Este relato trata sobre las condiciones laborales en el empleo del hogar aquí y en las Bahamas. Las actuaciones delictivas que se imputan a Julio Iglesias son presuntas, como presuntas son las calumnias en las que estarían incurriendo las trabajadoras denunciantes si hubiesen mentido. Salvado el derecho de las dos partes por igual a la presunción de inocencia, prosigo.
Dejando a un lado los infames episodios de agresión sexual relatados por las trabajadoras, ya ampliamente comentados, quedan por ahí unos hechos que no han sido objeto de análisis. Tal vez porque no tienen nada de extraordinario, entendiendo extraordinario como fuera de lo común.
Laura (nombre ficticio) no podía salir del recinto donde vivía y tenía prohibido tener novio o mantener relaciones sexuales con otra persona. En una plantilla de servicio doméstico de 16 personas, es posible que Laura hubiera encontrado alguien con quien intimar, aun de manera clandestina. Pero en Bizkaia el 28 % de las internas no tienen descanso semanal, con lo que viven en aislamiento y solo ven la calle para hacer la compra, pasear con la persona que cuidan o disfrutar de ese descanso diario de dos horas a primera hora de la tarde (lo tiene el 61 %) en el que no parece fácil encontrar con quién tener vida sexual.
Según la investigación de elDiario.es, la jornada de las trabajadoras internas de Iglesias era de 10 horas diarias, y a veces de hasta 16. En Bizkaia, el 68 % trabaja más de 60 horas semanales y el 46 % se ven obligadas a levantarse por la noche dos o más veces, cinco o más días por semana, para atender a la persona que cuidan.
El abuso de poder y la presión la ejercen quienes pueden. Julio Iglesias tenía un gran poder. Y aquí, en Bizkaia, el anteúltimo mono de la escala social tiene un poder desorbitado sobre la trabajadora recién llegada, esa a la que paga 900 o 1.000 euros al mes por asistir a su madre enferma, bajo la amenaza de despido y deportación si reclama condiciones legales. Y aunque la amenaza de deportación no tenga ningún sostén, opera con fuerza.
Según denuncian, Iglesias les decía a sus trabajadoras: “Si hablas, nadie te va a creer”. Esa clase de advertencia solo la puede hacer un multimillonario y famoso. Pues bien: han hablado, las hemos escuchado y las hemos creído. En Bizkaia, la que quisiese denunciar algo parecido no se dirigiría a los medios de comunicación, simplemente porque su situación y sufrimiento no serían noticia. La importancia de la noticia que nos llega de Bahamas ha estado en el agente, no en las víctimas.
No hay que hacer una escala de jerarquización según la cual las vejaciones clasistas y racistas son menos dolorosas que las sexistas o las de carácter sexual. Todas son inaceptables. Habría que preguntar a la trabajadora sin papeles cómo se siente trabajando de lunes a domingo, o cuando descubre que el sueldo que recibe por 75 horas semanales no cubre ni el salario mínimo de las 40 horas (son el 51 %), o cuando los medios de comunicación transmiten el jolgorio social en torno a los periodos de vacaciones mientras a ella se las niegan (son el 37,5 %) o se le impide el disfrute de los días festivos (son el 51 %), todo ello al grito de “cuando tengas papeles tendrás derechos”. De vejación clasista –y no otra cosa– hay que calificar el comportamiento del Ministerio de Trabajo por mano del SEPE, denegando a las trabajadoras de hogar el cómputo para el desempleo de sus cotizaciones anteriores al reconocimiento de este derecho en 2022. Todo ello a pesar de lo que le decían los tribunales, algo que jamás se habría producido en otro sector.
Volviendo a las agresiones sexuales. El artículo 6 del Convenio 189 sobre trabajo decente en el empleo de hogar obliga a los gobiernos a garantizar a las trabajadoras condiciones de privacidad en el trabajo interno. El Convenio es de junio de 2011, entró en vigor en febrero de 2024 y aún no se ha establecido ninguna medida obligatoria para garantizar la privacidad de las internas en su dormitorio: ni poner un triste pestillo. Lo de que se entre a la habitación de la trabajadora por la noche no es frecuente, pero ocurre, y cuando ese riesgo existe produce una gran inseguridad. De nuevo, el respeto a la privacidad consiste en más cosas que simplemente no sufrir agresiones sexuales. Es tener un espacio personal no accesible a la parte empleadora.
Vayamos a las soluciones existentes. La situación de la trabajadora influye en las medidas que esté dispuesta a tomar. No tener papeles no puede ser motivo para soportar agresiones sexuales. Otra cuestión son los recursos que se tengan para resistir una pérdida del empleo. Remediar esto es una responsabilidad del poder público.
Cuando una trabajadora, interna o externa, con o sin papeles, sufre acoso sexual en su trabajo, se añade el problema del marco en el que se produce: en soledad, sin testigos y en la intimidad del domicilio. Según el RD 893/2024 sobre prevención de riesgos laborales en el empleo de hogar, para septiembre de 2025 debió haberse publicado un protocolo de actuación frente la violencia y acoso de toda clase. Aún no se ha hecho.
Mientras tanto, conviene recordar que se pueden grabar las situaciones de acoso, tanto palabras como imágenes, para su utilización posterior. Se puede comunicar lo que está sucediendo a los parientes de la persona, que a veces intervienen, aunque no siempre. La conducta agresora a menudo se ha dado también con trabajadoras anteriores que han abandonado la casa por ese motivo. Incluso en el caso de quien deja ese empleo y pasa a otro mejor, conviene denunciar ante la Inspección de Trabajo, porque puede ayudar a dar verosimilitud a las denuncias de las que vengan detrás.
El abandono del domicilio ante una situación de violencia o acoso no podrá considerarse dimisión ni ser causa de despido, lo dice el mencionado RD 893/2024. Si es posible, es mejor que la retirada del domicilio se realice de manera planificada, pero para eso hace falta asesoría legal. En el caso de que se presente una situación especialmente difícil, puede dejarse el domicilio, pero habrá que denunciar los hechos inmediatamente ante la Inspección de Trabajo (es gratis) y conseguir asesoría legal.
Desde los gobiernos pueden hacerse muchas cosas para limitar el acoso sexual. Lo dice la experiencia de la trabajadora interna que acudió a nuestra asesoría por otro motivo, pero de paso contó que vivía en un quinto con una anciana cuyo nieto, que vivía en el piso de abajo, apareció un día proponiéndole mantener relaciones sexuales. Le dijo que no. Apareció otra vez con lo mismo y entonces ella le amenazó con contárselo a su madre. La tercera vez, la trabajadora le amenazó con llamar a la policía y ahí se acabó el problema. La amenaza funcionó porque era verosímil; en el imaginario social se asume que la policía interviene ante las denuncias de agresión sexual. No sucede lo mismo con la Inspección de Trabajo; no se espera que intervenga de manera ágil, y menos en el empleo de hogar.
Casi todas las experiencias de abuso tienen algo en común: la percepción por parte de la empleadora de la soledad de la trabajadora. Julio Iglesias está probablemente alucinando al ver que las que creía unas jovencitas indefensas, puro cuerpo a su servicio, hayan tenido fuerza y apoyos para denunciarle ante el mundo. Por eso son importantísimas la organización de las trabajadoras, la existencia de servicios de información y unas instituciones capaces de dar una respuesta ágil a las denuncias. No sirve con el reconocimiento de derechos formales.