Desde que en 2020 se cerrara la frontera con Nador, muchas personas marroquíes que hasta entonces podían desplazarse entre ambas ciudades, se han visto empujadas a un callejón burocrático. Un informe documenta las trabas con las que se encuentran.
Melilla, territorio español de solo 12 kilómetros cuadrados en
África, es una cárcel para cientos de personas marroquíes que se ven
empujadas a un callejón sin salida burocrático. La suma del cierre de la
frontera con Nador y las restricciones de movilidad que se impone a las
personas migrantes en esta ciudad autónoma, condenan a una suerte de
apartheid administrativo a estas residentes en el enclave, impidiéndoles
que puedan renovar sus pasaportes, aunque estén obligadas por ley a
contar con una identificación. Al impedir este trámite, aporta como
alternativa tramitar una cédula de inscripción, documento difícil de
obtener y que hay que renovar cada año.
Esta es la situación
que denuncia la organización Solidary Wheels No Borders For Human
Rights, un colectivo integrado fundamentalmente por personas voluntarias
que comparten, en sus propias palabras, “un sentimiento de no
resignación ante las políticas de las fronteras europeas y la
vulneración sistémica de los derechos humanos en las mismas”. Desde que
empezaran a trabajar en la Ciudad Autónoma, esta organización se ha
centrado sobre todo en el acompañamiento a niños y jóvenes migrantes sin
referentes adultos. Sin embargo, ha sido el trabajo con mujeres
marroquíes el que les ha permitido entender la violencia burocrática
sufrida por ellas. De los grupos de diálogo con este colectivo, surge el
informe El precio de los derechos. Excepcionalidad y Burorrepresión, La cédula de inscripción en Melilla.
“Todo surge cuando comenzamos desde nuestro equipo jurídico a llevar temas de extranjería y nos empezamos a dar cuenta que hay muchísimas barreras en general, pero que en Melilla se dificulta aún más el procedimiento por la falta de acceso a la renovación del pasaporte”, explica Mar Soriano, una de las autoras del informe e integrante de la organización. La imposibilidad de renovar el pasaporte, argumentan, aboca a muchas personas a una “situación de irregularidad sobrevenida o forzada afectando especialmente a mujeres”. Y es que, a través de sus entrevistas se encuentran con que “hay un perfil muy claro de mujeres que se han quedado aquí atrapadas cuando se cerró la frontera y sus maridos, por ejemplo, se han quedado al otro lado. También sucede que sus maridos tienen permiso de residencia [lo que da derecho a la movilidad], pero ellas no”.
Una ciudad jaula
Con unos 85.000 habitantes —de los cuales más de 10.000 son de nacionalidad marroquí— se calcula que en Melilla hay unas 2.000 personas en situación irregular, según se recuerda en el informe, si bien, atendiendo al trabajo de las organizaciones sociales, probablemente sean muchas más. En territorio africano, en el enclave ha coexistido, históricamente, una pluralidad de pueblos, deviniendo en las últimas décadas una ciudad de tránsito migratorio. Desde 1998, una valla —en permanente construcción— separa la ciudad de la vecina Nador. “El contexto fronterizo de Melilla y su desconexión territorial de la España peninsular, ha propiciado un sentimiento de desconexión jurídico-legal que ha supuesto múltiples vulneraciones de derechos hacia las personas marroquíes y rifeñas residentes en la ciudad (y las que transitan por ella)”, manifiestan en el informe.
Con un estatuto
particular en el espacio Schengen que impide la libertad de movimiento
por el territorio español a quienes no cuentan con situación
administrativa regularizada (algo que solo sucede en Ceuta y Melilla),
las personas marroquíes que no tienen la documentación en regla no
pueden desplazarse a la península. Una nueva realidad vino a dificultar
la vida de estas personas después de la pandemia: el cierre de la
frontera con Marruecos. Hasta marzo de 2020 las personas residentes en
la provincia de Nador podían cruzar sin necesidad de un visado, derecho
que se perdió con el cierre. Aunque no les estuviera permitido pernoctar
en la ciudad, el movimiento de una lado a otro de la frontera era algo
normalizado, mientras que muchas personas marroquíes acababan
estableciendo residencia en Melilla.
Con la publicación de su informe, Solidary Wheels quiere visibilizar la violencia institucional que sufren muchas personas marroquíes, en particular mujeres, en un contexto donde su acceso a la documentación se restringe de diversas maneras. La investigación se basa en estos grupos de encuentro con las mujeres afectadas y, en palabras de Soriano, ha sido realizado prácticamente por ellas, pues son sus experiencias y denuncias lo que se incluye. Espacios de intercambio que han permitido una descripción minuciosa de cada una de las trabas administrativas que estas mujeres se encuentran a la hora de acceder al único documento que les permite estar identificadas en la Ciudad Autónoma, la mencionada cédula de inscripción. El relato de estas experiencias diversas persigue, según el colectivo “destacar la naturaleza sistémica de la opresión, subrayando que no se trata únicamente de casos individuales, sino de percepciones compartidas entre las personas directamente afectadas y que son resultado de una normativa racista y una situación de excepcionalidad en Melilla como ciudad de frontera”.
Qué es la célula de inscripción
Sin
la posibilidad de acudir a Marruecos —pues sin autorización de
residencia no podrían regresar después a Melilla— ni viajar al consulado
marroquí, sito en Algeciras, las personas marroquíes cuyo pasaporte ha
caducado se quedan en un limbo. La única opción que se da desde la
Ciudad Autónoma, tras el cierre de fronteras, es la cédula de
inscripción, que sirve a modo de identificación cuando no se cuenta con
pasaporte en vigor.
