La posición oficial española ante la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada en la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, muestra una clara coherencia entre las distintas instituciones del Estado, con un énfasis común en el rechazo a la escalada militar y en la defensa de la vía diplomática.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su rechazo explícito al ataque militar estadounidense-israelí, calificándolo de «escalada peligrosa» y de acción unilateral que podría consolidar un orden internacional más hostil e incierto. Sánchez subrayó la necesidad de una desescalada inmediata, el retorno al diálogo político y el respeto al derecho internacional como marco regulador de las relaciones entre los Estados. Al mismo tiempo, condenó el comportamiento del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, afirmando que tales prácticas, por graves que sean, no justifican el recurso a una acción militar al margen de la legalidad internacional.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, llamó a un cese inmediato de la violencia, a la protección de los civiles y a la reanudación de las negociaciones como única vía para evitar la ampliación del conflicto. Asimismo, señaló que las embajadas españolas en la región están siguiendo de cerca la situación de los ciudadanos españoles y trabajando para garantizar su seguridad y prepararse para su evacuación si fuera necesario.
En el ámbito de la institución monárquica, el rey Felipe VI instó a limitar el uso de la fuerza y a dar prioridad a una solución diplomática del conflicto, en una postura que refleja la tradición de la política exterior española basada en el apoyo a la estabilidad internacional y la resolución de crisis a través de canales políticos.
En síntesis, la posición oficial española puede resumirse en cuatro principios fundamentales: el rechazo a los ataques militares unilaterales, el firme compromiso con el derecho internacional, el llamamiento al diálogo y a la diplomacia, y la advertencia sobre los riesgos de que la región derive hacia una guerra regional prolongada con consecuencias devastadoras.
Principios que rigen la posición española
La postura española ante los acontecimientos regionales se enmarca en los principios generales que orientan su política exterior dentro de la Unión Europea. Tradicionalmente, la diplomacia española se ha sustentado en un conjunto de fundamentos estables que priorizan las soluciones políticas y la evitación de confrontaciones militares.
En primer lugar, destaca la preferencia por las soluciones diplomáticas. España ha abogado de manera constante por la desescalada en las crisis internacionales, ha insistido en la necesidad de volver a la mesa de diálogo y ha respaldado los acuerdos multilaterales, como ocurrió con su apoyo previo al acuerdo nuclear con Irán. Desde esta perspectiva, el rechazo a la «acción militar unilateral» se alinea plenamente con la línea tradicional de la política exterior española, que sitúa la negociación y las soluciones políticas en el centro de sus opciones.
Asimismo, el compromiso con el derecho internacional constituye un pilar esencial de la posición española. Madrid subraya de forma reiterada la necesidad de que cualquier actuación militar cuente con cobertura jurídica legítima, en particular a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además del respeto a la soberanía de los Estados y la negativa a aceptar operaciones fuera del marco de la legalidad internacional. En consecuencia, la insistencia en rechazar cualquier acción militar que no cuente con un mandato internacional se ajusta plenamente a este enfoque consolidado.
En lo que respecta a Irán, España ha adoptado tradicionalmente un enfoque equilibrado que combina la crítica a determinadas políticas iraníes —especialmente en el ámbito de la seguridad y la proyección regional— con el rechazo a la opción bélica como vía para resolver las diferencias. Esta doble postura refleja la voluntad de Madrid de no alinearse con la escalada, manteniendo al mismo tiempo un margen claro de crítica política frente a comportamientos que considera preocupantes.
Por último, la posición española no puede desligarse de sus propios cálculos europeos internos. España es uno de los países más sensibles a las repercusiones de cualquier conflicto amplio en Oriente Próximo, ya sea en términos de migración, seguridad energética o estabilidad en la región mediterránea. Por ello, la advertencia sobre posibles olas de desplazamiento y crisis económicas y energéticas responde a los intereses estratégicos españoles y refleja una lectura realista de los efectos que una guerra regional podría tener sobre Europa en general y sobre España en particular.
Reflejo de los efectos de la guerra en Europa
En medio de la escalada militar en torno a Irán, Europa no parece un mero observador distante del escenario del conflicto, sino un actor que recibe sus repercusiones directas aun sin haber disparado una sola bala. Dentro de la Unión Europea crecen los temores de que la guerra se transforme en una crisis integral que golpee la economía y la estabilidad social del continente. Esta preocupación explica el movimiento de varias capitales europeas, encabezadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, hacia la defensa de la desescalada y el retorno a la vía diplomática, conscientes de que el coste de la guerra no se medirá únicamente por el número de ataques militares, sino por la magnitud de la perturbación que afectará al frente interno europeo.
Las repercusiones comienzan desde el primer momento, incluso antes de que se estabilicen las líneas de fuego en Oriente Próximo. El simple estallido del enfrentamiento desencadena una ola de inestabilidad en los mercados energéticos mundiales, impulsando al alza los precios del petróleo y del gas, lo que se refleja de manera inmediata en los precios del combustible y de la electricidad en Europa. En un escenario de escalada limitada, el precio del barril podría pasar de unos 70 dólares a situarse entre 75 y 95 dólares, mientras que los precios del gas podrían aumentar en más de un 50 %, lo que en términos prácticos supondría un incremento de miles de millones de euros en la factura energética europea. Con cada subida adicional, se amplía el déficit en los presupuestos estatales y aumentan las presiones sobre los hogares y las empresas que dependen de la energía para la producción, el transporte y el consumo diario.
