En la noche del pasado 17 de junio, un ciudadano migrante -Abderrahim, de 35 años- falleció en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz al ser estrangulado por un policía municipal de Madrid; la autopsia preliminar, que se dio a conocer a principios de julio, revela que la muerte de Abderrahim se produjo por anoxia (falta de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales).
¿A qué barreras se enfrentan las personas migrantes en el estado español? En un estudio de 2025 –El precio del prejuicio. Inmigración y vivienda de alquiler-, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) señala que la mitad de los hogares en que personas migrantes residen de alquiler ha sido objeto de algún abuso por parte del propietario; por ejemplo, el rechazo a hacer reparaciones y la falta de mantenimiento en las zonas comunes.
Un análisis, con amplia perspectiva, sobre la discriminación figura en el Informe anual sobre el racismo en el estado español-2025, presentado en julio por la federación SOS Racismo.
A partir de los datos recabados en las oficinas de información, atención y denuncia de la ONG, el reporte señala que en 2024 hubo 544 personas que denunciaron incidentes racistas; la cifra se corresponde con 590 casos, frente a los 569 de 2023 (un ciudadano puede denunciar más de un tipo de discriminación en un mismo incidente).
Las víctimas denunciaron las situaciones de segregación en las sedes de SOS Racismo en Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Navarra; entre 2021 y 2024, la ONG recogió 2.431 denuncias por actos de racismo y discriminación.
El 53,7% de las denuncias en 2024 fueron presentadas por hombres, mientras que el 43,7% correspondía a mujeres; otro aspecto relevante es la situación documental de los afectados: 205 (el 39% de los denunciantes) estaban en condición (oficialmente considerada) irregular y 13 (el 2,5%) eran indocumentados, “lo que refleja la desprotección de estos grupos humanos”.
Se da la circunstancia, asimismo, que 172 ciudadanos denunciantes (32,7%) contaban con Número de Identidad de Extranjero (NIE) y 110 (el 20,9%), con la nacionalidad española.
En cuanto al territorio de origen, la mayoría de quienes testimoniaron por situaciones de racismo en las oficinas de la ONG provenían de América del Sur (35,2%); los ciudadanos magrebíes representaban el 30,3%; las personas procedentes del África Subsahariana, el 13,6% y un 9,6% eran de nacionalidad española.
El informe de SOS Racismo destaca que, en 2024, el principal agente discriminador fue una entidad pública (54,2% de los casos); se trata de “organismos que, por su naturaleza, deberían actuar como garantes de los derechos fundamentales y la igualdad de trato”. Las personas particulares se revelaron como otro destinatario importante de las denuncias (29,8% de los casos).
¿Qué tipo de discriminación destaca entre los 590 casos registrados? En primer lugar, el racismo institucional (22,98%); “este tipo de racismo es estructural y de difícil detección, pero su impacto es profundo y persistente”, resalta la ONG.
Dentro de la citada categoría, los casos más denunciados son los relativos a los trámites de extranjería; sobre todo, por el retraso en la resolución de expedientes para tarjetas de residencia iniciales, y la imposibilidad de acceder a citas para tramitaciones esenciales (en materia de extranjería).
Asimismo se destaca -en el apartado de racismo institucional– la situación de los trámites de nacionalidad; así, SOS Racismo-Aragón pone el ejemplo de un error burocrático que afectó, en 2017, a un ciudadano procedente de Mali (llevaba dos décadas con residencia legal en el estado español).
En 2021 presentó la solicitud para acceder a la nacionalidad española, que fue rechazada, con el argumento de que tenía antecedentes penales basados en una (presunta) condena del Juzgado de Murcia; pero la pena correspondía, realmente, a otra persona migrante, también maliense.
Asimismo hubo casos de racismo institucional en el ámbito de la salud pública; la educación; el empleo y el mercado laboral; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; la Administración Pública General y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La segunda categoría en número de casos -tras la discriminación institucional- es la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (22,6%), principalmente servicios sociales, pero también en la asistencia sanitaria, la educación y por otras administraciones.
En este apartado, SOS Racisme-Catalunya ha apuntado las circunstancias que atravesó un ciudadano de Mali, Mamadou, y su familia; “fueron sometidos durante meses a un seguimiento por parte de los servicios sociales por la simple sospecha de que los castigos hacia su hijo eran ‘demasiado duros’, a raíz de un comentario escolar sin pruebas (…)”, detalla el documento; finalmente se archivó el expediente.
En cuanto a los conflictos y agresiones racistas (18,4% de los casos), se producen en primer lugar en el espacio público, seguido de los espacios privados; el vecindario y las instituciones educativas.
SOS Racismo-Galicia expone el caso de María, quien se hallaba desde hace un año en el estado español; cuidaba a una mujer mayor en A Coruña, que fue ingresada en el hospital; entonces “María experimentó un episodio de violencia física y psicológica que refleja cómo el racismo y los prejuicios pueden surgir en relaciones laborales aparentemente cotidianas”.
La cuarta categoría se corresponde con el racismo policial (12,8% de los casos); incluye las denuncias de paradas por perfil étnico-racial; por acoso, prácticas ilegales, comportamientos discriminatorios, agresiones físicas e insultos racistas.
Sobre estas formas de actuar ha informado SOS Racismo-Navarra; a menudo se trata de jóvenes racializados, en situación (considerada oficialmente) irregular, que se ven afectados por controles policiales en Pamplona; sobre todo en “zonas de tránsito o contextos de marginación”; entre las acciones de las fuerzas de seguridad, destacan las identificaciones, cacheos y registros, fotografías sin consentimiento o citaciones a Extranjería.
El quinto capítulo en importancia es la discriminación laboral, que supone el 9,8% de los casos; cerca de la mitad tiene lugar entre compañeros, aunque también destacan en el empleo doméstico; en sexto lugar, la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (8,2%); a continuación, relacionados con la extrema derecha y los discursos de odio (4,7%); y la seguridad privada (0,8%).
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