Desde la organización resaltan la falta de transparencia a la hora de habilitar las expediciones de las cédulas. “Este mecanismo se empezó a utilizar, según entendemos, para intentar resolver la situación sin abordar la problemática de raíz”. Afirman que este tipo de soluciones superficiales son moneda común para obviar problemáticas estructurales de la ciudad “como la imposibilidad de acceso al empadronamiento, la limitación a la libre circulación o la falta de regulación clara y transparente del funcionamiento del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”.
La excepcionalidad
de esta cédula conlleva una serie de consecuencias. Unos altos costes
que se pueden traducir en hasta 1700 euros cuando se suman las tasas,
los honorarios por asistencia letrada, que se suele contratar ante la
complejidad de los trámites, tarifas de notarios, traducciones juradas…
Una cifra que contrasta con los poco más de 80€ que costaría expedir o
renovar el pasaporte marroquí si pudieran viajar a la península. Otra
diferencia central es el periodo de validez, mientras el pasaporte se
renueva cada cinco años, la cédula, que se puede tardar meses en
conseguir, solo tiene una validez de un año.
Las mujeres cuyos testimonios nutren el informe, hablan de múltiples maltratos: la larga espera para conseguir cita en la notaría —pues se les exige un acta notarial que confirme la imposibilidad de acceder o renovar el pasaporte en su situación— el clasismo con el que se encuentran, los plazos inciertos entre que se piden los documentos requeridos y estos llegan. Así mismo, más allá de la complejidad del proceso, existen múltiples factores que lo hacen inalcanzable para muchas personas, por ejemplo, la exigencia de carecer de una orden de expulsión pendiente —algo que es probable que se tenga cuando se está en situación irregular. Se exige de hecho cumplir los mismos requisitos que se solicitan para obtener una autorización de residencia. Y eso aunque exista una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2014 que estipula que quienes tramitan la cédula pueden optar al permiso de residencia simultáneamente o con posterioridad a esta solicitud.
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Desde Solidary Wheels denuncian cómo comúnmente esta segunda posibilidad no existe, lo que de facto impide a las personas acceder a este documento identificativo cuando no reúnen las condiciones para optar a la residencia. Y es que estas condiciones incluyen el empadronamiento, un certificado negativo de penales del país de origen y un contrato de trabajo o certificado de tener medios económicos suficientes. Todos ellos requisitos difíciles de cumplir en la Ciudad Autónoma, tanto por la dificultad de acceder a documentación como el certificado de penales, como por el carácter de informalidad de muchos de los trabajos. “Esta aplicación excepcional y sin garantías conlleva que una persona marroquí que resida en Melilla, con pasaporte caducado y que no cumpla los requisitos para pedir una autorización de residencia, no pueda ser titular de un documento de identidad en vigor ya sea un pasaporte o una cédula de inscripción”, explican desde la organización la dimensión del problema.
Un problema que cobra especial gravedad
cuando hablamos de las infancias, los niños y niñas nacidos a partir
del cierre de la frontera. Los hijos de personas marroquíes adquieren la
nacionalidad de sus padres, y no la española, pues haber nacido en
territorio español no dota de derecho a la nacionalidad. Así, ante la
imposibilidad de desplazarse a Marruecos o al consulado en Algeciras,
muchos acaban sin documentación. Desde la organización denuncian que
incluso hay familias que se han encontrado con trabas “para registrar a
sus hijas/os/es en el Registro Civil de Melilla, ya que se impide el
acceso por no tener un pasaporte o residencia en vigor, o por el mero
hecho de no hablar español”. Algo que consideran es una clara situación
de vulneración de los derechos de la infancia, que además les dificulta
acceder a la escolarización o la sanidad.
La situación de excepcionalidad en Melilla opera como un muro de imposibilidad también para quienes cumplen todos los requisitos pero tienen antecedentes penales que no puedan cancelar, debido a su situación de irregularidad, y la falta de pasaporte en vigor, quedando en una situación sin salida. Otra derivada es la que afecta a las mujeres supervivientes de violencias machistas, que si bien tienen derecho a solicitar un permiso de residencia urgente que habilite su movilidad, no pueden hacerlo cuando carecen de esta cédula o de un pasaporte en vigor. Así, en lugar de meterse en los largos y complicados trámites hacia la cédula que las dejan expuestas durante más tiempo, algunas acaban solicitando protección internacional para agilizar su salida de la Ciudad Autónoma.
Ante todas las trabas encontradas, también acaban recurriendo a la petición de asilo jóvenes ex-tutelados por la Ciudad Autónoma que accedieron a la documentación en su momento, y en concreto a quienes salen de los centros de menores con esta cédula, pues no cuentan con un pasaporte. Cuando caduca este documento de solo un año de validez, necesitan renovarlo para renovar su permiso de residencia. Lo que la organización denuncia es que, si bien la normativa exime a estas jóvenes de tener que presentar uno de los requisitos más costosos (el acta notarial) sustituyéndolo por un informe de la institución de tutela que demuestre la imposibilidad de documentarse de estos jóvenes, esto no siempre sucede. Una situación por la cual se han presentado quejas que parecen haber surtido efecto, afirman desde Solidary Wheels.