El proyecto del Ministerio de Sanidad para integrar MUFACE en el Sistema Nacional de Salud ha desatado una intensa pugna entre aseguradoras, sindicatos y partidos políticos. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) destaca las implicaciones de mantener un modelo que, según la Ley General de Sanidad, debió desaparecer hace 40 años.
Las aseguradoras privadas, beneficiadas por una subvención encubierta con fondos públicos, argumentan que el cambio podría provocar su quiebra, aunque realizan selección de riesgos y se ven fortalecidas por el auge de los seguros complementarios, fruto del debilitamiento de la Sanidad Pública.
Por su parte, algunos sindicatos del funcionariado defienden las ventajas exclusivas de MUFACE, como cobertura dental y protésica, y la posibilidad de acudir a hospitales públicos en casos graves, lo que refuerza las críticas por los privilegios frente al resto de la población.
El panorama político no se queda atrás. Mientras el Partido Popular advierte de un posible colapso del sistema público, la FADSP señala que sus propios gobiernos autonómicos han fomentado recortes sanitarios y privatizaciones, generando el contexto que ahora critican.
El Ministerio asegura que la incorporación de MUFACE al sistema público solo supondría un incremento del 2% en la presión asistencial, financiable con los recursos que hoy gestionan las aseguradoras privadas. En contraste, una parte del Gobierno insiste en mantener la gestión centralizada en el Ministerio de la Función Pública, lo que contradice el modelo descentralizado de Sanidad universal.
La FADSP hace un llamado a las organizaciones sociales y partidos progresistas a apoyar el fin de MUFACE, argumentando que mantenerlo favorece el monopolio privado sobre la asistencia sanitaria y aleja al país de un sistema verdaderamente equitativo y sostenible.
CCOO y UGT exigen celeridad al Gobierno y responsabilidad a las aseguradoras en el futuro de MUFACE
Las federaciones de Servicios a la Ciudadanía y Enseñanza de CCOO y UGT Servicios Públicos instaron al Ministerio de Función Pública a acelerar los trámites para cerrar un nuevo concierto en MUFACE. En su comunicado, destacaron la importancia de que el Gobierno actúe con rapidez y que las aseguradoras demuestren responsabilidad en este proceso.
Los sindicatos consideran positiva la decisión del Gobierno de realizar una consulta preliminar de mercado, solicitando a las aseguradoras que detallen el coste real de ofrecer el servicio. Esto permitiría analizar si la subida de precios exigida por las aseguradoras está justificada y serviría como base para una segunda licitación ajustada al mercado.
Ambas organizaciones recalcan que lo prioritario es que el nuevo concierto garantice la mejor prestación sanitaria para mutualistas, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Además, hacen un llamado a las aseguradoras a asumir su responsabilidad social en un sector tan crítico como el de la salud.
CCOO y UGT también demandaron al Gobierno la elaboración de un plan a medio y largo plazo que asegure la sostenibilidad y calidad de la asistencia sanitaria del funcionariado. Subrayaron que estarán vigilantes durante el proceso para garantizar que la licitación cumpla con las expectativas del servicio público.