Un año después de la peor catástrofe medioambiental de Perú, pescadores locales señalan que los ecosistemas siguen contaminados y luchan por obtener una compensación justa
Una capa grasosa y oscura flota entre los pilares del muelle principal de Ancón, un tradicional balneario al norte de Lima. Las personas que viven ahí han aprendido a convivir con ella durante el último año, luego del derrame de petróleo del 15 de enero de 2022. Una fecha que tendrán siempre presente.
Lo que empezó como un vertido de 0,16 barriles de petróleo, según informó Repsol, el gigante energético español responsable del incidente, luego pasó a 6 mil barriles. A finales de mes, las autoridades peruanas se enfrentaban a una catástrofe de grandes proporciones, estimando que se habían vertido más de 11 mil barriles de petróleo a las aguas del país.
“La contaminación todavía está en el fondo del mar”, dice Luis Chiroque, pescador desde hace 46 años y presidente de la Asociación Frente de Defensa de Pescadores Artesanales de Ancón (Pinteros). Él y sus compañeros recuerdan cómo era pescar con tranquilidad al seguir con una tradición que habían heredado de sus padres. El mar, dice, “es nuestra segunda casa, pero ya no vivimos de la misma forma”.
El derrame de la refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa) –situada a 25 kilómetros al sur de Ancón, en Ventanilla, y administrada por Repsol desde 1996– ha sido considerado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. La expansión del crudo contaminó 15 mil hectáreas costeras y marinas y, como consecuencia, cerca de 10 mil personas fueron afectadas y más de 1850 animales murieron. Las olas anormales luego de la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga habrían provocado el vertido, aunque el gobierno peruano se apresuró a señalar también la supuesta negligencia de Repsol.
Pese a que se declaró el estado de emergencia ambiental y se aprobó un plan de acción inmediato y de corto plazo para la atención del desastre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad a cargo del monitoreo de la calidad ambiental adscrita al Ministerio de Ambiente, señaló en un comunicado el pasado noviembre que “aún existen 71 sitios contaminados con hidrocarburos”.
En una reciente visita a la zona afectada, Diálogo Chino habló con pescadores de ocho asociaciones diferentes, quienes atestiguaron la continua contaminación. Repsol, sin embargo, afirma que el mar y las playas ya están limpios. Un año después del vertido, las comunidades costeras siguen enzarzadas en disputas sobre el estado del medioambiente y las indemnizaciones, y muchas consideran que no hay solución a la vista.
Pasamayo, el acantilado olvidado
Son las 8 de la mañana y un grupo de treinta pescadores se ha reunido junto al acantilado en Pasamayo, una zona costera justo al norte de Ancón. La ruta es conocida por ser un lugar de difícil acceso, pero no lo es para Germán Melchor que día a día realizaba una pesca del lenguado (Solea solea), la chita (Anisotremus scapularis) y la pintadilla (Cheilodactylus variegatus), especies que habitan peñas y cuya carne es altamente cotizada por su sabor y textura.
“Dicen que las playas están limpias, pero aquí están las pruebas”, dice Melchor, de 57 años, mientras señala los carteles de contaminación por petróleo en torno a la bahía de Pasamayo. Ha sido pescador en Pasamayo desde que tiene 17 años y ahora es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla, que agrupa a 45 pescadores que se dedicaban a la pesca artesanal selectiva. Tras el derrame de Repsol, teme por el futuro: “De aquí a seis años, ¿quién me va a dar trabajo? Yo no voy a ir a pescar en ese sitio de petróleo y darle de comer a mis hijos o venderlo”.
Para Melchor, los pescadores del lugar jamás necesitaron ayuda de algún gobierno porque generaban su propio ingreso, pero desde el derrame no cuentan con los recursos necesarios y uno de sus hijos tuvo que dejar de estudiar.
Todavía no se ha tomado ninguna medida para remediar el derrame en Pasamayo. En su verificación de las operaciones de limpieza tras el vertido, el OEFA confirmó lo señalado por la subsidiaria de Repsol en Perú: Pasamayo es «inaccesible» debido a su ubicación y paisaje, y que el trabajo en la zona presentaba un «nivel de riesgo intolerable», incluso con el uso de equipos de protección.
No obstante, en una comunicación oficial a Diálocho Chino, el OEFA afirmó que “no tiene como función determinar, recomendar y/o aprobar metodologías de descontaminación y remediación de áreas afectadas. Sin embargo, sí se identifican áreas afectadas por la emergencia ambiental de la Pampilla, le corresponde a la empresa remediar dichas áreas”.
Según declaraciones de los pescadores, la empresa les comunicó que la zona no sería limpiada. Diálogo Chino se puso en contacto con Refinería La Pampilla SAA (Relapasaa), la filial de Repsol responsable de la refinería de Ventanilla, para conocer sus planes de limpieza, pero la empresa declinó hacer comentarios.
