“Non ante dominium quam ius civium” (Antes que la propiedad está el derecho ciudadano)
El escándalo de las mamografías en Andalucía ha destapado una realidad. Los errores no son accidentales sino sistémicos. Y ello se produce a causa de un deterioro crónico del Sistema Nacional de Salud (SNS). Un proceso premeditado y conducido en una única dirección: engordar el negocio de las empresas grandes y pequeñas que parasitan sobre el sistema público sanitario desde hace más de treinta años.
Los hechos se pueden resumir muy brevemente. El retraso en la comunicación del resultado de cientos de mamografías realizadas para la detección precoz del cáncer de mama. Un retraso durante meses y años en donde 2.000 mujeres no fueron informadas de que sus pruebas fueron dudosas, es decir, que tenían un 2% de posibilidades de tener un tumor maligno. La asociación de afectadas, Amama, ha informado que conoce ya casos donde algunas mujeres fallecieron y otras han desarrollado metástasis.
Y todo esto surge después que el PP de Moreno Bonilla derivase unas 311.000 pruebas diagnósticas de mama a la sanidad privada, concretamente al Centro de Diagnóstico de Granada S.A. Con ellos, firmaron un contrato por valor de 5,4 millones de euros para que durante cuatro años se encargaran del cribado del cáncer de mama a las mujeres entre los 49 y 71 años. Estos cribados desarrollan una labor sociosanitaria indispensable, cada año se logra salvar la vida de unas 1.800 mujeres aproximadamente que, de carecer de un diagnóstico temprano, desarrollarían un cáncer maligno.
El papel fundamental que juega el Sistema Nacional de Salud (SNS)
La sanidad pública española cuenta, todavía, con un SNS robusto y de prestigio internacional. La compañía financiera norteamericana Bloomberg la ha situado entre las tres mejores del mundo junto a los de Singapur y Hong Kong. Un sistema basado en un modelo público y que, junto al sistema público de pensiones, es un baluarte del Estado Social. Gracias a su carácter universal y público contribuye a una redistribución de la riqueza en favor de las clases más desfavorecidas de la sociedad y de aquellos grupos que, por razones de edad, sexo u otras circunstancias, tienen que afrontar enfermedades crónicas, intervenciones quirurgicas o tratamientos que ningún trabajador o trabajadora podrían costearse.
El éxito social del sistema sanitario público reside en la combinación de cuatro conceptos claves: financiación, inversión, dotación y gestión. A los que habría que agregar un quinto concepto: la participación. Si esos conceptos se mantienen estables, el sistema público no sufrirá estrés, salvo en situaciones muy excepcionales como por ejemplo ocurrió durante la pandemia de la Covid 19 en la que todo el sistema acabó tensionado hasta límites nunca vistos. Pero una pandemia es una situación excepcional (a la que tenemos que estar preparados), pero si ésta, se combina con una gestión perversa -como la que hizo Isabel Diaz Ayuso en Madrid- se convierte en una catástrofe sanitaria como lo ocurrido en las Residencias de mayores.
Nuestro modelo público sanitario está basado en la Ley 14/1986 aprobada el 25 de abril y aunque contiene vacíos y defectos, se trata de un modelo público de los más avanzados del mundo. A diferencia, por ejemplo, de EEUU, nuestro sistema está financiado a través de los impuestos y representa un 7,2% del PIB, aproximadamente unos 100.000 millones de euros al año. Es un sistema relativamente barato y en comparación con países como EEUU, es infinitamente más seguro. Allí, el sistema de salud es una mezcla entre lo público y lo privado con un gasto per cápita muy elevado (15% del PIB) y una deuda que está colapsando el sistema. Los dos organismos públicos (Medicare para mayores de 65 años y Medicaid para colectivos de bajos ingresos) están desbordados. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen un seguro privado o de empresa. No es de extrañar que mientras en el Estado español la expectativa de vida es de 83 años, en los EEUU sea de 77 ¿Cuántas personas fallecen en los EEUU por no poderse pagar un tratamiento contra el cáncer o una operación de corazón?
Sin embargo, en el Estado español, desde hace más de treinta años, hemos vivido un ciclo que ha intentando hacer retroceder las conquistas y derechos alcanzados en los años ochenta. En lo que respecta a la sanidad pública, el PP, VOX, PNV, Junts, representan las fracciones políticas alineadas regularmente con el capital (incluso el PSOE dió su aprobación a leyes como la 15/97 y otras de ámbito autonómico que abren la puerta a la privatización de los servicios públicos de salud). Desde los años 90 esta alianza entre la patronal y las derechas han intentado cambiar el modelo sanitario. Es lo que de forma eufemística se conoce como “la colaboración público y privada”. Un modelo que busca alejarse de la Ley 14/1986 y acercarse a otros modelos “mixtos”como el que rige en los EEUU.
Pero para avanzar en esa dirección es necesaria la colaboración política de las derechas (a veces también del PSOE) y transmitir a las usuarias y usuarios de los servicios públicos de salud que el sistema ya no funciona y que necesita el “refuerzo” de las empresas privadas.
