicio la vieja polémica entre las dos opciones de política económica socialista: el gran salto adelante vía CG, o el tránsito gradual y voluntario tipo NEP; esta vez en el entorno de un pequeño país tropical subdesarrollado. Analicémosla brevemente, apenas en lo tocante a la esfera de la distribución agrícola.
Los artículos de la Primera Ley de Reforma Agraria serían cumplidos solo parcialmente y su práctica adoptó derroteros no previstos en la letra y el espíritu de la norma. En su articulado no existía ninguna referencia a pasar tierras a manos del Estado, ni se mencionaba la posibilidad del monopolio estatal de acopio. La ley era absolutamente anti-monopólica y perseguía la sustitución de los latifundios por la pequeña y mediana producción de carácter privado, o preferentemente cooperativa.
El poderoso Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no incluía entre sus funciones el acopio de la producción agropecuaria. Pero, desde 1959, en medio de la aplicación de la reforma agraria y de la lucha contra bandidos, se fue estructurando rápidamente un sistema de recogida de productos agrarios que tomó como modelo aquella versión moderada del CG adoptada por Stalin: el acopio estatal forzoso de la mayor parte de la producción a precios ínfimos.
Desde el primer año de la Revolución, el INRA creó las Zonas de Desarrollo Agrario (ZDA), que no solo expropiaron y distribuyeron la tierra, sino que se encargaron de la producción agropecuaria con un elevado grado de centralización. El INRA empezó a dirigir los cuatro sectores que conformaban la economía agraria de aquella etapa: estatal, cooperativo, capitalista y privado campesino. En este contexto surgieron las primeras formas organizativas comerciales estatales en el campo.
En 1962, se consideró imprescindible establecer el control estatal sobre los precios y la comercialización al por menor. Para ello se constituyeron los Órganos Nacionales de Acopio, organizados en empresas nacionales altamente especializadas y centralizadas, como las del Grano, Café y Tabaco. Al año siguiente, estas empresas se unieron para formar la red nacional de Acopio, subordinada al INRA.
Surgieron así el Sistema Estatal de Acopio y la Asociación Nacional de Tiendas del Pueblo, germen del comercio estatal minorista en las zonas rurales. A partir de contratos de compraventa, créditos y garantía de precios, se fue atando el sector privado campesino al sistema de reproducción de la economía socialista. Ello ocurrió mediante dos vías fundamentales de comercialización: la libre, a través del pequeño comercio privado en el ámbito local, y la estatizada.
El acopio mayorista y el comercio minorista racionado de productos agropecuarios asumieron la forma estatal absoluta desde 1968. En ese momento se suprime el mercado privado con la Ofensiva Revolucionaria, que expropió todas las pequeñas propiedades a excepción de campesinos y choferes de alquiler. Como resultado, se intervinieron por el Estado 57.600 pequeñas empresas privadas urbanas, lo que incluyó tiendas de comestibles al menudeo, de productos industriales, expendios de alimentos y bebidas, servicios e industrias. Paradójicamente, más de la mitad de ellas habían surgido después de 1961.
Se pretendió otorgar al Estado un control total sobre la distribución agrícola, ya que muchos de los comerciantes expropiados compraban productos agrícolas a precios elevados, lo que reducía la cantidad disponible para el encargo estatal. Pero el Gobierno revolucionario no estaba en condiciones de hacerse cargo de la distribución eficaz de bienes y servicios de las pequeñas empresas, por lo que la nacionalización absoluta empeoró, en lugar de solucionar, la escasez de bienes de consumo.
El I Congreso del PCC (1975), a pesar de que trazó una nueva política económica que reconocía la existencia objetiva de las relaciones monetario-mercantiles, conservó los nexos hegemonizantes sobre el campesino. Lo logró a partir del suministro monopólico de insumos y servicios y del acopio de la llamada «producción comercializable» —que la incluía toda, excepto el autoconsumo familiar—, a precios bajos, estáticos y únicos para todo el país. La opción de «libre mercado» se transformó, objetiva y necesariamente, en mercado subterráneo.
