En 2021 CaixaBank obtuvo un beneficio “ajustado sin extraordinarios asociados a la fusión con Bankia” de 2.359 millones de euros (1.381 millones en 2020).
“Gracias a todos; estoy enferma, con un 63% de discapacidad y un menor a mi cargo; me querían echar a la calle, sin concederme un alquiler social; todas las personas tenemos derecho a una vivienda”, afirmaba Encarna el 13 de abril, en el portal del edificio donde reside, en la avenida Amado Granell nº44 de Valencia. Encarna es, además, víctima de violencia machista.
La lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)-Valencia, con el apoyo de la red de asambleas vecinales EntreBarris y el empeño del abogado de oficio, ha hecho posible que se paralice –durante tres meses- el desahucio de Encarna, instado por CaixaBank.
Convocados por la PAH, medio centenar de vecinos y activistas se concentraron en la puerta de una sucursal de CaixaBank, a las 9,00 horas de un día lluvioso. “Vecino despierta desahucian en tu puerta”; “Vergüenza me daría desahuciar a una familia”; “Ladrones”; “Visca la lluita de la classe obrera” o “Ni gent sense casa, ni cases sense gent”, fueron algunas de las consignas, entre pañuelos y camisetas verdes (distintivas de la Plataforma), que gritaron los congregados. Un automóvil de la Policía Nacional, varios agentes y una furgoneta de la Policía Local se hallaban muy cerca.
En 2021 CaixaBank obtuvo un beneficio “ajustado sin extraordinarios asociados a la fusión con Bankia” de 2.359 millones de euros (1.381 millones en 2020).
El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, tuvo en 2021 una retribución de 1,69 millones de euros; el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, percibió una retribución de 3,89 millones de euros, informó la agencia Servimedia, con los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Integrantes de la PAH lograron entrar en la oficina de Bankia ubicada en el edificio anexo a la vivienda de Enacarna; el objetivo era que el banco firmara un contrato de alquiler social con esta vecina. Se trataba, asimismo, de que la dirección suscribiera un documento de la Plataforma, extensible a otras entidades financieras ante situaciones como la de Encarna.
“Se compromete a ofrecer alquiler social a todas las personas y familias vulnerables; y un alquiler asequible al resto antes de iniciar un proceso judicial y de desahucio”, es el primer punto en la propuesta de convenio de la PAH a la banca.
Además se insta a los bancos –en este caso CaixaBank- a la “cesión voluntaria” de las viviendas vacías a las administraciones públicas, durante un plazo de entre 10 y 15 años; al finalizar el periodo, se producirá la devolución de las viviendas, en el mismo estado de conservación que fueron cedidas.
En la movilización del 13 de abril, portavoces de PAH-Valencia recordaron que en el País Valenciano se produjeron 6.181 desahucios durante 2021, lo que supone la tercera autonomía del estado español tras Cataluña y Andalucía (estadística del Consejo General del Poder Judicial).
Asimismo pusieron cifras a la “descomunal escasez” del parque público de viviendas (de la Generalitat y los ayuntamientos) en el País Valenciano: el 0,6% del total de viviendas, muy por debajo de la media española y de la UE; y al incremento de la “privación material severa”: 577.874 personas se hallaban en esta situación en 2020 –el 11,5% de la población valenciana-, frente a las 239.011 personas en 2019 (cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
Los activistas relacionaron estos balances con el coste del rescate de Bankia en 2012, durante el gobierno del derechista Mariano Rajoy: 24.000 millones de euros en ayudas públicas (el proceso de fusión de CaixaBank y Bankia se completó en noviembre de 2021; el Estado español posee, a través del FROB, una parte del accionariado de CaixaBank).
Otro punto planteado en el convenio de la PAH es que CaixaBank ponga a disposición de las familias vulnerables “créditos blandos, que permitan a miles de familias hacer frente a las deudas contraídas”.
El documento agrega que las diferentes administraciones tendrán que desarrollar el parque público de viviendas, de modo que no sea inferior al promedio de la UE (países del entorno español).
Se propone asimismo un “plan de choque”, con la incorporación de viviendas, suelos y activos de la SAREB (también denominado banco malo), sociedad constituida en 2012 para la gestión y venta de los “activos problemáticos” de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas, tras la crisis de 2008. El Estado español es, a través del FROB, el accionista principal de la SAREB.
En el texto titulado Per què la SAREB ha de ser nostra?, publicado en enero por el periódico La Directa, las PAH del País Valenciano explican la necesidad de la medida. Por ejemplo el “imparable aumento” de los precios del alquiler de la vivienda en el País Valenciano: del 46% en los últimos cinco años, el segundo incremento, tras las Islas Canarias, del estado español (Índice inmobiliario Fotocasa); o citan el caso de las 754 personas que viven sin techo en la ciudad de Valencia, según el censo municipal.
Las PAH subrayan, además, que existen en el País Valenciano 409.261 hogares con demanda potencial de vivienda en los próximos cuatro años (incluidos acceso y rehabilitación); 205.101 hogares manifestaron la demanda potencial de acceso a la vivienda (datos del Observatorio del Hábitat de la Generalitat Valenciana, periodo 2017-2020).
En una reunión del 4 de abril con representantes de organizaciones sociales –como la PAH, Sillas contra el Hambre o Iaioflautes-, el vicepresidente del Gobierno Valenciano, Héctor Illueca (Unidas Podemos), manifestó que propondrá al ejecutivo central que las viviendas de la SAREB en el País Valenciano se integren en el parque público de la Generalitat.
El comunicado sobre la reunión detallaba el número de viviendas de la SAREB en el País Valenciano -8.532-, que sumadas a las más de 14.000 gestionadas por la Generalitat, representaría un incremento del 64%.
Impulsada por una veintena de organizaciones sociales, colectivos antidesahucios y sindicatos, la Campaña Iniciativa Por una ley que garantice el Derecho a la Vivienda reivindica que se “asegure y amplíe el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años”.
También reivindican una ley que garantice el derecho a una vivienda digna; la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada; la regulación estatal de los alquileres; garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones; o una “segunda oportunidad efectiva” para los hogares con deudas hipotecarias, entre otras medidas.
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