«España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX del eterno retorno, con su jerarquía católica rancia y empoderada, su élite inculta y carpetovetónica, y su Poder Judicial inmaculado, que jamás ha juzgado y condenado una sola de las violaciones de Derechos Humanos del dictador« (Emilio Silva) «Del franquismo viene la […]
«España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX del eterno retorno, con su jerarquía católica rancia y empoderada, su élite inculta y carpetovetónica, y su Poder Judicial inmaculado, que jamás ha juzgado y condenado una sola de las violaciones de Derechos Humanos del dictador«
(Emilio Silva)
«Del franquismo viene la riqueza de la inmensa mayoría de las grandes fortunas de España, o sea la pobreza. Del franquismo viene el poder de la gran mayoría de los poderosos en España, o sea la corrupción. Del franquismo viene la jefatura del Estado, o sea los dos reyes que tenemos, Felipe VI y Juan Carlos I, o sea el jefe de todos los ejércitos. Del franquismo viene el dolor de millones de ciudadanos cuyos antepasados aún yacen en fosas comunes y cunetas, o sea la vileza del Estado. Del franquismo viene el horror de la tortura y la vergüenza de no haberla juzgado. Del franquismo viene esta sociedad que arrastra la ignominia de honrar los restos de un criminal y dejar impunes sus crímenes«
(Cristina Fallarás)
En este año 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil (1936-1939), que nos han querido presentar como una contienda entre dos bandos enfrentados. Es falso, a menos que mostremos equidistancia entre los defensores de la legalidad republicana, y los sublevados golpistas que la interrumpieron abruptamente. Se cumplen también 80 años del inicio del exilio republicano, que expulsó de nuestro país a eminentes políticos, escritores, poetas, cineastas, y a miles de heroicos demócratas. Un exilio republicano que, en cierto modo, como señala Silvia Casado en este artículo para el medio Cuarto Poder , llega hasta nuestros días, ya que los partidos republicanos no han tenido el eco mediático necesario, ni las formaciones políticas de izquierdas han reivindicado la Tercera República con la fuerza que esta legítima aspiración merece. Ni siquiera el preámbulo de la actual Constitución de 1978 hace mención alguna a la Constitución de 1931 como legítima antecedente, como si la Segunda República nunca hubiese existido. Ese fue precisamente el objetivo franquista por antonomasia, eliminar cualquier rastro físico, histórico, documental, testimonial, político y filosófico de aquél gran pero breve período de nuestra reciente historia.
De hecho, ninguna de las fuerzas políticas actuales que se sientan en el flamante recién renovado Congreso de los Diputados, reivindica aquel período, es decir, lleva abiertamente en sus objetivos políticos iniciar el camino hacia la Tercera República. Pero sin embargo, la memoria democrática de aquél período se está convirtiendo en la única receta para plantar radical batalla frente a la actual restauración borbónica, expresada en el Régimen del 78, que con mínimos cambios, llega hasta nuestros días. El Gobierno de la República en el exilio se refugió en primer lugar en México hasta 1946, y luego en París hasta 1977, cuando se disolvió definitivamente. Cuando el entonces Príncipe Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco en 1969, el Gobierno en el exilio emitió un comunicado donde afirmaba que » no hay otro soberano más que el pueblo español, que un día, sin duda próximo, dirá lo que piensa y decidirá definitivamente «. Lamentablemente, ese día aún no ha llegado. A 80 años del final de la Guerra Civil, no solamente no se ha consultado de nuevo al pueblo español sobre la forma de Estado que desea, sino que los rescoldos del franquismo continúan vivos, y sus brasas nos siguen quemando.