De la venta directa a la política del estrangulamiento y las transferencias
La guerra del capital privado para apropiarse del sistema público de salud español, se lleva adelante en tres campos: en el ideológico, político institucional y económico. Pedro Nieto, presidente de la comisión de sanidad del Círculo de Empresarios, argumentaba en el diario Expansión que “el sistema sanitario público está sobrecargado, la media de tiempo de una cita en atención primaria es de 10.8 días”. Esto, aunque sea cierto, refleja dos cosas. La primera, la patronal prepara el terreno ideológico para entrar en el sistema público. La segunda, para que eso suceda, antes, los partidos de derechas, socavan y desmantelan los servicios sanitarios públicos para dar la imagen de que el sistema está colapsado.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, unas veces con éxito y otras sin él, se han puesto en marcha varias estrategias para que los recursos públicos pasen a manos de las empresas a un coste mínimo. El 1 de noviembre del año 2012, el gobierno de Ignacio González, aprobó un plan de privatización de seis hospitales públicos de gestión privada y 27 centros de salud. Sin embargo, dicho plan fue derrotado por la Marea Blanca (con sentencia judicial incluida) provocando su retirada y la dimisión del consejero de Sanidad Fernández Lasquetty). El PP comprobó en Madrid, que la vía de la venta directa del patrimonio y de los recursos públicos era peligrosa e impopular en la sociedad (incluso entre muchísimos votantes de derechas).
La segunda vía, por la que se está intentando desmantelar la sanidad pública, es a través de empresas y aseguradoras como Adeslas, Asisa, Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, etc. Estas empresas ofrecen servicios en general a clientes sanos o con patologías leves, para introducirse en el mercado sanitario. Ayudadas por la gestión política del PP y VOX han ido ganando terreno al sector público en comunidades como Madrid, en donde Ayuso impide el aumento de recursos humanos en un sector tan vital como la Atención Primaria. Sin embargo, el grueso de la población y de las funciones sanitarias se siguen desarrollando en los hospitales públicos que son los que cuentan con medios y capacidad para sostener patologías complejas y costosas.
A pesar de todo, las aseguradoras, han logrado avances cuantitativos. En la Comunidad Autónoma de Madrid hay 2.656.772 personas con seguros médicos privados, lo que representa un 38.7% (cifras del año 2023). Y desde 2018 hasta 2023, el porcentaje de aumento anual es de 4.8%. A nivel de todo el Estado español la cifra bajaría en torno al 25%. Sin embargo, algunas voces patronales, dicen que esta estrategia podría estar tocando techo debido a las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población que no pueden pagar una póliza.
Así las cosas, entre la dificultad de llevar a cabo unas privatizaciones directas y los límites de los seguros privados, los partidos que defienden la liberalización del sistema sanitario fueron cambiando de estrategias.
Las derivaciones de pruebas o intervenciones de lo público a lo privado: un modelo invisible para los usuarios, perjudicial para las finanzas públicas y beneficioso para la formación de capital
Es mucho más difícil transferir recursos públicos para la explotación y beneficio de las empresas, cuando el sistema funciona que cuando está inmerso en un caos de listas de espera, urgencias colapsadas, nuevas tecnologías desconocidas para un segmento de la población y gestiones burocráticas interminables. Cualquier persona enferma de cierta gravedad o que sospecha que tiene un cáncer o una cardiopatía, está deseando que los especialistas le vean, le hagan una radiografía, un TAC o una biopsia, por poner algunos ejemplos.
Si la Administración manda una carta ofreciéndole un adelanto en la cita (radiodiagnóstica o cualquier exploración clínica), lo normal es que la paciente o el paciente acepte. Esto mismo ocurre con las intervenciones quirúrgicas (normalmente menores como oftalmológicas o traumatológicas). Son pruebas derivadas a las clínicas privadas que éstas facturan a las administraciones públicas y en las que el paciente sale beneficiado. No se nota, pero se está privatizando la sanidad pública mediante un recurso invisible. Es justamente lo que hizo Moreno Bonilla con el cribado del cáncer de mama para las mujeres.
Sin embargo, este método es un goteo constante en donde lo que pierden unos (lo público), lo ganan otros (lo privado). La patronal del sector y el PP lo llaman “eficacia y productividad”. Nada más falso. En realidad es formación de capital. Una contraprestación de servicios es pagada con dinero público. Pero para que esa contraprestación se lleve a cabo, las empresas privadas, deben obtener X beneficios o si no, no lo harían. Los beneficios los consiguen a través del trabajo de los profesionales del sector privado. Ellos producen el servicio (la radiografía) y a la vez un plusvalor (para los empresarios). En el dinero transferido por el sector público al privado están incluidas las ganancias empresariales. El sector público sanitario está plagado de ejemplos como ese: las contratas de limpieza, la vigilancia, las cafeterías, mantenimiento de instalaciones… Todos ellos privatizados. En resumen: se está pagando más de lo que costaría si estos servicios fueran exclusivamente públicos.
