Trabajadores del subsuelo barcelonés mantienen una disputa con TMB para que se les reconozcan las afectaciones a la salud derivadas de la exposición prolongada a la sustancia tóxica | La compañía ha reubicado solo a 8 de los 28 empleados que presentan deformaciones compatibles con asbestosis
Jesús Moreno y Luis Muro recuerdan perfectamente el día y la hora exactas en que comenzaron a trabajar en el metro de Barcelona. Lo hicieron a principios de la década de 2000, el primero como encargado de mantenimiento de señales y sistemas de comunicación y el segundo como mecánico en las cocheras de la Sagrera. Tenían 21 y 39 años respectivamente. En aquel primer momento no lo sabían, pero ambos pasarían años teniendo contacto directo prácticamente cada día con una sustancia tóxica que les acabaría pasando factura. «Una de las frases míticas que se decía a los nuevos era que aquí abajo, cuando te jubilabas, te morías», rememora Moreno, que fue el benjamín de un equipo de unas sesenta personas. Este asesino silencioso era el amianto, un componente potencialmente cancerígeno que se encontraba en muchas de las piezas que manipulaban y también en forma de polvo tanto en los túneles como en los talleres del subsuelo de la capital catalana.
Una bronquitis agravada fue la que hizo saltar las alarmas de este trabajador de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) en el año 2009. Tendrían que pasar casi diez años para que la compañía reconociera que aún había presencia de amianto en la red barcelonesa y comenzara una ronda de revisiones médicas para todos los empleados que consideraba que podían haber estado en contacto con esta sustancia. Entre estos estaba Moreno, a quien se le detectó un engrosamiento pleural, una alteración en la membrana que recubre los pulmones. Su caso no era aislado: al menos 28 miembros de la plantilla presentaban deformaciones que podrían estar vinculadas a su exposición a las fibras cancerígenas. En esta lista, sin embargo, no figuraban nombres como el de Dionisio, compañero durante varios años de Moreno y el primer y único exempleado del operador ferroviario a quien una sentencia judicial reconoce que murió en 2019 por haber estado expuesto al amianto en el metro. «Él se cambiaba a mi lado en Can Boixeres… Solo de mi sección ya somos siete en esta lista de afectados», asegura.
Entre los nombres de esta primera tanda de afectados tampoco estaba el de Muro. Este empleado -ahora de baja por enfermedad- solo estuvo cuatro años en el taller de la Sagrera antes de pasar al servicio de atención al cliente y luego a la conducción de trenes. «Desmontábamos y limpiábamos el sistema de sujeción de las ruedas. Aquello estaba lleno de polvo, las paredes eran negras… Entre los compañeros que trabajábamos allí ya tenemos dos con un cáncer desarrollado de esos raros, que se da uno entre un millón de casos», afirma. Como estuvo manipulando material móvil durante esta etapa inicial, Muro pudo entrar en un programa de vigilancia específico del Departamento de Salud de la Generalitat, junto con casi 900 empleados más de la compañía. Esto les permitió acceder de manera voluntaria a pruebas TAC de alta resolución, a las cuales se acogió un porcentaje reducido de la plantilla. En su caso, los resultados del control médico realizado por el operador ferroviario no son concluyentes. Sin embargo, un informe médico del Hospital Sant Joan de Déu con fecha de 2019 sí indica que también tiene un engrosamiento pleural compatible con la exposición a amianto.
Condiciones que matan el acuerdo con los sindicatos
Cuando ambos trabajadores iniciaron su particular cruzada contra TMB, confiaban en poder adherirse a la ausencia retribuida a los 58 años. Este fue el acuerdo al que llegó la compañía con los sindicatos para los empleados que habían estado en contacto con esta sustancia tóxica, un pacto que les permitiría ausentarse de su puesto de trabajo a partir de esta edad sin perder el salario, todo en contraprestación por los posibles efectos en la salud derivados de esta exposición a amianto en el metro, un extremo que la empresa evita confirmar. Sin embargo, este beneficio está supeditado a una reubicación previa dentro de la plantilla. En el caso de Moreno, que tiene 45 años, el operador de transporte considera que en la oficina donde está destinado no puede tener contacto con la sustancia cancerígena, de modo que no está justificado trasladarlo a otro punto de la red y que se acoja a esta ausencia retribuida, como sí han podido hacer 8 del total de 28 afectados. «El problema es que tengo que desplazarme a lugares donde sí queda amianto todavía», replica el trabajador, mientras muestra con su móvil una fotografía de uno de los espacios del subsuelo donde sobrevive la uralita y al que tuvo que acceder recientemente para hacer tareas de mantenimiento.
En cuanto a Muro, que ya tiene 60 años, el informe no concluyente que le hizo la compañía hace que no se pueda acoger a este beneficio. El empleado ha solicitado una segunda prueba -los trabajadores pasan controles rutinarios y pueden pedir nuevos análisis- para poder comparar resultados con el del Hospital Sant Joan de Déu, donde sí aparece una deformación en la pleura. Sin embargo, asegura que la empresa se niega a hacérsela, dado que ya no forma parte de la plantilla tras superar el período máximo de baja por enfermedad estipulado. Su caso está pendiente del tribunal médico, que dictaminará el grado de incapacidad del empleado y si debe ser readmitido por el operador. Con todo, Muro ya no podría acogerse a esta ausencia retribuida a los 58 años en caso de que un segundo informe de TMB confirmara que tiene este engrosamiento pleural detectado externamente en 2019. «Ahora ya solo me queda una demanda por daños y perjuicios que termine con una indemnización«, subraya e indica que podría haber como él muchos más afectados entre los operarios del subsuelo que aún estarían pendientes de confirmar.