Muerto el dictador, muchos pensaron ingenuamente que la República podría volver, pero su recuerdo fue de nuevo enterrado, y no solo eso, sino que además se alimentó (y se continúa en ello) una fuerte amnesia colectiva, mediante una infame Ley de Amnistía de 1977, y aún a más de 40 años de aquellas fechas continuamos luchando por la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas de la dictadura y sus familiares. Aquélla «modélica» Transición dejó fuera a las fuerzas políticas que continuaban reivindicando la República, y hoy día son residuales en los diversos comicios a los que se presentan. Aún hoy, a 80 años del final de la Guerra Civil, la (extrema) derecha española continúa azuzando el miedo al «comunismo», que según ellos, representan las fuerzas políticas socialdemócratas que se sientan en las Cortes. Es el mismo argumento que movilizó a la derecha política y social y a los militares golpistas en 1936 para sublevarse y lanzar el Golpe de Estado, con el apoyo de la Iglesia Católica. Hoy día, el PSOE es señalado despectivamente de «socialista» por la derecha (sin serlo), y a los dirigentes de Podemos se les tacha de «comunistas», cuando ni siquiera el Podemos original de 2014 lo era (mucho menos el de 2019, totalmente descafeinado). Por tanto, a 80 años del final de la Guerra Civil nos encontramos con una sociedad embrutecida políticamente, que no ha sido capaz de arrancar las cadenas ideológicas que el franquismo sembró en sus mentes.
Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, los más legítimos representantes del franquismo están, de nuevo, entrando en nuestras instituciones. En realidad nunca se fueron. Pero ahora, además, ni siquiera lo disimulan. El embrutecimiento y la falta de madurez política de la sociedad española, que ni siquiera ha conseguido declarar ilegal el enaltecimiento del franquismo, está teniendo como consecuencia que tengamos que soportar una extrema derecha franquista declarada y convencida, que no disimula su culto a la dictadura, y que, lógicamente, se presenta con un ideario absolutamente abominable y aberrante. De hecho, uno de sus objetivos es acabar con la Ley de Memoria Histórica, que siempre se negaron a cumplir. Y hoy, cuando por fin tenemos un Gobierno que está intentando exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos (monumento público a la dictadura que aún sigue en pie), estas fuerzas políticas de la extrema derecha están poniendo todo su empeño en torpedear dicho objetivo. Y mientras se retiran las subvenciones públicas para asociaciones memorialistas, la Fundación Francisco Franco continúa recibiéndolas, ente que no debería existir ni siquiera con fondos privados. Hoy día quedan unos 25.000 cuerpos de víctimas del franquismo sin recuperar, según un estudio coordinado por el antropólogo forense Francisco Etxeberría, que destaca que con una buena dotación humana y material, dichos trabajos podrían estar completados en cuatro o cinco años.
El legado de aquel período republicano, a 80 años del fin de la Guerra Civil, se ha dilapidado por completo. Aunque en algunos aspectos hemos vuelto a avanzar, como en el feminismo, en general las aspiraciones de la Segunda República (muchas de ellas plasmadas en su texto constitucional de 1931) han quedado desde entonces en el tintero. En primer lugar, el siniestro período franquista promovió un retroceso político, cultural y social en todos los órdenes, pero después de la muerte del dictador, los sucesivos gobiernos «democráticos» que han ostentado el poder no han continuado los mimbres generales de la filosofía inspiradora del breve período republicano. Por ejemplo, la República se definía como «un proyecto de democratización social y política que pasaba por la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico«, renunciando expresamente a la guerra como instrumento político, y promoviendo una reforma agraria y un sistema educativo, como símbolos de la justicia social a la que aspiraba. Solo 6 años pudieron aguantar estas reformas, que fueron brutalmente atacadas y desmanteladas por la reacción fascista. Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, volvemos a sufrir el poderoso ataque de los poderes económicos, que secuestran nuestra vida y nuestros derechos fundamentales, convertidos en mercancías; volvemos a sufrir los latifundios que reciben enormes subvenciones, mientras los jornaleros y campesinos no poseen lo esencial para vivir; y volvemos a sufrir el adoctrinamiento religioso en los colegios concertados, que cada día comen más terreno a la escuela pública, así como la injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos y sociales. El verdadero Estado Laico sigue siendo un sueño.
En 2019, a 80 años del fin de la Guerra Civil, nuestros escolares continúan estudiando el período histórico de la II República unido irremediablemente a la guerra, con lo que se pretende inculcar al alumnado la idea de que la Guerra Civil fue una consecuencia casi necesaria tras el «experimento» republicano. Se trata de enterrar el ejemplo, de asociar la experiencia republicana con el desastre y el caos. Pero nada más lejos de la realidad. Se les habla a los escolares de un tal «bando nacional» (cuando en realidad eran los golpistas) y del otro «bando» como el de los «rojos», en expresión peyorativa, legitimando el lenguaje hostil hacia los avances propugnados por la izquierda republicana de la época. Y a 80 años del final de la Guerra aún hemos de soportar nombres de calles, plazas, avenidas, monumentos, placas, recordando a los protagonistas del «Glorioso Alzamiento Nacional», como fue llamado el criminal Golpe de Estado. Y también hemos de soportar que existan militares que legitimen la figura del dictador, y que además lo hagan públicamente, mediante la firma de un Manifiesto donde un buen número de generales en la reserva o retirados, hicieran «desagravio» a su figura.
