La ola de incendios de agosto alcanza uno de los grandes espacios naturales protegidos del estado español, el Parque Nacional de los Picos de Europa, de más de 65.000 hectáreas, en las provincias de Asturias, León y Cantabria; el 17 de agosto las llamas estaban fuera de control, se produjeron desalojos en el municipio de Caín (León) y las consecuencias del fuego fueron muy notables, por ejemplo, en el puerto de Cabrales y en el de Onís, en Asturias (periódico La Nueva España, 17 agosto).
Al día siguiente, medios de comunicación informaban que el 7% de la provincia de Ourense estaba afectada por los incendios; y en la provincia de León, un bombero forestal murió en un accidente cuando se dirigía a realizar trabajos de extinción (la cuarta víctima mortal en el estado español).
El fuego ha hecho estragos en espacios como el Monumento Natural Las Médulas, en la provincia de León, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; asimismo las llamas han afectado a la zona de Tarifa (Cádiz), con impacto sobre los parques naturales de El Estrecho y Los Alcornocales; en cuanto al incendio de Tres Cantos (Madrid), causó – además del fallecimiento de una persona- afecciones en el monte de Viñuelas, de alto valor ecológico.
¿Qué posición adoptan las organizaciones ecologistas ante la actual devastación del territorio? Ecologistas en Acción señala la importancia de la actuación temprana en la extinción y reconoce, en este apartado, “algunos avances técnicos de las Administraciones”.
Sin embargo en territorios como Castilla y León -a partir de las denuncias de los sindicatos de profesionales-, Ecologistas en Acción apunta la falta de previsión y bolsas de empleo; unas jornadas de trabajo muy largas o la formación insuficiente de las brigadas; los operativos trabajan, además, en unas condiciones de temporalidad y precariedad denunciadas durante años.
Otro punto destacado, para valorar las posibilidades de actuación, es que las diferentes Administraciones del Estado español -y de otros países mediterráneos- estaban advertidas de que las condiciones meteorológicas este verano serían proclives a los incendios forestales.
Ecologistas en Acción recuerda que la superficie forestal representa más del 55% del territorio en el estado español (más de 28 millones de hectáreas); España es, por tanto, el segundo país de Europa en superficie forestal, tras Suecia; además la superficie arbolada en España alcanza el 37% del territorio.
“El conocimiento científico nos indica que deben limitarse las extensiones de las plantaciones forestales, también de pináceas, y favorecer la diversidad y la discontinuidad de las masas forestales, para tratar de contener la rapidísima propagación de los grandes incendios”, subraya la organización ecologista.
Por ejemplo, se pide la limitación de las plantaciones de eucalipto, al considerarse una especie exótica invasora “que agota los recursos hídricos del suelo y es tremendamente inflamable”.
En el mes de agosto, Castilla y León ha sido una de las autonomías asoladas por los incendios; en uno de los más recientes, en el municipio de El Herradón de Pinares (487 habitantes, Ávila), el fuego ha arrasado 3.000 hectáreas; destaca asimismo la deflagración iniciada en el municipio de Molezuelas de la Carballeda (que afectó a las provincias de Zamora y León): más de 35.000 hectáreas calcinadas.
“La combinación de cambio climático, aumento de cantidad de combustible vegetal e igniciones humanas provoca cambios en los regímenes de incendios, de tal manera que los grandes incendios son cada vez más frecuentes y virulentos”, valora la Federación de Castilla y León de Ecologistas, apoyándose en un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Además de la deficiente prevención y gestión forestal por parte de la Junta de Castilla y León, el colectivo ha hecho hincapié en el abandono creciente del mundo rural y en la necesidad de evitar las causas del fuego (a menudo relacionadas con la acción humana); tal vez sean factores -y territorios- que se repitan: en el verano de 2022, un incendio ya quemó 60.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra (Zamora).
El 18 de agosto, Ecologistas en Acción-Galicia advirtió que los incendios forestales están “disparando” los niveles de partículas PM10, la materia particulada PM2,5 y el ozono troposférico (O3) entre Castilla y León y Galicia y el norte de Portugal; en los dos primeros casos, los umbrales diarios de alerta se estarían superando, por ejemplo, en zonas de León (comarca de El Bierzo) o en el interior de Lugo y Ourense.
La semana anterior, la Federación andaluza de Ecologistas denunció que los incendios en la costa de Tarifa (paraje de la Peña -283 hectáreas- y Sierra de la Plata -300 hectáreas-) pudieron agudizarse “por el incumplimiento, en parte, del convenio de gestión forestal firmado en 2021 entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía en materia de prevención de incendios forestales (…)”.
Otra organización ecologista, Greenpeace, considera que el cambio climático hace más graves, frecuentes y difíciles de controlar los incendios, aunque no los provoquen; a ello se agregan elementos como el aumento de las temperaturas, la intensidad de las sequías y la aridez de los bosques.
De hecho, en febrero de 2022, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organización noruega GRID-Arendal apuntaba una “crisis mundial de incendios forestales”, con un pronóstico de incremento en el 30% de estas catástrofes en 2050, y de más de un 50% al final de la centuria.
Los Grandes Incendios Forestales (GIF), superiores a 500 hectáreas, son actualmente el foco del problema en el estado español; “unos pocos son capaces de arrasar con todo” (entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica informa que se han producido 24 grandes incendios forestales, frente a una media de 15 en la última década).
“La gestión forestal es la clave para reducir la intensidad de estos incendios”, subraya la ingeniera técnica forestal y miembro de Greenpeace, Mónica Parrilla; resulta imposible evitar las llamas, añade, particularmente en los ecosistemas mediterráneos, por lo que se trata de reducir el número de incendios y que éstos sean de poca intensidad.
“Hay voces que acusan a las áreas protegidas de los incendios forestales, un discurso peligroso que confunde abandono institucional con conservación”, remata la coordinadora de la Campaña de Incendios de Greenpeace.
Asimismo la organización ecologista y pacifista ha publicado un cálculo de costes; con una inversión anual de 1.000 millones de euros en prevención de incendios forestales, podrían ahorrarse 99.000 millones de euros en extinción; de este modo, añade Greenpeace, se podrían gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas.
SEO/BirdLife pone el acento en la prevención y, para ello, en la idea de promover los paisajes con mosaicos vegetales diversificados (sin introducción de especies exóticas); así, “los paisajes resilientes y estructuralmente complejos, como los bosques maduros, son más resistentes ante los incendios forestales”, afirma la ONG ambiental.
También defiende SEO/BirdLife la sustitución “progresiva” de las plantaciones forestales intensivas, por bosques autóctonos; además de “combinar la ganadería extensiva con la agricultura de bajo impacto”; fomentar la selvicultura preventiva, mejorar la gestión de la interfaz urbano-forestal, un mayor control de los desarrollos urbanísticos y dar prioridad a la inversión en zonas cruciales, como las áreas de la Red Natura 2000.
Tras la extinción del incendio, concluye la ONG, es importante la restauración del territorio con criterios científicos, “en la que se descarten las repoblaciones indiscriminadas y se incluyan especies autóctonas típicas de las primeras etapas de las series de vegetación zonal”.
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