Un superviviente que puede contar su historia
A pesar de la difícil situación en la que se encuentran sus dos casos, tanto Moreno como Muro tienen claro que quieren seguir adelante con el proceso para reclamar contra la compañía. Buena parte de este convencimiento nace de la primera victoria judicial conseguida por un exempleado del metro afectado por el amianto que aún está vivo. Se trata de Rafael Rubio, un mecánico tornero que durante casi cuatro décadas trabajó en el taller que la compañía aún tiene en Vilapicina. Ahora hace justo un año, el Juzgado Social Número 4 de Barcelona concedía a este hombre de 70 años la incapacidad permanente total por «enfermedad profesional», reconociendo de esta manera que la asbestosis -una enfermedad pulmonar- que padece fue causada por la exposición «crónica» a esta sustancia tóxica mientras trabajaba en el subsuelo de la capital catalana. «Empecé con 23 años. Cada día nos entraba un tren con las zapatas de freno desgastadas y convertidas en polvo. Cuando terminábamos de dejarlas como nuevas, éramos como un carpintero que se sacude las virutas que le han caído encima… Aquello, hasta 1988, era amianto y nosotros lo respirábamos«, explica Rubio.
Este no era el único contacto que tenían los trabajadores de su quinta con la sustancia. Diversos componentes tanto de los convoyes como de la infraestructura de la red estaban hechos con uralita. De hecho, incluso utilizaban una plancha de amianto como soporte para soldar, ya que este no es inflamable. Todo esto sin ninguna medida de protección para evitar la inhalación de las fibras tóxicas. «Solo nos daban un vaso de leche porque decían que esta se llevaba las partículas. Años después, cuando se lo contaba a mi neumólogo, se echaba las manos a la cabeza», apunta. Los empleados no fueron realmente conscientes de su peligrosidad hasta la década de 2000, cuando se prohibió su comercialización en todo el Estado. «Sabíamos que muchos compañeros morían al poco de jubilarse y antes de cumplir los 70 años, pero entonces aún había muy poca información», lamenta. En su caso, los síntomas aparecieron alrededor de 2013, cuando de un día para otro comenzó a toser fuertemente y a sacar sangre por la boca. Tuvo que ir de urgencias y de allí lo derivaron al Hospital Germans Trias i Pujol, donde un especialista le confirmó que se le había roto una vena del pulmón. «El neumólogo me preguntó directamente si había trabajado con amianto», recuerda.
El diagnóstico de Rubio fue claro: asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar. La rápida detección de la enfermedad ha hecho que este mecánico jubilado pueda hoy en día hacer vida prácticamente normal y ha sido una de las razones que le llevó a denunciar su caso, que ahora está pendiente de que el TSJC ratifique la sentencia tras el recurso presentado tanto por la compañía como por la mutua. Otros como Dionisio o Ignasi Torrent, otro de los exempleados fallecidos que presentaba síntomas compatibles con esta exposición a amianto, no tuvieron la misma suerte y tuvieron que esperar a la biopsia pulmonar para confirmar el origen de sus afecciones. Este último, sin embargo, no ha sido reconocido oficialmente porque, después de casi dos décadas en el metro, dejó la empresa para cambiar de sector. Años después le detectaron un cáncer de pulmón fulminante. «Cuando tienes la enfermedad desarrollada, esta es tan específica que no hay duda de que es por exposición a amianto. Antes de eso, es muy difícil de concretar y parece que la compañía juegue con esta ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar a morir para que se nos reconozca como enfermos?», reflexiona Moreno, que coincidió con ambos en la compañía.
La sentencia que abre camino y una erradicación bastante avanzada
El camino judicial iniciado por Rubio para que se le reconozca como afectado por una «enfermedad profesional» suma ya dos nuevos casos de trabajadores en activo, que ahora están pendientes de juicio. El Colectivo Ronda es el encargado de llevar las reclamaciones, que pretenden conseguir que se declare la incapacidad de los empleados por la exposición prolongada a esta sustancia tóxica sin contar con las medidas de protección adecuadas. El equipo legal basa su denuncia en dos informes internos que antes de los noventa ya advertían de la presencia de amianto en la red del metro y en unas evaluaciones médicas a los afectados que ha realizado un laboratorio de Asturias especializado en la materia. Más allá de estos dos nuevos casos, los abogados también tienen entre manos una demanda para que se reconozca que otro exempleado murió de una afección provocada por este contacto con el amianto y una reclamación contra la empresa para que otorgue la ausencia retribuida a los 58 años a uno de los actuales miembros de la plantilla afectados que aún no disfruta de este beneficio.
Fuentes de TMB consultadas por TOT Barcelona remarcan que hace más de 30 años que trabajan en un plan para erradicar toda presencia de amianto en el metro. Actualmente, ya casi se ha retirado o confinado más del 90% del total detectado. La compañía apunta que en su momento ya realizó un TAC de alta resolución a todos los empleados que potencialmente habían estado expuestos a la sustancia, con el resultado de que 28 trabajadores presentaban «imágenes radiológicas que podrían estar relacionadas con una exposición al amianto, pero también con otras causas». El programa de vigilancia se mantiene en marcha, aunque no constan nuevos afectados. En cuanto a los miembros de esta primera lista, el operador asegura que reubicó temporal y voluntariamente a todos excepto aquellos que se encontraban en puestos de trabajo donde no se identificó este componente tóxico. Solo las personas trasladadas pueden acceder a este permiso retribuido a los 58 años.