El biólogo marino y director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, afirmó a Diálogo Chino que la limpieza no ha sido uniforme en todas las áreas afectadas. “Si se declara que un área como Pasamayo va a ser un área de sacrificio, es decir que no se va a limpiar, se debe acompañar de un plan de monitoreo y de seguimiento permanente. Pero nada de eso ocurrió. El petróleo que está en esa zona se va a desprender por el oleaje y se va a ir al mar”, señala Riveros al hacer énfasis en la falta de planificación tras el desastre.
Según confirmaron fuentes de la Defensoría del Pueblo a Diálogo Chino, 1050 pescadores de 22 asociaciones se han agrupado para exigir una remediación al ambiente y una compensación por la pérdida de su fuente de ingresos. Ellos no han aceptado la indemnización final de la compañía. El motivo: no se conoce cuándo se remediarán las zonas en las que pescaban, ni cuándo volverán a pescar de manera segura.
Un plan a la espera
Entre las diversas acciones para tratar de remediar el derrame y las múltiples sanciones impuestas por entidades peruanas, el OEFA ordenó que Repsol elabore un Plan de Rehabilitación Ambiental. Pero el plazo máximo para su presentación es hasta el 4 de octubre del 2023, más de 21 meses después del derrame de petróleo en las costas peruanas.
Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, señaló a Diálogo Chino, que han “requerido información a Repsol y OEFA, así como los ministerios peruanos de Salud, Energía y Minas, y Producción, porque las personas en esas áreas tienen que saber si pueden reiniciar las actividades pesqueras o no. Estamos a un año del derrame y todavía se siguen haciendo estudios”. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años
La Defensoría del Pueblo y el OEFA dijeron a Diálogo Chino que desde 2011 se reportaron tres derrames de hidrocarburos por Relapasaa en la refinería La Pampilla. En esta última emergencia del 2022, el OEFA impuso multas coercitivas –que exigen el cumplimiento en un plazo fijo– por 2 millones de soles (530,000 USD), las cuales fueron canceladas. Sin embargo, las sanciones por procedimientos administrativos ascienden a 75 millones de soles (19.9 millones de USD). Ninguna de ellas ha sido pagada.
Denuncia de acuerdos unilaterales
Sin tener certeza sobre la remediación ambiental, los pescadores afectados reconocen que Repsol se comprometió con la entrega de S/ 3 mil soles (790 USD) mensuales a cada pescador en concepto de indemnización anticipada, tras un acuerdo entre la empresa y el gobierno a principios de marzo de 2022. El requisito principal era estar registrado en el Padrón Único de Afectados consensuado por la Presidencia del Consejo de Ministros y Refinería La Pampilla S.A.A., aunque no ha habido una periodicidad en las entregas.
A la fecha, el padrón registra más de 10 mil personas, entre los que figuran pescadores, comerciantes, trabajadores de restaurantes y otros afectados en los alrededores de Ancón. Repsol ha cerrado procesos indemnizatorios con el 60% de estos, según han señalado en su propia web. Pero para algunos pescadores el proceso de indemnización no es justo ni transparente, y se está firmando el acuerdo por necesidad económica.
“No sabemos ni cómo han hecho los cálculos para la indemnización que nos quieren dar. Si no hay un informe final, cómo pueden hablar de afectaciones. Anímicamente y psicológicamente también nos hemos visto afectados”, comenta Eddi Ccapacca, pescador de Ancón.
Diálogo Chino accedió a documentos sobre los acuerdos de compensación donde se señala que, “sin admitir reconocimiento de responsabilidad alguna”, Relapasaa otorgará la indemnización final sin derecho a futuros reclamos.
Germán Melchor, pescador de Pasamayo, afirma que a algunas personas se les ha negado incluso el derecho a recibir una copia de su acuerdo de indemnización. “Como damnificados nos quieren hacer firmar una transacción extrajudicial cediendo nuestros derechos, sin tener una copia de documento”.
Diálogo Chino cuestionó a Relapasaa sobre denuncias sobre los daños ambientales, los procesos compensatorios y el plan de rehabilitación, pero la compañía señaló que no respondería.
Un año después del derrame de petróleo, la deuda de Repsol con el medioambiente y las poblaciones afectadas sigue siendo incalculable. Para pescadores como Melchor, las esperanzas de alcanzar una solución son cada vez más difíciles de mantener. “No sabemos por cuánto tiempo más estará la contaminación ahí”, dice. “Queremos una solución, pero parece que va a ser imposible y estas son las consecuencias que estamos pagando ahora”.
Leslie Moreno Custodio es una periodista ambiental peruana.