La constructora alicantina CHM Obras e Infarestructuras SA obtiene el contrato de emergencia para la reparación del tramo del metro sobre el barranco del Poyo, completamente dañado por la DANA.
Segundo contrato de emergencia del Consell de Carlos Mazón a empresarios de la trama ‘Gürtel’. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha adjudicado 4,2 millones de euros a dedo a la constructora alicantina CHM Obras e Infarestructuras SA, cuyo presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco del ‘caso Gürtel’ a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental. Su hermano José Martínez Berna, consejero de la constructora, también fue condenado a la misma pena, tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 entre ambos empresarios y la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata de constructores de larga trayectoria que, durante la época de la trama ‘Gürtel’, acabaron enfangados en la financiación en B del PP valenciano liderado por Francisco Camps. El grupo de empresarios que confesaron los hechos ante la Audiencia Nacional incluía, además de los hermanos Martínez Berna, a Enrique Ortiz (condenado en sendas piezas del ‘caso Brugal’) y a Vicente Cotino (condenado en el ‘caso Erial’ tras confesar los hechos). La pandilla de financiadores confesos del PP en ‘Gürtel’ asumió multas por un valor global de unos dos millones de euros para librarse de una condena superior a los dos años de prisión, que hubiera supuesto el ingreso en un centro penitenciario. En definitiva, una cifra muy inferior a los cuatro millones de euros de multa que aceptó pagar Vicente Cotino, condenado por la trama corrupta liderada por el expresident Eduardo Zaplana a tres años y cinco meses de prisión como autor de los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
El contrato de emergencia a CHM Obras e Infarestructuras SA se suma a la adjudicación a dedo de 3,9 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico de las obras en la presa de Buseo a la constructora Becsa SA, uno de cuyos dueños, Gabriel Alberto Batalla Reigada, también fue condenado en el ‘caso Gürtel’ junto con los hermanos Martínez Berna por financiar al PP valenciano, y a los trabajos encargados a la empresa en la que trabajaba el actual jefe de gabinete de Mazón, el periodista José Manuel Cuenca.
El contrato de emergencia adjudicado a CHM Obras e Infarestructuras SA ha sido licitado por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cuyas instalaciones y equipamientos del puesto de mando, situado a poco más de un kilómetro del barranco del Poyo en Paiporta, fueron totalmente arrasadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Toda la red de transporte público metropolitano de metro y tranvía ha quedado descabezada, con infraestructuras seriamente dañadas por la riada.
“El agua desbordada arrasó con la infraestructura e instalaciones de las líneas 1, 2 y 7 a su paso por las inmediaciones del barranco, dejando sin ninguna posibilidad de paso de circulaciones ferroviarias por el tramo”, explica el director gerente de FGV, Alfonso Novo, en el informe sobre la propuesta de aprobación y adjudicación de tramitación por la vía de emergencia.
La resolución de adjudicación a la firma de la familia Martínez Berna de las obras de rehabilitación del puente ferroviario que cruza el barranco del Poyo, firmada por el conseller Vicente Martínez Mus, indica que la constructora está especializada en ese tipo de actuaciones y dispone de capacidad para “iniciar los trabajos de forma inmediata”. También alega que CHM Obras e Infarestructuras SA se encarga del contrato de rehabilitación del viaducto sobre el barranco del Mascarat de la línea 9 de FGV en Alicante.
El mismo conseller tambien ha adjudicado a esta constructora la ejecución de obras de emergencia para la carretera CV-36, de titularidad autonómica, tal como confirmaron a elDiario.es fuentes de su departamento. Sin embargo, se desconoce el importe de la adjudicación al no haberse detallado aún el contrato (la administración dispone de un plazo máximo de un mes para hacerlo público).
La misma empresa, según informó Valencia Plaza, también ha obtenido contratos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, concretamente para el tramo de la carretera N-3 a la altura de Siete Aguas y Buñol, ya reabierto.