Militarización, fronteras y extractivismo: sobre estos tres ejes se ha articulado el (no tan) nuevo pack normativo impulsado por la Unión Europea durante el último semestre.

Avanza la destrucción y eliminación de derechos al reinterpretarse estos en favor de las élites y las grandes corporaciones, mientras se reconfigura la propia categoría de seres humanos en función del dinero que poseen o el lugar en el que nacieron

La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo.

La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo. En un contexto de ofensiva del poder corporativo por traspasar las penúltimas fronteras en busca de nichos de rentabilidad, en el marco de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, la protección de los derechos humanos queda subordinada a los intereses empresariales. Es así como avanza la destrucción de los derechos sociales y ambientales, junto con la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos. Y las personas y organizaciones que se oponen a este estado de cosas están siendo cada vez más perseguidas.

Hasta la guerra de Ucrania, podía quedar en evidencia la brecha existente entre el discurso y la práctica del capitalismo verde impulsado por la Unión Europea.

La empresa transnacional Smurfit Kappa, líder mundial en producción de papel y cartón, lleva operando en Colombia desde hace varias décadas. En el norte del Cauca, las comunidades locales han venido denunciando los impactos de sus operaciones, que pasan por utilizar megaproyectos de monocultivo forestal con graves impactos socioecológicos. Los pueblos indígenas que habitan en esa región, particularmente los Misak, reivindican la ocupación de tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales.

Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global.

Si la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos o ACS en Guatemala.

Llega el otoño y con él las grandes cumbres internacionales. Llamamientos de los Estados centrales a la acción que no se traducen en acciones. Declaraciones de las asociaciones empresariales a favor de un cambio de rumbo que refuerzan el business as usual. Participación de la sociedad civil en unas negociaciones que formalizan las relaciones de poder asimétricas. Obstáculos burocrático-jurídicos que dilatan las resoluciones hasta eternizarlas. Acuerdos vinculantes que no incluyen órganos ni sanciones ni comprometen a casi nada.