La batalla sobre la mayor eficacia o productividad de lo privado sobre lo público ha ido ganando terreno todos estos años. Algunos datos resultan ilustrativos. En los cuatro hospitales del grupo Quirón Salud aumentaron el número de mamografías en un 15%. En el grupo empresarial Ribera Salud en un 29%; mientras que en el conjunto de hospitales de gestión pública cayeron un -15% (DEPRECAM: detección precoz del cáncer de mama). La explicación es muy simple, mientras la lista de espera en los hospitales públicos es de 183 (Hospital de Móstoles) o 106 (La Paz); en la Fundación Jiménez Diaz o en el Hospital Rey Juan Carlos (adscritos al grupo Quirón) es de 6 o 14 días.
La evolución de las consultas hospitalarias es aún más llamativa. Mientras el Hospital de La Paz ha perdido (entre 2014 y 2023) -273.733 consultas; la Fundación Jiménez Diaz ha ganado +508.992 (según fuentes del SERMAS). Hay que hacer notar, además, que por cada paciente o servicio que “recupera” la Fundación Jiménez Diaz; Quirón Salud, incrementa sus ingresos de forma adicional al convenio con la Comunidad de Madrid.
El llamado “éxito” de la Fundación Jiménez Diaz o del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (también adscrito al grupo Quirón) se basa en un trato de favor (según informó el diario El País en junio de este año, el gobierno de Diaz Ayuso le facturó a Quirón 5.000 millones de euros en los últimos seis años). La supuesta superioridad productiva de estos hospitales es provocada por una perversa gestión pública y ese trato de favor a las privadas. Este es el nuevo mecanismo político de privatizar. Unos corren dopados y otros llevan las manos atadas a la espalda.
Antes de que lleven a un colapso al sistema sanitario público debemos movilizarnos y echar a las derechas del gobierno
En los últimos años la sanidad pública madrileña ha pasado por diferentes momentos. Hemos frenado la venta de seis hospitales y 27 centros de salud; la transformación del Hospital de La Princesa en un geriátrico; sin embargo, la mayoría de las políticas no se han parado: los recortes de plantillas; la disminución de camas un 7% en diez años ; la crisis en la Atención Primaria en donde se necesitan 3.812 profesionales de medicina de familia y 983 pediatras; las listas de espera en donde 767.000 personas aguardan una primer cita con el especialista de turno (el 12% de la población madrileña).
Las probabilidades de que sucedan desgracias como con el cribado de las mamografías en Andalucía no son una mera probabilidad. Y, sin embargo, aún se mantiene en pie el Sistema Nacional de Salud. No sabemos cuánto podrá aguantar. Las derechas tanto españolas como nacionalistas y, por supuesto VOX, alientan que se camine hacia un modelo mixto en donde la sanidad pública haga las veces de Medicaid y Medicare, mientras otro sector podrá pagarse costosas operaciones, tratamientos o, incluso, cirugías estéticas. La diferencia entre la esperanza de vida de un barrio rico (83.4 años) de uno pobre (78) aumentará.
Por ello urge adoptar medidas que vayan contra la desigualdad social:
1.- Defensa del modelo único de salud basado en su carácter 100×100 público y universal. Un modelo financiado a través de una política fiscal que permita su sostenibilidad a largo plazo.
2.- Es necesaria una mayor inversión en Atención Primaria hasta llegar a un 25% sobre el total del gasto sanitario.
3.- No se puede separar la propiedad pública de la gestión sanitaria. Ningún centro hospitalario puede quedar en manos de las empresas. Es necesario revertir las privatizaciones y derogar las leyes como la 15/97. El PSOE no puede ni debe actuar a dos bandas.
4.- Dotar a todos los centros y servicios de personal y medios suficientes para que se lleven a cabo todas las pruebas e intervenciones dentro del sistema público de salud.
5.- La izquierda y todas las organizaciones progresistas deberían llegar a un acuerdo para blindar la sanidad pública en la Constitución haciendo valer el artículo 43 que garantiza el derecho a la salud.
En cualquier caso, lo más importante es desarrollar nuevamente la movilización social. En Madrid, hemos vivido dos ciclos: uno, entre 2012-2014, donde la Marea Blanca logró un triunfo histórico; y otro, entre 2020-2023, a raíz de la pandemia y que volvimos a salir a las calles de forma masiva en defensa de la Atención Primaria. Es necesario volver a conectar las plataformas y asociaciones que, como Vecinas y Vecinos de pueblos y barrios de Madrid, han jugado un papel tan importante en la recuperación de las luchas por una sanidad 100×100 pública, universal y de calidad. Es hora de dar un paso adelante.
Jesús Jaén Urueña es miembro del sindicato de la sanidad MATS.
Fuente: https://vientosur.info/dos-anos-despues-seguimos-vivos-13-de-octubre-de-2025/