En realidad, hace 80 años que en nuestro país no vivimos la paz, sino la victoria, tal como afirma Alfons Cervera en este artículo para el digital Rebelion. Incluso cierto ex Ministro se permitió recordarlo, refiriéndose a la bancada de la izquierda: «Parece que aún no se han enterado de que hace 80 años que perdieron la guerra«. Terminó la guerra, pero la venganza y el exterminio continuaron. Aún continúan la guerra sucia en las cloacas del Estado. Y así, bajo el poderío de esa derecha que viene gobernándonos desde entonces, antes más brutal y ahora más suavizada, pero en el fondo la misma, nos han impuesto su lenguaje, han tergiversado la historia, y han procedido a la destrucción de los vencidos desde todos los puntos de vista. Por eso hoy, en 2019, a 80 años del final de la Guerra Civil, aún tenemos que escuchar el discurso que se refiere a los que «defienden España» frente a aquéllos que «quieren romper España». Todavía hoy intentan inculcarnos su venenoso discurso, su patético y fanático discurso, su excluyente discurso, y lo intentan, además, robándonos la memoria, la memoria democrática, nuestra memoria como pueblo. La memoria histórica, quizá lo más grande que se le puede robar a un pueblo, quizá lo más importante que nos pueden tener secuestrado como comunidad. Esa memoria colectiva que comienza con el derecho a saber, a conocer la verdad de lo que ocurrió, y por qué ocurrió. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció en 1998 que el «derecho a saber» es un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y que va unido al «deber de recordar», como señala Agustín Moreno en este artículo para Cuarto Poder.
Y es que el Régimen del 78 fue fundado sobre la desmemoria. A partir de ahí, se extienden falaces mantras como que «en los dos bandos había buenos y malos», «todos fuimos culpables», o «al menos con Franco vivíamos en paz». Los niños y niñas de mi generación (años 60) escuchamos eso de nuestros mayores, y a su vez, muchos lo repitieron cuando fueron adultos, desde el desconocimiento, desde la desmemoria. Pero después, los niños y niñas que ya nacieron en «democracia», tampoco han estudiado en sus colegios el exilio republicano, la brutal represión franquista, el expolio económico hacia los vencidos, la purga de profesionales, los guerrilleros antifranquistas, los trabajos forzados, los campos de concentración de Franco, el robo de bebés, la oposición obrera, el papel de la Iglesia Católica, las muertes de la Transición, etc. Pero todo cuadra, porque mientras nuestra educación a los escolares adolece de la enseñanza histórica de todos estos asuntos, a su vez, somos un país que, tras 80 años del final de su Guerra Civil, continúa con estatuas franquistas, con placas de calles que recuerdan a los genocidas, continúa sin anular las condenas de los tribunales franquistas, continúa sin devolver al pueblo todo lo que la familia Franco expropió, continúa sin llevar a cabo un inventario de todos los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, continúa sin juzgar a los responsables políticos y policiales aún vivos de toda aquélla represión, continúa sin llevar a cabo la apertura de todos los archivos militares, civiles y eclesiásticos que contienen información esencial para los investigadores, y continúa con miles de muertos en cunetas y fosas comunes, entre otras asignaturas pendientes.