Tal situación se mantuvo hasta 1980, año en que se aprobó el Mercado Libre Campesino (MLC), que fue clausurado a su vez en 1986, en medio de la nueva ola centralizadora llamada Rectificación de Errores y tendencias negativas.
En 1994, la creación del Mercado Libre Agropecuario brindó a los productores la posibilidad de concurrir a un mercado más amplio con precios liberados, a partir del cumplimiento de las obligaciones con el Estado. Las producciones no contratadas podrían ser vendidas sin ninguna restricción. En ese año, una parte significativa de las tierras subutilizadas por las empresas estatales se convirtieron en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), en las que los obreros agrícolas se estrenaron como nuevos cooperativistas, pero las dificultades que las acompañaron desde un inicio determinaron el fracaso de la mayoría de ellas.
Entre los problemas que han enfrentado las UBPC desde su creación, está el elevado porcentaje de ventas que deben realizar a la empresa estatal de Acopio, aproximadamente el 70% de la producción fundamental. Si se tiene en cuenta que los precios pagados por Acopio son muy inferiores a los del mercado libre agropecuario, podemos comprender porqué muchas veces no alcanzan a cubrir sus costos. En el caso de las UBPC ganaderas, arroceras, citrícolas y paperas, ni siquiera pueden acudir con algún porcentaje de su producción fundamental al mercado libre agropecuario.
Aún en la actualidad, el mercado de alimentos agrícolas, que por su naturaleza debería funcionar bajo condiciones de competencia casi perfecta, opera en situación de competencia imperfecta. Para facilitar el acceso de los productores al mercado sería preciso que los compromisos de venta con el acopio estatal se limitaran a lo indispensable, de modo que la mayor parte de la producción fuera comercializada en el mercado libre de oferta y demanda, además de propiciar que una mayor proporción del valor agregado quede en la base, como estímulo indispensable para el incremento de la producción.
El Estado debe ser un actor más, pero encargado de velar por el comportamiento adecuado del mercado, regulando el equilibrio de la oferta y demanda, influyendo sobre los precios si fuera necesario y garantizando el interés del consumidor. La producción es una, y si se priorizan las entregas al acopio estatal, las formas de comercialización no estatales disponen de menos productos, lo cual conduce a un incremento de precios en perjuicio de los consumidores. Además de que esto conlleva al conocido desvío de productos de los almacenes estatales al mercado libre y subterráneo por el incentivo de mayores ingresos-ganancias.
Los altos niveles de centralización monopólica han dado lugar a situaciones desfavorables, tales como: desestimulo al productor, pérdida de cosechas por no ser recogidas a tiempo, pérdida de productos en los lugares de acopio, altos niveles de subsidios asumidos por el Estado, precios no consecuentes con calidades, cadena de impagos al productor, desvío de productos hacia el mercado subterráneo, entre otros.
En las condiciones de la Tarea Ordenamiento, la solución más probable para el acopio agrario cubano parece ser la creación de mpymes y cooperativas comercializadoras de segundo grado asociadas a los productores (cooperativas agropecuarias, usufructuarios, productores privados) por relaciones contractuales, o de subordinación.
Las limitaciones fundamentales del sistema de acopio actual provienen del viejo modelo económico centralizado de balances materiales, verticalista y coercitivo, heredero de las requisas del CG y de la desorganización burocrática y la disfuncionalidad organizativa que ha acompañado tradicionalmente al acopio estatal agropecuario. Por tanto, su superación definitiva exige el fin del monopolio estatal con la incorporación de nuevos actores económicos y, en un futuro mediato, el aporte de la inversión extranjera.
Notas:
[1] Marta Harnecker: “Cómo vio Lenin el socialismo en la URSS”, América Libre, http://www.45-rpm.net/palante/lenin.htm
Fuente: https://jovencuba.com/amp/acopio-comunismo-guerra-cubano/