El impacto no se limita al ámbito energético. Cualquier amenaza a las rutas marítimas estratégicas, en particular al estrecho de Ormuz, eleva los costes del transporte y de los seguros marítimos, y retrasa las cadenas de suministro industriales y alimentarias. Las empresas europeas que dependen de materias primas importadas se enfrentan a un incremento repentino de los costes de producción, mientras que los precios de los bienes aumentan en los mercados. Así, Europa comienza a pagar el “impuesto de la guerra” desde sus primeros días, aun sin haber disparado una sola bala.
Con el paso de las semanas y la conversión de la escalada en una crisis prolongada, las repercusiones económicas se profundizan. El encarecimiento de la energía alimenta la inflación, elevando los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda, y erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Estimaciones económicas indican que la persistencia de altos precios del petróleo podría reducir el crecimiento en grandes economías como Alemania, Italia y España entre un 0,5 % y un 1,2 %. Asimismo, disminuye la competitividad de la industria europea en los mercados globales, lo que acentúa la fragilidad económica a medio plazo y aumenta el riesgo de recesión si el conflicto se prolonga.
Sin embargo, el impacto no queda circunscrito a cifras e indicadores económicos. La guerra en Oriente Próximo conlleva la posibilidad de nuevas olas de desplazamiento desde Irán, Irak y otras zonas de la región. Estos flujos podrían seguir las rutas tradicionales hacia Europa a través de Turquía y Grecia, o por medio de Libia hacia Italia, o desde el norte de África hacia las costas españolas. Con cada nueva ola migratoria, los sistemas de acogida y los servicios sociales se ven sometidos a mayores presiones, y el expediente humanitario se transforma rápidamente en un asunto político interno sensible, que impulsa el ascenso de partidos populistas y nacionalistas y reabre las divergencias entre los Estados miembros sobre el reparto de las cargas de asilo.
En medio de estas tensiones económicas y sociales, se hace evidente la división política europea. Los países del sur de Europa tienden a promover la desescalada por temor a las consecuencias económicas y migratorias, mientras que algunos países del este adoptan un discurso más cercano a la postura estadounidense, guiados por consideraciones de seguridad y estrategia. Por su parte, grandes Estados como Francia y Alemania intentan equilibrar el apoyo a sus aliados con la preservación de la estabilidad interna. Esta disparidad refleja la fragilidad de la capacidad de la Unión Europea para adoptar una posición unificada y rápida, y convierte su respuesta en un proceso gradual condicionado por cálculos complejos.
Si el conflicto se prolonga, Europa podría entrar en una fase más profunda de transformación estructural. El continente buscará redefinir su mapa de seguridad energética acelerando la inversión en energías renovables, diversificando las fuentes de gas y reduciendo la dependencia de regiones en conflicto. Al mismo tiempo, volverá a plantearse la cuestión del papel internacional europeo: ¿avanzará Europa hacia una mayor autonomía estratégica que le permita desempeñar un papel diplomático independiente, o reforzará su alineamiento bajo el paraguas de seguridad que proporciona la OTAN? La respuesta a esta pregunta determinará los contornos de la política exterior europea en los próximos años.
Conclusión
En definitiva, la guerra contra Irán revela una paradoja evidente: Europa no es un actor militar directo en el conflicto, pero podría figurar entre los principales perjudicados por sus consecuencias. Mientras Estados Unidos asume el coste militar y Israel afronta los riesgos de seguridad inmediatos, Europa soporta la carga económica y social a largo plazo. La verdadera batalla del continente no se libra en los frentes de combate, sino en su capacidad para proteger su economía y su estabilidad social y evitar deslizarse hacia una nueva crisis compleja. Europa no es parte beligerante en la guerra, pero se encuentra en el centro de sus efectos y afronta una prueba decisiva sobre su capacidad para gestionar crisis en un mundo que cambia con rapidez.
Asimismo, en el contexto de la actual escalada, España podría intentar desempeñar un papel activo dentro de la Unión Europea mediante la puesta en valor de su tradicional capital diplomático. Madrid está en condiciones de presentarse como un mediador potencial que busque acercar posiciones y como una voz moderada dentro del bloque europeo que impulse la desescalada y priorice las soluciones políticas frente a las opciones militares. Este enfoque es coherente con su línea habitual de apoyo al multilateralismo y de firme compromiso con el derecho internacional.
No obstante, la capacidad de España para influir en la posición europea general seguirá condicionada por varios factores determinantes. En primer lugar, las posturas de los grandes Estados miembros, en particular Francia y Alemania, que desempeñan un papel central en la configuración de las políticas comunes europeas. Además, la naturaleza y el alcance de la escalada militar definirán el margen de maniobra política disponible, junto con el nivel de presión estadounidense en el marco de la OTAN, que puede incidir en los cálculos de las capitales europeas.
Por consiguiente, las posibilidades de que Madrid logre orientar a Europa hacia una postura más inclinada a la distensión son parcialmente viables, pero no plenamente garantizadas, ya que dependen de equilibrios complejos que trascienden la voluntad española por sí sola.
Dr. Rasem Bisharat – Investigador y analista, Doctor en Estudios de Asia Occidental
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.