“Lo hemos conseguido: Oussama está en libertad”, celebró el 16 de abril la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia; “la puesta en libertad y la paralización de la expulsión de Oussama Moumen es el resultado de la organización colectiva”, añadieron; pero las organizaciones sociales recuerdan que la lucha continúa hasta el cierre definitivo de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Hace más de una semana que la Campaña por el cierre de los CIE y ONG como València Acull comenzaron a exigir la libertad del joven marroquí Oussama Moumen, de 23 años, quien fue objeto de una detención por perfil étnico-racial y encerrado, a finales de marzo, en el CIE de Zapadores de Valencia.
La Campaña CIE No hizo públicos los informes favorables de diferentes entidades e instituciones, que acreditaban que el joven no debería ser expulsado; además, “si me devuelven a Marruecos soy capaz de hacer cualquier cosa”, afirmó el joven migrante.
El muchacho residía en el municipio de Vinaròs (Castellón) desde 2024, un año después que llegara en patera a Almería; Oussama Moumen se empadronó en el municipio castellonense y vivía en una habitación dentro de un piso compartido.
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vinaròs incluyó al joven en un Plan de intervención individualizado, que valoró su “adecuado proceso de integración social”; de hecho, el informe apuntó el pasado 30 de marzo los avances “muy satisfactorios” en materia de empadronamiento, cobertura sanitaria, habilidades sociales, recursos municipales, competencias formativas y lingüísticas y participación social en el municipio de Vinaròs.
Además del esfuerzo de integración del joven, el documento acreditó su buen comportamiento cívico, responsabilidad social y el beneficio de mantener el Plan de intervención individualizado.
El mismo día, Cáritas Vinaròs destacó en un informe que Oussama Moumen se ha mostrado “dispuesto y colaborativo” desde que llegó a la entidad religiosa en febrero de 2025; el joven participó en diferentes proyectos con el acompañamiento de Cáritas -de manera coordinada con los Servicios Sociales- para hacer más estable su situación; asimismo, en marzo de 2026, tomó parte en una iniciativa de acompañamiento a través de grupo (terapia grupal y grupo de whatsapp).
Otro informe contra la orden de expulsión fue emitido, en mayo de 2025, por el grupo técnico de la Conselleria de Servicios Sociales en la Fundación Amigó, que resalta cómo Oussama asistió regularmente a las clases de castellano y a las atenciones jurídicas relacionadas con el proceso de regularización de personas migrantes, aprobado por el gobierno el 14 de abril.
El documento constató su “evolución pedagógica” en relación con el idioma y el “alto interés mostrado por cambiar su situación administrativa”; en conclusión, se mostró a favor de que el joven, que no cuenta con apoyo familiar en Vinaròs, aunque sí con el apoyo económico y social de entidades como Cáritas y Servicios Sociales de Vinaròs, “continúe con su evolución en el proceso de emancipación”.
Las ONG informaron también que la Conselleria de Servicios Sociales aprobó el pasado 13 de febrero la participación de Oussama Moumen en el Programa Mentora para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa; el joven acudió a todas las actividades.
En este contexto, a pesar de los informes favorables, el expediente de arraigo del muchacho y estar “todo preparado” para su regularización, la Campaña CIE No denunció que la Dirección General de la Policía notificara el 7 de abril a Oussama Moumen que dos días después el muchacho saldría -desde el CIE de Valencia- en dirección al aeropuerto de Madrid con el fin de ser repatriado en un macrovuelo a Marruecos.
Pero la expulsión fue paralizada el 8 de abril, al solicitar el joven protección internacional; la suspensión duraría el tiempo en que se estudiaba la admisión a trámite de la petición, en el plazo de 8 días, informó elDiario.es citando fuentes del Ministerio del Interior
El 14 de abril, la Comisaría de Castellón (Grupo Operativo de Extranjeros) comunicó que el vuelo de deportación a Marruecos estaba previsto para el 16 de abril, entre las 7:00 y las 9:00 horas; precisamente ese día entraba en vigor el proceso de regularización de personas migrantes, recordó CIES No; “Oussama cumple con todos los requisitos para acogerse a este proceso y ya había presentado su solicitud de arraigo”, subrayó la Campaña.
En esta coyuntura, las diputadas del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Teslem Andala Ubbi y Alda Recas Martín, preguntaron al gobierno por el caso de ciudadanos privados de libertad en un CIE -como Oussama Moumen- y que cumplen con todos los supuestos establecidos en el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería.
“Dicha circunstancia estaría impidiendo el acceso a un mecanismo de regularización impulsado por el propio gobierno, lo que plantea interrogantes en relación con los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia en la actuación administrativa”, señalaron las parlamentarias.
Finalmente, el 15 de abril, un día antes de la fecha prevista para el vuelo de repatriación, la Campaña CIES No informó que el gobierno había ordenado in extremis la paralización de la expulsión -desde el CIE de Zapadores- del joven marroquí con arraigo; “Oussama ha sido liberado, se ha hecho justicia”, valoraron los movimientos sociales, que continúan denunciando la represión estructural contra la población migrante.
En diciembre de 2025, una decena de colectivos y entidades sociales presentaron el informe III Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia, que dedica un apartado al CIE de Zapadores; además de calificar estos centros de “cárceles racistas” en los que se vulneran derechos de las personas encerradas y se cometen arbitrariedades, el documento destaca la mala alimentación, la atención médica limitada y la inexistencia de atención psicológica en Zapadores; también, a menudo, “un trato deshumanizado por parte de la policía”.
Oussama Moumen fue víctima de una detención por perfil étnico-racial; a principios de abril, València Acull denunció en las redes sociales que en Valencia y otras ciudades del estado español se estaban extendiendo las paradas por perfil racial, a medida que se acercaba el inicio de la regularización extraordinaria de personas migrantes; “sin ningún tipo de incidente previo, policías de paisano o uniformados paran únicamente a quienes no son blancos/as, les exigen identificarse y a menudo también les cachean en plena calle delante de todo el mundo”, denunció la ONG.
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