Economistas afirman que el éxito del socialismo en Cuba dependerá de la capacidad productiva del sector estatal
Cuba se prepara para un nuevo período legislativo en un contexto en el que el país enfrenta crecientes amenazas y agresiones por parte de Estados Unidos. El lunes (8) se dieron a conocer varias iniciativas legislativas que serán discutidas en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), órgano unicameral responsable de la aprobación de las leyes.
Entre los proyectos presentados —una nueva ley de trabajo, una ley de vivienda y una ley de tierras— figura un proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado. Se trata de una iniciativa destinada a reestructurar el aparato administrativo cubano, reduciendo el número de ministerios de 27 a 20.
Actualmente, Cuba es uno de los países con mayor cantidad de ministerios en América Latina y el Caribe, donde el promedio regional es de 18 carteras ministeriales. La iniciativa acerca al país a los esquemas institucionales predominantes en la región. Sin embargo, la permanencia de un modelo económico planificado y centralizado sigue marcando diferencias sustanciales respecto de sus vecinos continentales.
Según los fundamentos del proyecto, la reorganización responde a la necesidad de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” la Administración Central del Estado a partir de la experiencia acumulada en los últimos años, con el objetivo de elevar la eficacia de la función administrativa y mejorar la conducción de las políticas públicas.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel había asegurado durante una entrevista concedida en abril pasado que se reduciría la estructura ministerial para aumentar la eficiencia en un contexto de grave crisis económica y disminuir la burocracia.
“Un país pequeño, con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande ni tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes”, aseguró el presidente cubano en una entrevista con Opera Mundi.
La mayor parte del rediseño institucional se sustenta en la fusión de competencias actualmente distribuidas entre distintos ministerios. En ese sentido, el proyecto propone integrar los ministerios de Agricultura y de la Industria Alimentaria en una única cartera de Agroalimentación. Asimismo, contempla la creación de un ministerio que concentraría las áreas de Economía, Finanzas y Planificación.
Para que estas iniciativas se conviertan en ley, deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aún puede introducir modificaciones a los textos presentados. Una vez sancionadas y publicadas en la Gaceta Oficial, las instituciones involucradas dispondrán de un plazo de 60 días para adecuar sus estructuras y funcionamiento a la nueva legislación.
El futuro del socialismo
Los actuales proyectos de ley son el resultado de un prolongado proceso de construcción de consensos que se ha desarrollado durante varios años. Tan solo la propuesta de reorganización de la Administración Central del Estado acumula cinco años de debates y consultas, señaló, en conversación con Brasil de Fato, Amanda Álvarez Martínez, profesora de Derecho Económico de la Universidad de La Habana.
“La fusión de ministerios representa, desde el punto de vista técnico, un paso relativamente modesto. Incluso considero que la reorganización podría ser más profunda”, señala.
Álvarez Martínez sostiene que Cuba cuenta con un “aparato administrativo muy grande en comparación con su aparato productivo”. Según explica, las estadísticas muestran que el sector estatal no productivo supera en más de cuatrocientas unidades al sector productivo, es decir, al conjunto de empresas estatales.
“Desde una perspectiva político-ideológica, una de las ideas centrales del marxismo plantea que la construcción socialista implica el fortalecimiento de las bases productivas en relación con las no productivas. En otras palabras, supone una creciente vinculación con la producción y una menor dependencia de los aparatos administrativos del Estado. Sin embargo, hemos hecho exactamente lo contrario: las estructuras administrativas —no productivas— han crecido más que las productivas. Desde el punto de vista económico, corregir ese desequilibrio constituye un paso muy importante”.
La necesidad de desburocratizar el Estado y mejorar su eficacia se ha convertido en uno de los principales ejes del debate económico en Cuba. En ese sentido, el economista Carlos Enrique González sostiene que la reorganización administrativa impulsada por el gobierno no debe interpretarse como un repliegue del Estado ni como una renuncia a su papel en la conducción de la economía, sino como un esfuerzo orientado a racionalizar su estructura y hacer más eficiente su funcionamiento.
“Es inevitable que Cuba tenga que reducir ese aparato de la Administración Central del Estado, tan voluminoso para una economía que no puede sostenerlo. Además, buena parte de ese aparato está centrado no en cuestiones importantes, sino en procesos burocráticos que aportan poco a que Cuba funcione mejor”.
Entre las principales novedades contempladas en el proyecto, Enrique González destaca la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES). Este organismo estaría encargado de centralizar la gestión de los activos empresariales del Estado, así como de supervisar y orientar la actividad de las empresas estatales.
Según explica, gran parte de las empresas estatales se encuentran actualmente subordinadas a los ministerios de sus respectivos sectores, un esquema que, en su opinión, ha limitado su desempeño. González sostiene que la frecuente intervención ministerial en la gestión empresarial y administrativa, así como en la asignación de recursos, ha dificultado que las empresas funcionen con la autonomía necesaria para desarrollar plenamente su actividad.
“De esa manera existiría una institución de carácter más general, cuyo objetivo no sería intervenir en los detalles administrativos de los grupos empresariales, sino desempeñar una función más amplia, similar a la que cumple la SASAC en China o a experiencias comparables como las de Vietnam. Incluso experiencias de dirección aplicadas en países capitalistas desarrollados, como México y Francia, que han implementado mecanismos semejantes”.
Enrique González señala que la importancia del debate radica en que será el resultado que pueda tener el sector estatal lo que determinará si el proceso de construcción socialista en Cuba avanza o no.
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