El exterminio ideológico fue total y absoluto. Finalizada la guerra, se trataba de aniquilar al enemigo, de «limpiar» España, limpiarla de marxistas, de rojos, de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de sindicalistas, de feministas, de profesores y profesoras libres (que recogían la semilla de la Institución Libre de Enseñanza que fundaran otros tantos pensadores), de intelectuales («¡Muera la inteligencia!«, gritaría un irritado Millán-Astray al gran Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en respuesta a su famosa frase «Venceréis, pero no convenceréis«), en definitiva, limpiar España de todos aquellos/as que no compartieran su visión excluyente, imperial, católica y tradicional. Todo un holocausto, como señala Paul Preston en su famosa obra. En palabras del arqueólogo Álvaro Falquina, se trataba de «eliminar la identidad política republicana, y crear una nueva conciencia de sujetos válidos para el régimen franquista«. Todo un cruel sistema de violencia organizada y sistemática se llevó a cabo durante décadas, dirigido institucionalmente por el Estado franquista. Y a 80 años del final de la Guerra Civil, ningún dirigente político ni policial de aquella época ha sido juzgado por sus crímenes. No se ha depurado ni una sola responsabilidad. Más bien al contrario, tenemos personajes públicos bien señalados durante la dictadura, que se pasean por la calle como personas respetables, sin el más mínimo reproche penal. Así que en 2019, 80 años después, es un tribunal y una jueza argentina, María Servini de Cubría, la encargada de atender la querella de las víctimas del franquismo a los dirigentes vivos de aquélla época. Algo insólito y absolutamente vergonzante e incomprensible desde todos los puntos de vista, en un país que se proclama democrático. Tenemos informes de la ONU, de sus Relatores concretos, que instan a España a corregir este déficit democrático, pero desde la muerte del dictador, ningún gobierno ha movido el asunto. Han mirado para otro lado. Y por su parte, la judicatura, esa casta judicial formada también bajo la sombra franquista, ha bloqueado todo lo que ha podido el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Incluso el ex juez Baltasar Garzón fue injusta y vilmente apartado de la carrera judicial por atreverse a poner orden en el caos y la vergüenza de los crímenes franquistas.
Nos han hurtado, en efecto, nuestra historia y nuestra memoria. Y la memoria es lo peor que puede arrebatársele a un pueblo, porque al igual que cualquier enfermo/a de Alzheimer, desconoce su pasado, no sabe quién es. Los poderes económicos se han encargado de ello. Durante la dictadura se fue asentando toda una élite empresarial cuyas cúpulas poseen descendientes que llegan hasta hoy día, y que sirvieron de cantera para los primeros gobiernos de la Transición y cuyos imperios continúan, en muchos casos, situados sobre todo en los Consejos de Administración de las principales empresas del IBEX-35. El dinero estuvo del lado de la sublevación golpista (el empresario Juan March fue el financiador principal del Golpe de Estado), y contribuyó decisivamente a la derrota de la democracia republicana. No en vano los terratenientes de la época eran los más amenazados por aquella reforma agraria que el gobierno republicano emprendió como un objetivo de justicia social. Las sagas de todos aquellos empresarios se enriquecieron como nunca en base al trabajo esclavo de los presos políticos republicanos, y comenzaron a dominar la vida económica del país durante la posguerra y toda la dictadura, así como durante la Transición y el período «democrático» posterior, es decir, han proyectado sus fortunas durante estos 80 años. Por su parte, el otro poder fáctico proveniente del franquismo, como son las Fuerzas Armadas, también proyectan su ideología fascista hasta nuestros días, y a 80 años del final de nuestra Guerra Civil, aún no se ha producido una profunda democratización en sus escalafones superiores. Solamente alguna pequeña parte de la tropa posee una conciencia democrática a la altura de las circunstancias.
Hoy día, las Fuerzas Armadas (y en general los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) representan el mayor exponente de la presencia de sectores antidemocráticos en nuestra sociedad, que se manifiestan en señales que van desde el reconocimiento a la función de las Fuerzas Armadas en el propio texto constitucional («garantes de la soberanía y de la integridad territorial»), hasta la presencia de grandes sectores profundamente ideologizados aún en las semillas provenientes del franquismo. Véanse, como casos concretos, el Manifiesto en favor de Franco al que antes hacíamos referencia, o el gran espaldarazo de voto a Vox en estas últimas elecciones general del 28 de abril pasado. A 80 años de dicha atrocidad, todavía no hemos implementado las debidas garantías de no repetición. Puede que algún/a lector/a ingenuo/a se pregunte: «Ah, pero…¿es que puede volver a suceder?«. A mi juicio, es evidente que sí. Mientras no consigamos unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas, en todos sus cuadros, mandos y estructuras, no estaremos libres de dicha amenaza. Ya afirmó Joan Tardá en el Congreso, muy acertadamente, refiriéndose a las formaciones políticas de la derecha: «Si pudieran, nos fusilarían al amanecer«. No creo que sea ninguna exageración. Más bien al contrario, Tardá dio en el clavo.
