Mahfouda Lefkir es una activista por los derechos de la población saharaui que vive El Aaiún, la capital del territorio del Sáhara Occidental, pendiente de descolonización. Ha pasado por distintas etapas de detención, encarcelamiento y por un continuo hostigamiento de las autoridades marroquíes que controlan la mayor parte del territorio. Según recoge el informe anual de Amnistía Internacional, entre el 4 de mayo y el 20 de junio de 2023, fue sometida a vigilancia y seguimientos diarios por las fuerzas de seguridad marroquíes, que, además, abordaron y golpearon a las personas que iban a visitarla a su domicilio. No es el primer episodio de esta naturaleza que padece. El prestigio de Lefkir va en aumento, como resistente al sistema establecido por Marruecos de represión y sojuzgamiento de la población saharaui, y, de este modo, se pretende evitar que se reproduzcan ejemplos individuales de rebeldía que susciten la solidaridad internacional y llamen la atención sobre la crisis permanente de derechos humanos que se vive en la que fuera colonia española.
Lefkir fue también objeto de agresión, junto con otros 23 saharauis, el 4 de septiembre de 2023. Les arrastraron por el suelo, golpearon y amenazaron cuando se manifestaban con motivo de la visita de Staffan De Mistura, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Precisamente para tratar de sofocar la visibilización del conflicto, la acción represiva de Marruecos puso de manifiesto su pervivencia y las formas violentas que utiliza frente a la población saharaui. Junto a Lefkir, se encontraba Sahla Boutenkiza, que ha desarrollado su actividad principalmente divulgando crónicas sobre las movilizaciones de los saharauis, para romper el bloqueo informativo, y que, por ello, ha recibido agresiones policiales, detenciones, vigilancia, e interceptación y revelación de sus comunicaciones privadas. La respuesta a su defensa de la libertad de los saharauis para manifestarse, y a su trabajo en documentar las protestas, ha sido la violencia y el recordatorio de que las fuerzas marroquíes pueden impunemente hacer lo que deseen con ella. El desinterés de la comunidad internacional por proteger los derechos de la población saharaui en su propio territorio así lo permite, pues ni siquiera se ha conseguido que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental pueda incluir en su mandato la observación de la situación de los derechos humanos. Lo que se suma al perenne estancamiento en el cumplimiento de su propio cometido original, pues permanece en el limbo la celebración del referéndum para el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho de libre determinación al amparo de la legalidad internacional.
Mohamed Lamin Haddi es uno de los presos saharauis del grupo de Gdeim Izik. Fue condenado a 25 años de prisión, en un juicio carente de garantías procesales, por cargos de participación en «organización criminal» y actos de violencia contra la fuerza pública, en el contexto del brutal desalojo del campamento (8 de noviembre de 2010), que se había organizado en las afueras de El Aaiún para protestar por las condiciones socioeconómicas del pueblo saharaui. Ha pasado por las prisiones de Tiflet y Kenitra, siendo sometido a largos periodos de aislamiento en los que se le ha privado de la posibilidad de salida alguna de celda, impidiéndole acceder a medicamentos y sin otorgarle tratamiento sanitario ante sus dolencias. Su abogada describió su celda en Tiflet como «una estancia pequeña, de dos metros cuadrados, sin ventana, grifo, ni retrete», vulnerándose las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y poniendo en serio peligro su salud.
Los tres casos citados se unen a los de otros muchos (Bouchri Ben Taleb, Hassan Zerouali, Rachid Sghayer, Abd El Tawab El Terkzi, etc.), por los que Amnistía Internacional ha trabajado en los últimos meses, denunciando la represión a los activistas saharauis por parte de Marruecos. El hostigamiento alcanza también a sus organizaciones civiles, a las que se les impide la reunión pacífica y se obstaculiza su actividad, como sucede con el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) o la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos.
Este ambiente de violencia se suma a la humillación y postergación permanente a la población saharaui. Como nos ha relatado la activista Sultana Khaya en su reciente visita a Asturias, se les relega en el acceso a la vivienda, en los empleos y en las prestaciones públicas, estableciendo un régimen de discriminación institucionalizada a los autóctonos respecto de los colonos marroquíes. Se persigue el aislamiento social de cualquier persona que haya tenido la valentía de alzar la voz frente a la autoridad ocupante, castigando a su entorno a menos que abjuren de su familiar o amigo. Se proscribe el uso del dialecto hassanía que emplean los saharauis para primar el dariya de la población marroquí, a la que las autoridades incentivan para establecerse en el territorio y desplazar a la población local. En suma, se construye un sistema donde la subordinación opresiva marque el día a día de la población saharaui y contribuya a forzar su emigración desesperada o la dilución de su identidad y cultura, como parte del proyecto anexionista de Marruecos donde los autóctonos sobran.
A esta realidad dramática y sombría es a la que el Gobierno de nuestro país devuelve a la mayoría de los solicitantes de asilo saharauis a los que deniega la entrada en Barajas, como hemos visto estos días. Lo hace sin considerar las peticiones del Defensor del Pueblo y los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, impidiendo que tramiten desde suelo español su solicitud de protección internacional y forzándoles con el uso de la fuerza a embarcar con destino a Marruecos. Violentando, como ha recordado Juezas y Jueces para la Democracia, el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en Sentencia 6/2014, de 22 de abril de 2014, en un precedente en relación con otro grupo de saharauis solicitantes de protección internacional de España, a los que se denegó el acceso y, en la práctica, todo recurso frente a dicha decisión, poniéndoles en riesgo de ser sometidos a tratos inhumanos, crueles y degradantes en Marruecos. Demostrando un doble rasero que, a la hora de la verdad, cuestiona cualquier discurso de compromiso con los derechos humanos y con el derecho de asilo. Precisamente cuando nos corresponde proteger a la población que paga, sufriendo la ocupación de su territorio y la represión, el abandono de responsabilidades de España en el Sáhara Occidental.