Por su parte, la judicatura es otro cuerpo profundamente conservador en nuestro país, que mantiene actitudes, pensamientos e ideología claramente intolerantes. Por ejemplo, a 80 años del fin de la Guerra Civil, el Tribunal Supremo tiene la desfachatez de paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, y de calificarlo como «Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936«. El franquismo sigue muy vivo en la élite judicial española, como puede apreciarse claramente en la falta de sensibilidad hacia los cientos de miles de represaliados y sus familiares que esta suspensión cautelar rezuma. Veremos si al final desestiman los recursos de la familia del dictador, y conseguimos de una vez sacar sus restos de esa construcción faraónica que exalta el régimen y su figura. Habremos conseguido avanzar un pequeño paso en la normalización democrática de nuestro país. Pero no sólo esto: habría que acabar también (porque también eso es acabar con el franquismo) con el saqueo al que somete al pueblo esa corriente neofranquista que podríamos denominar como el «patriotismo españolista», representada por las nuevas versiones del PP, Ciudadanos y Vox. Esos abanderados de la rojigualda, que la llevan por todas partes, menos a la hora de tributar, porque prefieren hacerlo en otros países, o simplemente evadir impuestos todo lo que pueden.
Y así, bajo el mantra de la «unidad de España» se han venido a denominar todos ellos «constitucionalistas», y comprenden al aparato del Estado (y sus cloacas), la jerarquía de la Iglesia Católica, la judicatura, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Familia Real, y detrás de todos ellos, los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35. A todos ellos les guía únicamente el mantener sus abultados privilegios, y de ahí que continúen (como antes de 1936) azuzando el fantasma del «comunismo» y de los «separatistas», porque saben que tanto unos como otros representan una amenaza a sus intereses, por estar a favor de los intereses de la clase trabajadora, excluida, exiliada, pobre, precaria y vulnerable de este país. Pero no solamente ellos son su objetivo, ya que a 80 años del final de la Guerra Civil, se persiguen en nuestro país a tuiteros, a cómicos, a activistas, a republicanos catalanes, a artistas, etc., simplemente por manifestar sus opiniones. Y por supuesto, todas las fuerzas reaccionarias de este «patriotismo españolista» tienen en la Monarquía su escudo protector. El que ha sido conocido como Rey «Emérito» (algo insólito) se acaba de retirar definitivamente de la vida pública, pero a efectos prácticos no va a existir diferencia alguna, ya que seguirá con el mismo tratamiento, con la misma impunidad y con el mismo sueldo. Así que hoy, como hace 80 años, el patriotismo sigue siendo un engaño para ocultar la opresión de clase.
Decididamente, la tarea principal que tenemos por delante, después de 80 años de finalizar aquélla feroz contienda, es enterrar a Franco de forma definitiva. Pero eso no significa solo exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Enterrar al dictador implica enterrar su ideología, enterrar el fascismo, porque aún sigue vivo en las cabezas y en las actitudes y comportamientos de la derecha política, social y mediática de hoy día. Y como afirma Santiago Alba Rico, mientras Franco esté vivo no se le puede enterrar en ninguna parte. Pero enterrarlo implica también recuperar la esencia y la filosofía de la República, entendida no solo como ausencia de un Rey, sino como sistema político y social donde imperan la libertad, la igualdad, la justicia social y la fraternidad. Han pasado 80 años, y todavía tenemos que seguir reconstruyéndolo. Finalizo con una cita de Higinio Polo, recogida de un artículo publicado para El Viejo Topo en 2006: «Los vendedores de mentiras que han pretendido enterrar la memoria ignoraban que el esfuerzo de la Segunda República para llevar la instrucción y la cultura a los ciudadanos del país contrastaría con esta monarquía que reina sobre el embrutecimiento popular, el triunfo de una televisión de cloaca, el agitar de las sotanas de obispos y el fanatismo deportivo. Porque la república española era la instrucción popular, el desarrollo, la aspiración a una «España libre, próspera y feliz», como decían entonces«. Creo que define muy bien estos 80 años que han transcurrido desde el final de la Guerra Civil hasta ahora.
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